El Gobierno envía otro requerimiento y apunta a llevar al TC el plan 'provida' de Castilla y León

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado otro requerimiento contra el Ejecutivo de Castilla y León por su plan contra el aborto. El Consejo de Ministros ha adoptado este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Se trata, según ha explicado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del «el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional».

«El Gobierno quiere transmitir un mensaje de absoluta firmeza y tranquilidad, de firmeza porque el Gobierno va a aprobar cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el gobierno de Castilla y León, para impedir que esta tropelía se consume, y de tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de España, así como a los profesionales sanitarios, que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno no va a permitir ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades de las mujeres», ha manifestado Rodríguez, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

THE OBJECTIVE ha tenido acceso al requerimiento que el Gobierno envió el domingo al Ejecutivo de Castilla y León, un documento que Alfonso Fernández Mañueco asegura que no les ha llegado.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en relación con «cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior».

Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla, según ha informado la Secretaria de Estado de Comunicación. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

«No vamos a permitir que se retroceda ni un solo milímetro. No puede obligarse a los médicos a ofrecer pruebas a las mujeres que desean abortar», ha señalado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha recordado que las comunidades autónomas deben regirse por las normas estatales. «La competencia de las comunidades en el ámbito sanitario no puede contravenir la ley de interrupción del embarazo del 2010».

Asimismo, ha aclarado que se ha pedido al Gobierno de Castilla y León que no aplique ningún protocolo que no esté recogido en la normativa de 2010 y ha lanzado un mensaje de «firmeza y tranquilidad» a todas las mujeres de España. «El Gobierno impulsará las iniciativas necesarias para impedir esta tropelía y trabajará para impedir retrocesos en derechos y libertades de las mujeres», ha prometido la portavoz del Ejecutivo central. 

Por su parte, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha advertido que en caso de que la Junta de Castilla y León no responda a este nuevo requerimiento, el Gobierno iniciará «acciones ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres».

En esta misma línea, ha explicado que el Ejecutivo trabaja «en distintas líneas de actuación» y «en todas las opciones posibles» y ha lanzado una advertencia en esta línea. «Todas las medidas legales que tengamos que adoptar, las adoptaremos, en defensa de las mujeres», ha asegurado.

Además ha indicado que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobará este nuevo requerimiento de incompetencia, pues, a su juicio, el gobierno autonómico se está «extralimitando» en sus competencias. De este modo le reclama que «cese inmediatamente cualquier retroceso» en los derechos de las mujeres.

Bolaños también ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y le ha reprochado que «enmudezca» ante las medidas relativas al aborto propuestas por el gobierno que forman PP y Vox en la comunidad autónoma.

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La mayoría de los juristas contradicen al Gobierno y sostienen que ofrecer más información no puede considerarse intimidación y subrayan que se trata de un conflicto mediático que puede solucionarse sin llegar a aplicar el artículo 155, que suspende la autonomía, tal y como han asegurado a THE OBJECTIVE.

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció el jueves un nuevo protocolo antiabortista. Forma parte de un acuerdo entre Vox y el PP, que gestiona la Consejería de Sanidad, para mejorar la natalidad. «Vamos a enmendar un error de décadas por una clase política que ha desatendido el derecho fundamental a la vida», apuntó García-Gallardo, que eleva a 2.500 los niños que dejan de nacer cada año en la región.