Los expertos alertan sobre las mujeres y niños del ISIS: «Pueden ser 16 bombas de relojería»
El Gobierno ha enfriado su decisión de repatriar a los españoles recluidos en Siria después de comprometerse a hacerlo antes de que terminase el año
Dos de las mujeres españolas del ISIS que el Gobierno quiere repatriar. | RTVE
La decisión del Gobierno de repatriar a las esposas y viudas de tres yihadistas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y sus hijos españoles, todos ellos internados en los campamentos de prisioneros de Al Roj y Al Hol, en Siria, puede suponer a corto plazo un grave riesgo para la seguridad del país. Es en lo que coinciden expertos y analistas en terrorismo internacional, así como fuentes policiales de la lucha antiterrorista consultadas por THE OBJECTIVE, quienes califican de «imprudente y precipitado» el dictamen del Ejecutivo.
En abril de 2019, Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lubna Miludi, las tres de nacionalidad española, pidieron regresar a España junto a 13 menores a su cargo, una vez quedaron atrapados en los campos de reclusión sirios tras la caída del Califato. Alegaban haber sido engañadas por sus maridos para viajar y unirse al Daesh y no haber sido combatientes ni participado en acciones yihadistas. «Solo nos pueden condenar por cuidar de la casa y de nuestros hijos», declararon en una entrevista.
Entonces, el Ministerio del Interior se negó. El temor a que estuvieran radicalizados y pudiesen extender el germen yihadista en sus países de origen hizo que muchos gobiernos europeos se resistieran a la repatriación de cientos de personas, sobre todo mujeres y niños. Tres años después, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez cambió de parecer y decidió que volviesen a España, según publicó en noviembre El País.
El objetivo, precisaron a este diario fuentes gubernamentales, era que antes de fin de año estas 16 personas estuviesen de vuelta en nuestro país. Sin embargo, según adelanta THE OBJECTIVE este jueves, el Gobierno enfría ahora la posibilidad de que retornen a España. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo, pese a su compromiso, no habla de repatriación, sino de «oportuna asistencia diplomática y consular con garantía de sus derechos» y de «seguir con suma atención la situación de los ciudadanos españoles».
Investigadas
Para Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, la repatriación de las tres mujeres españoles y los 13 menores supone «asomarse a un abismo muy desconcertante». Principalmente, por el recorrido en la lucha yihadista de ellas. La Audiencia Nacional mantiene abiertas las diligencias en las que las vincula a la célula yihadista Brigada Al Andalus, desarticulada en 2014 y a la que presuntamente pertenecían sus maridos. Razón por la que podrían ser acusadas de un delito de pertenencia a organización terrorista, castigado con hasta cinco años de prisión.
Se trata de mujeres, explica Gil, que, pese a «escudarse en haber sido engañadas para viajar al Califato para conseguir volver a España a la desesperada», han estado «muy infiltradas» en la yihad, según han acreditado investigadores tanto policiales como de inteligencia. «Han tenido una participación activa. Ellas se radicalizaron en España y eran plenamente conscientes de que sus maridos se habían incorporado al Estado Islámico. Emigraron conscientes de que se mudaban a un movimiento terrorista y ahora deben asumir las consecuencias», insiste este experto, condecorado con la medalla al mérito de la Policía Nacional.
«Se han retroalimentado»
Otra evidencia de que las tres españolas son un activo del ISIS es que no han mostrado arrepentimiento ni han condenado la violencia empleada por la organización terrorista. En El Legado del Califato, un documental de TVE, la periodista Pilar Requena entrevistó a estas mujeres, y en ningún momento lo admitieron. «Durante la conversación, Pilar les pregunta si han visto decapitaciones. Ellas dicen que no, pero admiten que sí las conocían; ellas mismas se delatan», recuerda Raquel Alonso, presidenta de la Asociación contra el radicalismo extremista y ayuda a víctimas indirectas (Creavi).
Esta experta defiende que, lejos de arrepentirse, «se han retroalimentado». «Desde 2014, y tras la caída del ISIS, ellas han permanecido juntas. Son mujeres de carácter peligroso y si tienen que matar, matan. De hecho, son consideradas de las más peligrosas en los campamentos. En Al Hol siguen instaurando su ideología. En España, ellas y los menores pueden ser 16 bombas de relojería», insiste.
Los menores
Una vez en España, si finalmente se diese el caso, la Justicia debería dirimir si retira la custodia de sus hijos a Yolanda Martínez, Luna Fernández y Lubna Miludi. Y posteriormente, los servicios sociales deberían monitorizar su proceso de integración para detectar si han sido objetivo de adoctrinamiento y aplicar un programa específico. Un escenario «bastante posible» en el caso de los más mayores, aunque complicado de revocar, sostienen los expertos.
«Deben ser extraídos de la patria potestad y prevenir un proceso de adoctrinamiento, si es que no están adoctrinados. Se puede abortar en el caso de los que son muy pequeños, pero si son más mayores es muy difícil. Han crecido en el odio a Occidente, a las democracias europeas, inmersos en una estructura criminal brutal… Y la falta de inclusión, por la que se ven obligados a vivir en una sociedad paralela después en España, sin aprecio ni sentimiento de pertenencia, hace que los ‘malos’ tengan mayor campo de acción», explica Chema Gil.
Si esa desradicalización no funciona —como ya se ha demostrado con los programas ‘antiterroristas’ en las prisiones, si las tres mujeres fuesen finalmente condenadas—, es posible que tanto adultos como niños «inicien de nuevo acciones» relacionadas con el yihadismo. «Es posible que incluso desarrollen una conciencia forense, es decir, que actúen sabiendo que son vigilados; y que con opacidad en la conducta, desarrollen nuevas dinámicas de radicalización en otras personas», sostienen los expertos consultados.
Sin herramientas
Raquel Alonso ha vivido en primera persona una falta de apoyo total por parte de las instituciones con el caso de sus hijos. Su exmarido y padre de los pequeños fue detenido en 2014 por formar parte de una célula yihadista, la Brigada Al Andalus, la misma a la que pertenecían los maridos de las tres españolas del ISIS. Desde entonces, Alonso ha tenido que luchar contra el estigma de ser la mujer del enemigo y ha buscado ayuda sin éxito. Tanto que ha tenido que crear ella misma la primera asociación que auxilia a víctimas indirectas del terrorismo.
Los menores no estaban radicalizados, pero en el sumario del caso descubrió que uno de ellos, con 10 años, llegó a preguntar si «podía marcharse con su padre a hacer la yihad». «Si no estamos preparados para tratar a mis hijos, a los que solo se pretendía ayudar con posibles secuelas colaterales, ‘¿cómo vamos a hacernos cargo de esos menores que vienen de Siria?’ Desde mi punto de vista, no son reinsertables».
«No ha habido institución ni protocolo que haya tratado a mis hijos, no los hay. Con un niño es muy complicado. Si son capaces de sembrar la duda a un niño de 10 años que estaba protegido constantemente, ‘¿qué se puede hacer con una mente adoctrinada?’ Hay que tener mucho conocimiento y en las instituciones estas figuras no existen», zanja la presidenta de Creavi.
La decisión del Gobierno de traer a España a Martínez, Fernández, Miludi y a sus hijos no fue bien vista desde el principio por parte de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente por aquellos que se dedican a la lucha antiterrorista en Policía Nacional y Guardia Civil, según ha podido saber este periódico. Razón por la que ahora, sostienen las fuentes consultadas, es posible que el Ejecutivo haya replanteado su posición. «El sentir de la mayoría es que es una decisión incorrecta», insisten.
