Los juristas desmienten al Gobierno: el plan 'provida' de Vox no coacciona a las mujeres

La propuesta «provida» de Vox ha levantado un auténtico temporal. Los socios de Gobierno en Castilla y León no se ponen de acuerdo en si el protocolo obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres que escuchen el latido del feto antes de abortar. El Ejecutivo de Pedro Sánchez alerta de que pondrá en marcha los mecanismos necesarios para impedir coacciones. Un escenario que divide a los juristas. La mayoría sostiene que ofrecer más información no puede considerarse intimidación y subraya que se trata de un conflicto mediático que puede solucionarse sin llegar a aplicar el artículo 155, que suspende la autonomía.

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció el jueves un nuevo protocolo antiabortista. Forma parte de un acuerdo entre Vox y el PP, que gestiona la Consejería de Sanidad, para mejorar la natalidad. «Vamos a enmendar un error de décadas por una clase política que ha desatendido el derecho fundamental a la vida», apuntó García-Gallardo, que cifra en «2.500 los niños que dejan de nacer cada año en la región».

Castilla y León es la cuarta comunidad con menos abortos (8,90 por cada mil mujeres en edad de procrear, dos puntos por debajo de la media nacional). La medida de Vox incluye ofrecer a las embarazadas que escuchen el latido fetal, hacer ecografías 4D y derivarlas a salud mental si lo requieren. García-Gallardo sostiene que el plan obligará a los profesionales sanitarios mediante una instrucción, que aún no ha sido enviada, aunque el presidente regional le enmendó la plana este lunes.

Controversia entre Vox y PP

En una declaración institucional de seis minutos y sin preguntas, Alfonso Fernández Mañueco aseguró que no se forzará a los médicos ni a las embarazadas, ya que eso supondría «coacciones directas e indirectas», algo que prohíbe expresamente la modificación del Código Penal aprobada en abril del año pasado para evitar que las mujeres sufrieran presiones cuando acudían a las clínicas.

Los expertos discrepan, aunque la mayoría coincide en que la propuesta de Vox no implica coacciones a las embarazadas. La abogada Guadalupe Sánchez subraya que para que existan se requiere «una violencia de cierta intensidad», por lo que ofrecer a la madre que vea una ecografía «no integra ese tipo penal ni retorciéndolo». E insiste: «Que el aborto no sea un delito no lo convierte en un derecho. Y mucho menos en un derecho fundamental».

En la misma dirección se expresa Ibor Fernandes, profesor en el CES Cardenal Cisneros, para quien el anuncio realizado por Vox «difícilmente puede chocar con la regulación». En su opinión, la propuesta se ha «descontextualizado» porque «ofrecer una ecografía no supone coaccionar, sino dar más información». El experto subraya que la medida no es obligatoria para las embarazadas, pero tampoco para los médicos, que seguirán estando sujetos a criterios científicos.

Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, evita hablar de coacciones. Estas, entiende, se producirían si las embarazadas son obligadas a hacer algo en contra de su voluntad, algo que no se plantea, o si Castilla y León sanciona a los médicos. «Hay que ver qué dice la instrucción, si obliga a los sanitarios a hacer algo en contra del ejercicio de su praxis».

Derechos fundamentales

«Es un problema de fondo, estructural», sostiene Tajadura. En su opinión, esta situación está estrechamente relacionada con la concepción del Estado autonómico. «Las comunidades autónomas pueden desarrollar un registro de objeción de conciencia, pero una mera instrucción no puede incluir obligaciones. No es el instrumento adecuado porque invade competencias del Estado».

Un escenario que sugiere Baldomero Oliver, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Desde su punto de vista, que salga adelante la propuesta de Vox supone «una vulneración de derechos fundamentales» porque viola los principios de igualdad entre españoles. «El Gobierno tiene que garantizar la igualdad en todos los territorios». Además, alerta de que «someter a las mujeres a presiones puede suponer una situación de especial vulneración».

«La propuesta puede constituir un delito de coacciones porque su finalidad es disuadir la práctica voluntaria del embarazo», sostiene Paz Lloria, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Valencia y experta en Derecho y Violencia de Género. En su opinión, la iniciativa de Vox supone un «maltrato institucional» porque alienta a «un chantaje psicológico sin fundamento médico». Cree que estos profesionales pueden desobedecer la instrucción porque la ley les ampara a no aplicar «órdenes manifiestamente injustas».

Lloria subraya que la capacidad de las comunidades autónomas en materia de aborto es «muy limitada», por lo que, si finalmente emite la instrucción, «Castilla y León estaría incurriendo en una prevaricación administrativa». E insiste: «Esta medida no tiene nada que ver con el fomento de la natalidad. Para eso se necesita soporte social y económico. A ninguna mujer le gusta abortar. A ninguna».

«Un conflicto mediático»

El Gobierno ha intentado frenar el protocolo que propone Vox. El domingo por la tarde envió un requerimiento a Castilla y León solicitando que no se aprobaran ni aplicaran medidas que «vulneren o menoscaben lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción del embarazo». En caso contrario acudirían a los tribunales. Mañueco acusa a Sánchez de querer sacar rédito político.

Ibor Fernandes, profesor en el CES Cardenal Cisneros, cree que se trata de «un conflicto mediático» debido a la cercanía de un nuevo ciclo electoral. El PP afea a Vox que la propuesta antiabortista sirva como balón de oxígeno a Sánchez cuando se suceden las rebajas de penas de cárcel a los condenados por agresiones sexuales por «las carencias» de la ley del solo sí es sí.

El Ejecutivo ha decidido apostar fuerte con el tema enviando un requerimiento a Mañueco, paso previo a la intervención de una comunidad autónoma a través del artículo 155 de la Constitución. Los expertos tildan la medida de «excesiva». Oliver lo considera la última opción, ya que existen mecanismos de intervención menos violentos como las mesas sectoriales. «Si se agota la vía política, se puede llegar a los tribunales a través de un contencioso-administrativo».

Una fórmula que también relata Tajadura, que cree que el Gobierno también tendría la posibilidad de presentar un conflicto de competencias antes el Tribunal Constitucional, aunque la directriz alentada por Vox no tenga rango normativo. A la corte de garantías también podría llegar en forma de recurso de amparo, aunque «solo si lo presenta la persona afectada y siempre que se hayan agotado las vías judiciales».

Tajadura sostiene que alentar al artículo 155, y por tanto a la suspensión de la autonomía, sería «desproporcionado», especialmente cuando existen leyes y sentencias que no se respetan en Cataluña. «En Castilla y León no tendría justificación». Una opinión que comparten Paz Lloria y la abogada Guadalupe Sánchez, para quien el Gobierno tiene que agotar todos los recursos ordinarios si cree que el protocolo de Vox vulnera algún precepto.

La normativa que regula el aborto en España fue actualizada en 2010 con la conocida como ley de plazos. Contempla que pueda interrumpirse el embarazo según el tiempo de gestación: en las primeras 14 semanas la decisión es libre y, a partir de la 22, solo se puede por anomalías graves e incurables. El PP recurrió la ley ante el Constitucional, que lleva 12 años sin pronunciarse. Los expertos consultados reconocen que, aunque haya sentencia, no cambiaría en nada la propuesta de Vox porque se volvería a la situación inicial, la ley de supuestos.