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El Congreso da luz verde a los Presupuestos con una amplia mayoría

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante por tercera vez consecutiva las cuentas públicas con 187 apoyos, 156 votos en contra y una abstención

El Congreso da luz verde a los Presupuestos con una amplia mayoría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (EP)

Los Presupuestos salvan su primer escollo en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante por tercera vez consecutiva las cuentas públicas con 187 apoyos, 156 votos en contra y una abstención. La votación supera así ampliamente el umbral exigido de mayoría simple (más síes que noes), esto es, 174 escaños, en esta primera fase y las cuentas pasan ahora al Senado. En concreto, los Presupuestos han recibido el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC; el rechazo de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN y Foro Asturias; y la abstención del BNG.

De esta forma, el Ejecutivo consolida la mayoría con la que aprobó sus primeros y segundos Presupuestos y ahora espera que una tramitación exprés en el Senado permita tener las cuentas listas en menos de un mes y, si hay cambios, votarlos en el Congreso a finales de diciembre para que el 1 de enero, en tiempo y forma, entren en vigor.

A lo largo de las tres jornadas presupuestarias en el Pleno, PSOE y Podemos han llegado a varios pactos para sellar los apoyos necesarios a las cuentas públicas. El último partido en revelar el sentido de su voto ha sido Esquerra Republicana, que este jueves a media mañana ha despejado la duda y ha confirmado su respaldo a las Cuentas a cambio de una serie de cesiones del Ejecutivo en materia de inversiones. El portavoz de la formación, Gabriel Rufián, ha detallado que entre las medidas pactadas figura destinar 60 millones para Catalunya Media City, 24 millones para salud bucodental «a todo el país», 30 millones para inversiones en Cataluña o siete millones para el parque científico de Lérida.

Hace unos días trascendió, asimismo, el acuerdo presupuestario con Bildu, que permitía al Gobierno asegurarse la votación tras superar el umbral de los 174 apoyos. La formación abertzale arrancó a cambio al Ejecutivo la transferencia de manera efectiva de la competencia de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, despojando de estas funciones a la Guardia Civil. Entre las medidas pactadas, también figura prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación de la subida del alquiler al 2%.

Las pensiones concentran el 42% del gasto

Respecto al contenido de los Presupuestos aprobados este jueves por el Congreso, cabe subrayar que las las pensiones, las prestaciones por desempleo y el pago de los intereses de la deuda suponen el 53,4% de los 455.978 millones de euros de gasto total contemplado para 2023, según consta en el proyecto remitido por el Ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados.

El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán 190.687 millones de euros, un 11,4% más respecto al avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 41,8% del gasto total. El gasto en esta partida se ha duplicado en 15 años.

Los PGE para 2023 incorporan incrementos para las pensiones contributivas y para las pensiones mínimas y no contributivas, que beneficiarán a un total de 10 millones de pensionistas. Para todas ellas se espera una subida de en torno al 8,5%, tras la revalorización con el IPC (de los doce meses previos a diciembre de 2022) de acuerdo con el proyecto de Presupuestos.

El doble de inversión en Cataluña que Madrid

Por otro lado, cabe reseñar que el Gobierno prevé en los Presupuestos una inversión en Cataluña y Andalucía casi dos veces mayor que la dispuesta para comunidades autónomas como Madrid o la Comunidad Valenciana. En concreto, Cataluña recibirá 2.508,92 millones de euros, y Andalucía, 2.318,85 millones, mientras que el Estado en Madrid invertirá 1.305,35 millones, y en la Comunidad Valenciana, 1.269,46 millones de euros.

De este modo, el Ejecutivo vuelve a primar en este nuevo proyecto de cuentas públicas la inversión en Cataluña en detrimento de una comunidad que le supera en PIB y con algo menos de población como es la Comunidad de Madrid. En estos 2.508,92 millones de euros que el Gobierno tiene previsto invertir en Cataluña para el 2022, están incluidos los 200 millones que el Ejecutivo tiene que abonar a la Generalitat catalana en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.

La Airef desbarata los Presupuestos

Estos Presupuestos se han topado, asimismo, con las críticas de varios organismos, entre los que destaca la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que reprochó las «deficiencias en calidad informativa» del proyecto, con una ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros, y aseguró que el organismo llegó a dudar de si otorgar su aval.

Así, ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, su presidenta, Cristina Herrero, reconoció que se había planteado «un debate profundo» en el propio organismo sobre qué hacer, ya que la ley no prevé un pronunciamiento sobre el cuadro macroeconómico publicado en julio y sobre el que previsiblemente iban a construirse las cuentas. Entonces su previsión era de un crecimiento del 2%, frente al 2,7% del Gobierno, y ahora el empeoramiento de las perspectivas económicas lo rebaja al 1,5% por el 2,1% del Ejecutivo.

Además de reclamar que este cuadro macroeconómico cuente con el aval de la Airef -«no es que avale porque sí, tiene que avalar el cuadro para garantizar que el escenario presupuestario posterior se basa en previsiones realistas-, Herrero pidió que se incluya en él una previsión de ingresos y gastos, así como medidas de la política fiscal.

En el caso de estas cuentas, la presidenta de la Airef criticó que «parte de previsiones de cierre de ingresos (para este año 2022) no son realistas». Para Herrero, la decisión del Gobierno de infraestimar los ingresos para contar con mayor margen más tarde -una decisión explicitada por la propia ministra María Jesús Montero- «no es prudencia», atendiendo a los datos disponibles de liquidación.

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