Castilla y León no retira su plan en favor de la natalidad pese a las amenazas del Gobierno
La hoja de ruta impulsada por el vicepresidente García-Gallardo supone una enmienda a la totalidad de la ley del aborto de Irene Montero
El Gobierno de España ha decidido hacer casus belli de las medidas contra el aborto y en favor de la natalidad promovidas por la Junta de Castilla y León. PSOE y Unidas Podemos han tildado de «retroceso en los derechos de las mujeres» el plan anunciado por la Junta el pasado jueves, y han amenazado con intervenir la región con «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición», pero Partido Popular y Vox han dejado claro que no van a dar marcha atrás.
La polémica nos remonta a la reunión del Gobierno castellanoleonés del pasado jueves, tras la cual el vicepresidente Juan García-Gallardo anunció un protocolo para reducir el número de abortos en la región: las madres que acudan a la atención primaria recibirán un trámite «preferente» y «una atención psicosocial específica». Además, tendrán la opción de acceder durante las primeras seis y nueve semanas a una ecografía para que se vinculen emocionalmente al bebé y puedan observar «una imagen con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto de cuerpo». También podrán escuchar los latidos de su corazón. En definitiva, los médicos deberán ofrecer estas tres opciones (ayuda psicológica, ecografías y escucha del latido) pero luego la mujer decidirá si accede o no, y si en última instancia aborta.
La hoja de ruta supone de facto una enmienda a la totalidad de la ley del aborto de Irene Montero. Y así se demuestra en que García-Gallardo incidiera en que en Castilla y León se va a proteger la objeción de conciencia de los médicos, sin «listas negras» como la que exige la ministra de Igualdad a todas las regiones. Esto ha soliviantado a la izquierda mediática y al Ejecutivo central, que ha visto en la polémica una oportunidad para volver a enarbolar la bandera del feminismo, que se le escurría tras las rebajas en las condenas de violadores como consecuencia de la ley del solo sí es sí.
Así las cosas, este domingo por la tarde Presidencia del Gobierno emitió un comunicado advirtiendo al Ejecutivo regional de que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo». Una amenaza acompañada de un requerimiento oficial del Ministerio de Sanidad para que la Junta «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción del embarazo».
En concreto, el gabinete de Carolina Darias solicitaba «el cese inmediato de cualquier protocolo que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico», y «también se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual».
La contundencia del argumentario monclovita pareciera un paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que reza: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
PP y Vox se defienden
Ante este embate político y mediático, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido que la Junta no ha tomado «ningún acuerdo que vulnere derecho alguno, por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social». El barón popular ha atribuido la campaña a que Pedro Sánchez «trata de esconder su incompetencia con la ley del sólo sí es sí que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales».
Por otro lado, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, también en manos del PP, ha enviado un comunicado en el que hace hincapié en que tienen «plena autonomía» para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas. También han pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos «vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía».
La actitud del Ejecutivo castellanoleonés ha quedado resumida en un tuit del principal actor salpicado por la polémica, Juan García-Gallardo, que ha aseverado que «el Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás».
