El Gobierno incumple su promesa de repatriar este año a 16 españoles recluidos en Siria
El Gobierno evita ahora verbalizar la repatriación prometida y asegura que seguirá «con suma atención la situación» de los ciudadanos españoles en Siria
Una familia recibe ropa de UNICEF para el invierno en el campamento de Al-Hol, en el noreste de Siria. | UNICEF/Delil Souleiman
El Gobierno de Pedro Sánchez parece haber cambiado de opinión respecto a la repatriación de las tres mujeres españolas y 13 niños retenidos desde hace tres años y medio en en el norte de Siria. Tres esposas y viudas de yihadistas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que conocieron a través de una información de El País el pasado mes de noviembre que el Ejecutivo accedía a su repatriación, como habían hecho con sus compatriotas otros países vecinos como Alemania, Bélgica, Francia o Italia.
Sin embargo, y pese al compromiso que asumió hace un mes el Gobierno de repatriar a estos ciudadanos de nacionalidad española antes de finales de año, el plazo expira sin haber cumplido esa promesa en 2022 y sin visos de que se cumpla en el corto/medio plazo. Según la pregunta parlamentaria a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE sobre el estado de la repatriación de estas ciudadanas, las intenciones del Gobierno distan mucho de verbalizar la repatriación prometida y se limitan a asegurar que «el Gobierno español sigue con suma atención la situación de los ciudadanos españoles en el norte de Siria, procurando, dentro del difícil contexto, la oportuna asistencia diplomática y consular con garantía de sus derechos».
Así responden desde el Palacio de la Moncloa a la pregunta escrita, formulada por el portavoz adjunto del PP, Pablo Hispán, entre otros diputados del PP, sobre la situación de estas ciudadanas españolas en los campos de refugiados de Al Hoc y Al Roj en el noroeste de Siria, solicitando conocer «las condiciones de su repatriación» y otras cuestiones cómo el plan del Ejecutivo «para reincorporarse a la sociedad sin que esto presente peligro alguno por la radicalización del Estado Islámico». Asimismo, interpelan al Gobierno sobre el trato diferenciado de estas ciudadanas respecto al caso del español Mario Josué Prieto, detenido en Cuba.
Fuentes populares explican a este periódico que la respuesta del Gobierno les ha suscitado la afirmación de que renuncia a su compromiso de repatriar a los 16 españoles recluidos en Siria antes de final de año, puesto que la pregunta escrita al Ejecutivo está fechada el 21 de diciembre de este año y el compromiso expiraba en menos de dos semanas.
«Queremos salir de aquí»
En abril de 2019, Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lubna Miludi, las tres de nacionalidad española, pidieron regresar a España junto a 13 menores a su cargo, una vez quedaron atrapados en los campos de reclusión sirios tras la caída del Califato. A la petición también se sumó otra prisionera, Loubna Fares, marroquí y viuda de un ciudadano español. En febrero de 2020, sin embargo, escapó de Al Hol junto a sus tres hijos y desde entonces se desconoce su paradero. Alegaban haber sido engañadas por sus maridos para viajar y unirse al Daesh y no haber sido combatientes ni participado en acciones yihadistas. «Queremos salir de aquí. Solo nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos», declararon en una entrevista.
Entonces, el Ministerio del Interior se negó. El temor a que estuvieran radicalizados y pudiesen extender el germen yihadista en sus países de origen hizo que muchos gobiernos europeos se resistieran a la repatriación de cientos de personas. En Al Hol fueron internados tras la caída del Califato unos 65.000 familiares de yihadistas, el 95% de ellos, mujeres y niños. La mayoría iraquíes y sirios, además de otras nacionalidades.
«Imprudente»
La decisión del Gobierno de traer a España a Martínez, Fernández, Miludi y a sus hijos, sin embargo, no fue bien vista desde el principio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente por aquellos que se dedican a la lucha antiterrorista en Policía Nacional y Guardia Civil, según ha podido saber este periódico. Esta es la razón por la que ahora, sostienen las fuentes consultadas, es posible que el Ejecutivo haya replanteado su posición. «El sentir de la mayoría es que es una decisión incorrecta», insisten. Expertos y analistas en terrorismo internacional van más allá y la califican de «imprudente» puesto que la repatriación de los españoles pueden suponer a corto plazo un problema de seguridad para el país.
Para Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, la repatriación de las tres mujeres españoles y los 13 menores supone «asomarse a un abismo muy desconcertante». Principalmente, por el recorrido en la lucha yihadista de estas últimas. La Audiencia Nacional mantiene abiertas las diligencias en las que las vincula a la célula yihadista Brigada Al Andalus, desarticulada en 2014 y a la que presuntamente pertenecían sus maridos. Por ese motivo, podrían ser acusadas de un delito de pertenencia a organización terrorista, castigado con hasta cinco años de prisión.
Se trata de mujeres, explica Gil, que, pese a «escudarse en haber sido engañadas para viajar al Califato para conseguir volver a España a la desesperada», han estado «muy infiltradas» en la yihad, según han acreditado investigadores tanto policiales como de inteligencia. «Han tenido una participación activa. Ellas se radicalizaron en España y eran plenamente conscientes de que sus maridos se habían incorporado al Estado Islámico. Emigraron conscientes de que se mudaban a un movimiento terrorista y ahora deben asumir las consecuencias», insiste este experto, condecorado con la medalla al mérito de la Policía Nacional.
Sin arrepentimiento
Otra evidencia de que las tres españolas son un activo del ISIS es que no han mostrado arrepentimiento ni han condenado la violencia empleada por la organización terrorista. En El Legado del Califato, un documental de TVE, la periodista Pilar Requena entrevistó a estas mujeres, y en ningún momento lo admitieron. «Pilar les pregunta si han visto decapitaciones, y ellas dicen que no, pero admiten que existían; ellas mismas se delatan», recuerda Raquel Alonso, presidenta de la Asociación contra el radicalismo extremista y ayuda a víctimas indirectas (Creavi).
Esta experta defiende que, lejos de arrepentirse, «ellas se han retroalimentado». «Desde 2014, y tras la caída del ISIS, han permanecido juntas. Son mujeres de carácter peligroso, que si tienen que matar, matan. De hecho, son consideradas de las más peligrosas en los campamentos en los que viven. En España, ellas y los menores pueden ser 16 bombas de relojería», zanja esta experta.
