El Congreso aprueba la derogación del delito de sedición, la rebaja de la malversación y reformar la ley del CGPJ y del TC
El PP y Cs han decidido no votar en señal de protesta, pero la proposición de ley pone rumbo al Senado con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención
El PP y Cs han decidido no votar en señal de protesta, pero la proposición de ley pone rumbo al Senado con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención
La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional, que finalmente ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP.
El PP y Ciudadanos han decidido no votar en señal de protesta. Con 184 votos a favor -de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios-, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora, PSOE y Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del TC.
El objetivo del Gobierno es que la ley, que modifica los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del «procés» y por los que aún debe ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de fin de año.
El recurso del PP ante el Constitucional para intentar frenar una reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional a través de una proposición que se diseñó, en un principio, para derogar la sedición, ha unido a la izquierda, que ha acusado a los populares de acudir a los tribunales cuando pierden en las urnas.
«Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas«, les ha espetado el portavoz socialista, Felipe Sicilia. «Ya no entran con pistolas, entran con togas», ha subrayado desde ERC Gabriel Rufián. «Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F», ha coincidido Jon Iñarritu (EH-Bildu).
Con discursos muy duros, PP, Vox y Ciudadanos han denunciado por su parte la tramitación exprés de una reforma que afecta a tres leyes orgánicas y está hecha «a medida» de los dirigentes independentistas y han acusado de «cobarde» a Pedro Sánchez por no asistir al pleno.
«Sigan presentando recursos, que nosotros seguiremos presentando leyes para mejorar la vida de la gente, y para defender los intereses de España en Bruselas, que ahí está el presidente del Gobierno», ha respondido Sicilia, quien ha dedicado su intervención a cargar contra el PP, sin mencionar apenas las reformas en marcha.
Con la Constitución en la mano, y también con el programa electoral del PSOE, Gamarra ha repasado los nombres de los políticos catalanes beneficiados por la reforma penal y ha avisado al Gobierno de que esto «no es más que una nueva estación en la hoja de ruta de los independentistas, que se frotan las manos y aplauden».
Gamarra, que ha alertado de que «cientos» de corruptos verán reducidas sus condenas, como está ocurriendo con la ley del sólo sí es sí, ha advertido del fin de la igualdad ante la ley de los españoles y ha llamado al adelanto electoral: «si tuvieran un poco de vergüenza y fueran valientes podrían de nuevo las urnas y que hablen lo españoles».
Aunque los diputados de Vox se han ausentado del pleno, Javier Ortega Smith ha subido a la tribuna para denunciar lo ha tachado de «golpe de estado» desde dentro de las instituciones, la «amnistía encubierta de todos los golpistas» y el «inaceptable clima de violencia y amenaza» desde la extrema izquierda contra el Constitucional y el poder judicial.
«El Gobierno de España está repitiendo lo que hizo el separatismo en 2017, van a aprobar leyes claramente inconstitucionales», ha denunciado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha advertido a los socialistas que, en momentos históricos, hay responsabilidad tanto por acción como por omisión.
Aunque han visto la norma insuficiente, tanto Junts como EH Bildu han dado su voto a favor, al contrario que el PDeCAT, que ha rechazado la reforma porque el 1-O «no fue delito» y se seguirá persiguiendo penalmente a líderes independentistas catalanes.
La reforma no ha tenido tampoco el apoyo de partidos como la CUP, que siempre ha mantenido que la iniciativa criminaliza la protesta pacífica, argumento compartido por BNG; y tampoco por Foro Asturias, Coalición Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, que rechazan derogar la sedición.
La única abstención ha sido la de Compromís. Como PP y Ciudadanos, Foro Asturias y los exdiputados de UPN no han votado.
Fuente: EFE