La Guardia Civil tiene 400 coches eléctricos sin usar por falta de cargadores

La Dirección General de la Guardia Civil ha invertido en los últimos tres años 14,5 millones de euros en la compra de 537 vehículos y motos eléctricas para dotar a distintas unidades del Instituto Armado. Una iniciativa ‘eco’ aplaudida por muchos, pero que ahora, sin embargo, ha terminado convirtiéndose en un obstáculo para los agentes. Los vehículos, en su gran mayoría, permanecen estacionados e inutilizados en párquines del Instituto Armado repartidos por la geografía nacional. Según denuncian las asociaciones profesionales, la falta de puntos de recarga hace inviable su utilización. 

Solo en torno a un 20% de automóviles adquiridos (apenas un centenar de los 537) se pone en marcha y, cuando lo hacen, los guardias temen que puedan quedarse parados por la poca autonomía que tienen. Es lo que denuncian desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación Unificada del Instituto Armado (AUGC). Estas dos organizaciones critican la falta de planificación del Cuerpo, que antes de adquirir los nuevos vehículos «debería haber hecho una correcta política de inversión» en la instalación de los mencionados puntos. 

Los vehículos adquiridos son, en el caso de los coches, 230 Nissan Leaf, 100% eléctricos, y 150 Renault Arkana Zen, micro híbridos. En total, la compra ha supuesto un coste de 12,5 millones de euros, repartidos entre casi 7,9 para los primeros y 4,6 para los segundos. Por otro lado, la Guardia Civil adjudicó la compra de 157 motos eléctricas a Cooltra Motos SL por un valor de 2,18 millones. 

Cargados en enchufes

Respecto a la licitación de los puntos de recarga, la Dirección General formalizó un contrato con Orange a mediados de noviembre por 9,6 millones para instalar una red de 1.400. No obstante, el plazo de ejecución, según reza el expediente, es de nueve meses. Mientras tanto, aseguran las asociaciones profesionales, los vehículos que se usan se recargan con la electricidad de las instalaciones policiales, tal como se advierte en la imagen que ilustra este artículo. 

Aun así, los agentes dudan de que la autonomía de los automóviles permita realizar unos servicios eficaces a la ciudadanía». Según figura en las características técnicas, las motos disponen de una autonomía de tan solo cuatro horas, con un tope de 143 kilómetros en ciudad y 63 en carretera. Una independencia, a juicio de IGC, «insuficiente» puesto que estos vehículos realizan servicios para el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. 

Estas unidades, señalan, desarrollan sus servicios «mayoritariamente en lugares aislados como es el campo o que pueden prolongarse. «Tampoco tenemos claro que el tiempo estimado que se emplea para su recarga sea un aliciente a la hora de adquirir este tipo de vehículos para estos cometidos», critican. «En lo que denominamos la España vaciada, los vehículos jugarán en contra de nuestro trabajo. No se podrá garantizar un servicio adecuado porque la patrulla deberá parar a recargarlo y, por tanto, quedará suspendida momentáneamente», advierte la AUGC. 

«Ninguno está parado»

Frente a lo que denuncian las organizaciones, la Dirección General de la Guardia Civil asegura en un comunicado que todos los vehículos eléctricos asignados a distintas unidades de la Guardia Civil cuentan con diferentes posibilidades de recarga «mediante puntos habilitados, tarjetas de recarga y cargadores portátiles adaptables». 

«No consta que ningún vehículo eléctrico esté parado por no disponer de posibilidades de carga», insisten desde el Instituto Armado. El departamento dirigido por María Gámez señala que los coches de este tipo que se adquirieron entre 2020 y 2021 están prestando servicio en unidades fiscales, cabeceras de comandancia y algunos puestos principales donde sí existen puntos de carga. Y aclara que los eléctricos recibidos recientemente se encuentran todavía en proceso de distribución.