Batet maniobró de madrugada para acelerar la derogación del delito de sedición
La Mesa aprobó a una hora inusual que los plazos de presentación de enmiendas expiran el 9-D, por lo que a mediados de mes podría ver la luz la nueva norma
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. | Europa Press
Ocurrió pasada la 1 de la madrugada de este viernes, tras catorce horas de debate parlamentario en el denominado superjueves en el Congreso, que concluyó con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el impuesto a la banca, las energéticas y grandes fortunas y la admisión a trámite de la reforma del Código Penal para la derogación del delito de sedición. Este último asunto no solo se planteó por la vía exprés de los grupos parlamentarios en vez de como una iniciativa del Gobierno, sino que, según fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, fue objeto de una reunión de la Mesa en la que Meritxell Batet pisó el acelerador para aprobar la iniciativa de PSOE y Podemos antes de Navidad.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el encuentro se celebró a instancias de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, nada más terminar el pleno, a la 1 de la madrugada, con el objeto de acelerar la tramitación exprés prevista para la reforma de la sedición. La presidenta evidenció las prisas del Gobierno para aprobar la nueva ley al proponer acortar el trámite parlamentario con el siguiente calendario: el martes 29 de noviembre a las 11 concluiría el plazo de enmiendas para la presentación de enmiendas a la totalidad y el 9 de diciembre, el plazo de enmiendas al articulado.
Para ello, Batet presentó un escrito al que ha tenido acceso este periódico. Lo ha hecho amparándose en el artículo 93.1 del reglamento del Congreso, que permite aplicar el procedimiento de urgencia si concurren las distintas circunstancias: que lo solicite el Gobierno, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados. Gracias a esta tramitación parlamentaria abreviada, el Gobierno sortea el primer trámite en el pleno y encomienda un dictamen a la comisión de Justicia que tendrá que crear una ponencia específica, que previsiblemente verá la luz el mismo 10 de diciembre. Posteriormente, sería elevado al pleno del Congreso para la aprobación de la derogación del delito de sedición cuyo nombre oficial es el siguiente: Ley Orgánica para la Transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desordenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
PP y Vox: «Fraude de ley»
Este procedimiento fue considerado un «fraude de ley» por los representantes de PP y Vox: Ana Pastor, Adolfo Suárez Illana e Ignacio Gil-Lázaro, quienes manifestaron su «oposición frontal» por pretender «hurtar el debate al Parlamento» y sortear el dictamen de los órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que tendrían que haber emitido un informe preceptivo en caso de haber seguido el Gobierno el trámite habitual de aprobar un proyecto de ley de reforma por el Consejo de Ministros, en lugar de delegar la iniciativa legislativa a los grupos parlamentarios.
Fuentes parlamentarias asistentes a la reunión del órgano rector aseguran que Batet ignoró las quejas de los representantes de la oposición. Añaden que «el letrado mayor, Carlos Gutiérrez, se limitó a dar el resultado de la votación: seis votos a favor de PSOE y Podemos y tres en contra de PP y Vox», con lo cual «apenas duró cinco minutos». Algo que generó un profundo malestar en los grupos de la oposición de la Mesa, que también se quejan de que la reunión no fue informada con antelación suficiente y de que tampoco fue enviado el orden del día, como obliga el reglamento del Congreso.
El incumplimiento del artículo 106
Para los grupos de la oposición, llueve sobre mojado. A las críticas a Batet por ejercer de correa de transmisión del Gobierno vulnerando a conveniencia el reglamento, se le suman otras por la inacción de la presidencia de la Cámara baja. Sin ir más lejos, fuentes populares denuncian concretamente la «tibieza de Batet», que pudo haber aplicado el reglamento contra la diputada de Vox que insultó a Irene Montero, Carla Toscano, porque «hay que aplicar el reglamento cuando se está permanentemente faltando al respeto a las instituciones y a las personas».
Se trata de una crítica en la que coinciden populares y morados, como adelantó este periodo. Piden la aplicación del artículo 106 del reglamento, que reclama una sanción contra la parlamentaria de la formación de Santiago Abascal. «Fue más duro incluso Celis que ella», denuncian estas fuentes en referencia al reproche que sí profirió el vicepresidente primero de la cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Como explicaron fuentes de presidencia a THE OBJECTIVE, Batet no descarta aplicar algún tipo de sanción a Toscano, si bien admite que no es de aplicación el artículo 106 para sancionarla por sus palabras en el debate, porque para ello habría que haberla expulsado del Hemiciclo.
