El error de un funcionario retrasó 36 horas la llegada del primer requerimiento de Moncloa
Fuentes del Gobierno castellanoleonés explican que el envío no se detectó hasta la noche del lunes en la Consejería de Sanidad
Juan García-Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco tras la firma del acuerdo de legislatura. | Claudia Alba (Europa Press)
Un error fortuito ha agravado el conflicto institucional entre el Gobierno central y el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la demora del primer requerimiento enviado por el Gobierno central a cuenta del protocolo ‘antiaborto’ que, supuestamente, aprobó el pasado jueves el ejecutivo regional de Alfonso Fernández Mañueco, se debió a la poca diligencia del personal de la Consejería de Sanidad del Gobierno castellanoleonés y, concretamente, de un funcionario que no detectó la comunicación del departamento de Carolina Darias hasta la tarde/noche del lunes.
Según fuentes de la Junta consultadas por THE OBJECTIVE, el escrito fue enviado a última hora de la tarde del domingo, a las 18:50 horas, momento en que «no había nadie en la Consejería de Sanidad» del Gobierno autonómico para revisar el correo. El cuerpo funcionarial de la cartera de Sanidad comenzó su jornada el lunes, pero «el funcionario responsable no localizó el email hasta la tarde noche del lunes» en la bandeja de entrada de la Consejería, motivo por el cual el Gobierno de Castilla y León no había procedido al acuse de recibo y aseguraba no haber recibido el requerimiento.
No fue hasta última hora del lunes cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, recibió la notificación de su equipo de colaboradores, y así lo hizo público al día siguiente, con 36 horas de retraso y con un segundo requerimiento en camino anunciado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
«No tenemos prisa en contestar»
Las mismas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que el Ejecutivo regional se tomará su tiempo en responder: «No tenemos prisa. Estudiaremos con detenimiento el requerimiento del Gobierno y responderemos cuando haya alguna medida aprobada que, de momento, no las hay». Desde el entorno de Mañueco, sostienen que no hay ninguna medida que se haya aprobado en la reunión del Consejo de Gobierno o se haya publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Una calma que choca con las intereses del Ejecutivo central, que apenas tiene un mes para presentar la cuestión de competencias ante el Tribunal Constitucional, desde que se envía el requerimiento hasta que inicia el recurso ante el Tribunal de garantías. En el requerimiento, el Ejecutivo no concreta una sola medida y se limita a hacer referencia a «cualesquiera actuaciones incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo».
Se trata de un documento que se presenta conforme al artículo 63.2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que el Ejecutivo trufa de condicionales, advirtiendo de su capacidad de actuar «en caso de que se vulneren competencias nacionales» sin atribuir normas concretas.
La misiva de Mañueco
A los dos requerimientos del Ejecutivo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, confirmó este martes haber enviado una carta dirigida al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, a quien reprocha su «preocupación» por la falta de lealtad institucional con la que se han vertido acusaciones contra su Gobierno autonómico. «Lamento profundamente que su Gobierno, en vez de asumir los problemas reales de la ciudadania, haya decidido combatir con inusitada crudeza una cuestión irreal y haya enviado un requerimiento a la Junta de Castilla y León sobre una cuestión inexistente».
Mañueco reprocha al Presidente Sánchez las «falsedades prolongadas en el tiempo» contra su gobierno mientras «otros ejecutivos autonómicos incumplen sistemáticamente la legislación española en ámbitos como la educación», en referencia a la Generalitat de Cataluña y su incumplimiento de las sentencias sobre el castellano en las aulas catalanas. El presidente de la Junta garantiza que «no habrá ningún cambio en el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo» y que «no se obliga a nada ni a los facultativos ni a las mujeres».
