Qué dice el artículo 155 y cómo puede aplicarlo el Gobierno en Castilla y León
El Ejecutivo no descarta aplicar este artículo de la Constitución si la comunidad no retira su plan ‘antiaborto’
Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco. | EP
Las nuevas polémicas medidas para fomentar la natalidad y contra el aborto que han entrado en vigor este lunes en Castilla y León han vuelto a traer a la arena política la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en una comunidad autónoma.
La decisión del Gobierno de la Junta de Castilla y León de dotar de más información a las mujeres embarazadas que deseen abortar en los centros hospitalarios dependientes de la comunidad ha disparado las alarmas del Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos, que ya ha requerido a PP y Vox -miembros de la coalición en Castilla y León- que retiren estas medidas y que, en caso de no ceder, no descartan aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Ya hay antecedentes de aplicar el artículo 155 en España, como ya se pudo ver en 20217 en Cataluña, pero utilizar dicho artículo de la Constitución no es tan fácil. Hace falta cumplir una serie de requisitos antes de poder aplicar el 155 para intervenir las competencias de Sanidad en la comunidad.
¿Qué es y bajo qué circunstancias se puede aplicar?
Esto es lo que dice el artículo 155 de la Constitución:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Por tanto, según la redacción del artículo, se establecen dos ocasiones en las que el Gobierno español, amparado por la Constitución, podría aplicarlo:
– Si la comunidad autónoma no cumple «las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan».
– En el caso en el que actúe de forma que «atente gravemente el interés general de España».
¿Cuál es el proceso de aplicación?
En primer lugar, el Gobierno central debe hacer llegar un «requerimiento» al presidente regional en cuestión, en este caso el político del PP Alfonso Fernández Mañueco, para que cese en sus supuestas acciones contra el interés general y cumpla con sus obligaciones.
Si el Gobierno encuentra una respuesta negativa a ese requerimiento, comenzará un proceso que tendrá como primera parada el Senado. En la Cámara Alta, el presidente del Gobierno debe proponer por escrito al presidente de la Cámara las medidas concretas para que sean debatidas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Luego, el presidente autonómico tiene derecho a presentar las alegaciones que comprenda como correspondientes.
Una vez se escucha a todas las partes y se analizan las alegaciones, los senadores deben votar en el Pleno la aprobación o rechazo de la aplicación del artículo. Si la Cámara Alta aprueba su aplicación por mayoría absoluta (51% o más), la convocatoria sale adelante.
En este caso concreto, si el PSOE, que cuenta con 111 senadores, se alía con la Izquierda Confederal, con cinco senadores y el grupo parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, con 16, lograría sumar un total de 132 votos, por lo que se quedaría a uno solo de conseguir la mayoría absoluta, y tendría que buscar apoyos en otros grupos políticos.
