Polémica con una oposición de Prisiones por insinuar que los funcionarios «torturan»
Los sindicatos penitenciarios denuncian que los casos prácticos de una de las pruebas «humillan» y «estigmatizan» a todo el colectivo profesional
Captura de uno de los casos prácticos que han creado polémica | TO
Una de las pruebas de la oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, a la que miles de aspirantes se presentaron el pasado domingo, ha desatado una ola indignación entre los funcionarios de prisiones contra el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz. A juicio de distintos sindicatos, entre ellos CSIF y Tu Abandono Me puede Matar (TAMPM), el examen, en el que, a través de distintos casos prácticos, se describe como un trabajador introduce drogas en una prisión, o cómo otros dos se extralimitan en la reducción de un preso, supone «una humillación para todo el colectivo». Razón por la que exigen una explicación y una disculpa por parte de Prisiones y del Ministerio del Interior, de quien depende este departamento.
«Es una falta de respeto total. Nos llaman corruptos y traficantes, y después nos acusan de torturar y maltratar a los presos… ¿Qué imagen se está dando de nosotros al futuro de la institución?», critica, en declaraciones a THE OBJECTIVE, Sergio García, delegado del CSIF. Por su parte, TAMPM denuncia que la prueba «estigmatiza» a los funcionarios, «desprestigiándolos y desacreditándolos sobre la base una mala praxis que tiene lugar, únicamente, en el mundo hipotético de las ideas».
En los test prácticos, a los que ha tenido acceso este periódico, se plantean 10 casos sobre los que los candidatos deben responder a una serie de cuestiones. Los que han creado polémica son el segundo y el séptimo. En el primer supuesto, se describe como, tras requisarle una serie de objetivos prohibidos en la prisión, la interna «empuja a una de las funcionarias y se niega a entrar en la celda, adoptando una posición defensiva con los puños en alto».
Pese a las retiradas órdenes de las funcionarios para que deponga su actitud, continúa la descripción del escenario, «la interna hace caso omiso a las mismas». «La reclusa es reducida y, cuando está en el suelo, las funcionarias le colocan las esposas con las manos en la espalda. Al levantarla, para trasladarla al departamento de aislamiento, una de las funcionarias le propina un golpe con la rodilla a la altura del pecho cuando ya no oponía resistencia».
Tráfico de drogas
El segundo caso se desarrolla, supuestamente, en el Centro Penitenciario de Madrid V, en Soto del Real. La madre de un interno es conocedora de que un funcionario introdujo «el 5 de mayo de 2021 en el establecimiento sustancias estupefacientes destinadas al consumo de los internos». Así que, «ante su preocupación, y asesorada por el letrado del interno, interpone una denuncia contra el funcionario solicitando» que se castigue al autor con una falta grave y con la suspensión de sus funciones durante cuatro años.
El contenido de este test, al que los candidatos se presentan tras superar un examen teórico y paso previo al reconocimiento médico, ha caído como un jarro de agua fría entre el colectivo profesional, pues, según denuncian, «nunca se habían planteado este tipo de supuestos en las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de IIPP». «Que nos humillen de esta forma nunca había nos ocurrido. Tenemos que soportar esta falta de respeto, cuando faltan medios en todas las prisiones, no hay médicos y todavía no somos agentes de autoridad…», censuran desde el CSIF.
Agentes de autoridad
El Ministerio del Interior no ha reconocido aún la condición de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se ha comprometido a reconocer este estatus a los trabajadores en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que según dijo el propio titular a finales de septiembre, se encuentra en la fase de ponencia del anteproyecto.
Esta medida, que salió adelante con el apoyo de PSOE y PP en el Congreso de los Diputados, otorgará mayor protección a los empleados públicos de las cárceles frente a las agresiones de los internos. La reforma de la ley supone que agredir a un funcionario de prisiones sea considerado un atentado contra la autoridad, un delito que tiene tramitación penal y no solo administrativa como ocurría hasta ahora si un trabajador sufría el ataque de un recluso.
Lo sindicatos de prisiones llevan varios años reclamando este reconocimiento porque lo consideran una medida disuasoria frente a posibles ataques de presos y una vía para reducir la violencia en las cárceles. Hasta ahora, los capítulos violentos en prisión «solo se dilucidan con un procedimiento disciplinario liviano en vez de perseguirse de oficio por los propios mandos con penas de prisión», denuncia Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Una situación que, de aprobarse finalmente la reforma, cambiaría para estos trabajadores.
Con esta medida los vigilantes de las prisiones también gozarían del principio de veracidad en la tramitación de partes e informes disciplinarios, lo que les otorgaría «relevancia probatoria excepto prueba en contra» para sancionar a los reclusos. Otro cambio importante que arroja esta iniciativa del PSOE es que la Administración asumirá la indemnización para aquellos funcionarios que resulten heridos en incidentes regimentales en las prisiones.
