El Senado prorroga hasta el 14 de febrero el plazo para cubrir una vacante del Constitucional
Es la segunda ocasión en la que se dilata el proceso, que debió culminarse en octubre y que busca sustituir al magistrado Alfredo Montoya
Acceso al Tribunal Constitucional. | Juan Carlos Hidalgo (EFE)
Las comunidades autónomas podrán proponer candidatos al Tribunal Constitucional hasta el 14 de febrero. La Mesa del Senado ha decidido este lunes, último día de plazo, prorrogarlo dos meses más, tal y como había solicitado Extremadura. La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos para elegir al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya ha provocado que se dilate el periodo por segunda vez, como ya avanzó THE OBJECTIVE. De momento, solo Aragón ha planteado un nombre en un proceso que debió culminar en octubre.
El Senado inició en julio el procedimiento para relevar a Montoya, que dejó su puesto en el Constitucional por enfermedad. La Cámara territorial marcó a las regiones el 11 de octubre como fecha límite para hacer llegar sus propuestas. La mayoría aguardaron acontecimientos, ya que PP y PSOE habían retomado las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cuatro años.
Los líderes políticos acordaron que la negociación del Constitucional y del órgano de gobierno de los jueces fuesen de la mano. La intención era incluir criterios de «idoneidad» para los candidatos y analizar un cambio de modelo en la elección con un informe de los propios vocales. Los populares confiaban en que, una vez garantizada la mayoría progresista en el Constitucional, el PSOE les permitiera mantener la plaza que dejó desierta Montoya, que fue propuesto por el PP pero solo cumplió cinco de los nueve años de mandato.
La composición del Constitucional
La decisión de Alberto Núñez Feijóo de suspender las negociaciones para renovar el CGPJ con la excusa de la reforma del delito de sedición dio al traste con las intenciones de las comunidades autónomas. Vuelta a empezar. Algunas se adelantaron a ese escenario y días antes de cumplirse el primer plazo, el 11 de octubre, pidieron una prórroga. Lo hicieron dos regiones gobernadas por los socialistas como Valencia y Extremadura. Otras, como Madrid o Asturias, rehusaron proponer nombres. El resto, ni siquiera contestó a los requerimientos de la Cámara Alta.
Durante estos dos meses las comunidades autónomas han mantenido el asunto en stand by. Ni una nueva propuesta a la ya existente de Aragón. Con las posiciones de PP y PSOE alejadas, Extremadura volvió a solicitar una nueva moratoria, como avanzó este diario. El texto, firmado por su presidenta, Blanca Martín, está fechado en Mérida el 14 de noviembre, pero fue registrado en la Cámara Alta el día 21.
El documento demanda más tiempo para que los grupos parlamentarios extremeños consensuen el nombre de un único candidato para cubrir la vacante del Constitucional que debe decidir el Senado. El motivo que se alega, entre otras causas, es «el calendario de tramitación de leyes y, sobre todo, a la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023».
La Mesa, conformada por tres miembros del PSOE, otros tres del PP y un senador del PNV, ha decidido este lunes, día que finalizaba la primera prórroga del plazo, ampliar el periodo hasta el 14 de febrero. Confían en que en las próximas semanas las regiones comiencen a enviar sus propuestas para cubrir la vacante que dejó vacante Alfredo Montoya en el Constitucional.
La bestia negra del PP
De momento, solo lo ha hecho Aragón, que puso sobre la mesa el nombre de José Ricardo de Prada, aunque tiene pocos visos de ser elegido. Para conseguirlo necesita el consenso de los dos grandes partidos, ya que son necesarios tres quintos de la Cámara. Parece poco probable que se llegue a un acuerdo, ya que el magistrado tiene la vitola de bestia negra del PP. No en vano fue uno de los autores de la sentencia que le condenó por la trama Gürtel, que propició la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa.
La dificultad de encontrar un candidato de consenso es una evidencia. La clave estriba en lo complicado que resulta sumar los votos necesarios. La decisión de los populares de suspender las negociaciones de forma unilateral y las prisas del Gobierno por nombrar a los dos magistrados que le corresponden (unido a los dos que debe promocionar el CGPJ) aboca a una amplia mayoría progresista en el Tribunal Constitucional.
Si los miembros del Senado sigue sin ponerse de acuerdo supondría una mayoría progresista aún mayor, de siete magistrados por cuatro de los conservadores en el órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Por eso, para equilibrar las fuerzas, los populares necesitan activar el proceso.
Una vez que concluya el plazo de candidaturas, el Senado convocará la Comisión de Nombramientos para que los aspirantes comparezcan y expongan sus méritos. El elegido debe contar con la aprobación del Pleno, donde es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos. Ninguna propuesta saldrá adelante sin el voto favorable de PP y PSOE, que suman 217 de los 265 miembros que conforman la Cámara.
