Mañueco corrige a Vox y aclara que el plan ‘antiaborto’ «no obliga a los médicos a nada»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene las medidas contra el aborto de Vox pero matiza lo anunciado por su vicepresidente. En una comparecencia en la sede de la Junta, Mañueco ha señalado a sus compañeros de Ejecutivo, Vox, a quienes ha recordado que no tiene competencias en materia de Sanidad a pesar de las continuadas declaraciones del vicepresidente, Juan García Gallardo. Además, le ha corregido al asegurar que en ningún caso se va a obligar a ningún profesional de la salud a forzar a las embarazadas a escuchar el latido del feto, algo que supondría unas «coacciones directa e indirectas a la mujer embarazada» que la Junta de Castilla y León no va «ni a promover ni a amparar».

De esta manera, el presidente de la región ha querido zanjar el debate sobre las medidas antiaborto anunciadas por Vox y asegura que no obligará a los médicos a ofrecer escuchar el latido fetal o ecografías 4D a las mujeres embarazadas que quieran abortar. Además, ha cargado con dureza contra el Gobierno central por presentar un requerimiento contra sus «medidas en favor de la vida» y para luchar contra la despoblación en la localidad al considerar que busca sacar rédito político «utilizando a las mujeres».

Mañueco ha señalado que el plan promovido desde su Ejecutivo no va en contra de la ley del aborto vigente, sino que busca modernizar y mejorar los servicios ofrecidos por la Junta a través de la red de hospitales públicos de la comunidad. Además, ha defendido en cierta medida el plan de Vox al asegurar que incorporar de forma generalizada una ecografía 4D supondrá una «mejora y modernización» de los servicios, en los que seguirá primando «el criterio médico y la legislación vigente». 

Es decir, que aunque no enmienda lo presentado por su presidente, sí lo matiza. «No se obligará a los médicos ni a las mujeres», ha resumido Fernández Mañueco en referencia a las palabras de García-Gallardo de esta mañana, en las que rechazaba dar explicaciones al respecto y afirmaba que se comprendía a partir del comunicado enviado por el Gobierno de la Junta.

El presidente ha subrayado tiene «muy claro» que «alterar el orden» existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre realizar o no determinadas pruebas «puede derivar en coacciones directas e indirectas» hacia las mujeres que quieren abortar, ante lo que ha remarcado que su gobierno «ni las va a promover ni amparar» (las coacciones).

Mañueco ha sostenido que el protocolo existente para los casos de mujeres que quieren abortar «no se modifica» con estas medidas «en ningún caso», lo que en la práctica implica que los médicos no ofrecerán a la mujer la posibilidad de escuchar el latido o acceder a una ecografía 4D, que era lo anunciado por García-Gallardo, que esta misma mañana ha reiterado que sí sería obligatorio para los facultativos.

«La voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León», ha zanjado el presidente, convencido de que ni la legislación ha cambiado ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado introducir modificación alguna al respecto: «no se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada», ha rematado.

«Por eso he considerado necesario puntualizar exactamente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer», ha apostillado.

Mañueco señala al Gobierno

Mañueco ha criticado que, en el momento de su comparecencia ante los medios de comunicación, la Junta aún no había recibido el requerimiento anunciado por el Gobierno central, al que ha acusado de utilizar «a las mujeres para hacer oposición» a su Ejecutivo autonómico.

El presidente ha manifestado su «sorpresa» y «estupefacción» por la actitud del Gobierno ante estas medidas, ya que ha argumentado que actualmente «no existe en esta Administración ningún acuerdo tramitándose» sobre la materia aludida en el requerimiento: «no albergo ninguna duda de que su único propósito es sacar rédito político y en consecuencia nos parece lamentable», ha expresado.

El también dirigente autonómico del PP ha vinculado esta polémica con las consecuencias de la ley del solo sí es sí, en referencia a la rebaja de penas y excarcelaciones por el cambio en el Código Penal que se aplica para agresores sexuales.

«No tiene ninguna autoridad para dar lecciones en lo referido a la protección de las mujeres», ha sostenido Mañueco, para quien el Gobierno actúa con «soberbia» al no «rectificar pese a la alarma social y la profunda injusticia que supone» esa modificación del Código Penal. «Que se centren en modificar su chapuza de ley cuanto antes», ha concluido.