Solo una de cada 10 víctimas puede saber si su agresor tiene antecedentes por violencia
Interior ha establecido líneas rojas para acceder a dicha información: una valoración del riesgo de la víctima y que los delitos no tengan más de cinco años
El ministro del Interior. | EP
La instrucción 1/2013 que la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha el pasado viernes para reforzar la protección sobre las víctimas de violencia de género informará a las mismas de si sus agresores tienen antecedentes pero solo en casos muy concretos. Tanto que, según datos del Ministerio del Interior, solo un 15,5% de las víctimas podrá saber si su pareja ha cometido delitos previamente relacionados con la violencia machista.
En un principio, aunque en ese momento estudiaba el protocolo tras el récord de asesinatos en el mes de diciembre, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska planteó en enero que todas las víctimas pudiesen tener conocimiento de si su pareja tenía antecedentes como medida de prevención habida cuenta de los últimos asesinados machistas estudiados. En algunos casos, las víctimas mortales habían continuado con sus parejas.
La Fiscalía contra la Violencia de la Mujer, sin embargo, le avisó de que esa información no podía proporcionarse de forma «automática y generalizada»; y el Ministerio de Justicia, por su parte, la censuró porque iba en contra de derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la reinserción. Tras estas advertencias, Interior ha dado marcha atrás y ha trazado unas líneas rojas para que los agentes solo puedan alertar de delitos cometidos en el pasado por presuntos agresores a un número concreto de víctimas.
En primer lugar, los policías solo podrán informar de antecedentes cuando el riesgo de la víctima se sitúe en una valoración media, alta o extrema en VioGén, el sistema del Ministerio del Interior que monitoriza todos los casos de violencia de género. En este momento, de los 75.510 casos activos de mujeres registrados, 10.699 víctimas están en riesgo medio, 998, en riesgo alto y 19, en extremo. Por lo que, siguiendo este requisito, solo una (15,5%) de cada diez podría conocer el historia delictiva de su agresor.
Delitos cometidos cinco años antes
Sin embargo, si se tienen en cuenta otro tipo de circunstancias, el dato porcentual es mucho menor. Puesto que solo se puede alertar de antecedentes de un agresor cuando haya cometido los delitos en un plazo de cinco años previos a la interposición de la denuncia de la última víctima. Además, tendrán que ser excluidos delitos prescritos, con sentencia absolutoria y aquellos en los que haya habido un auto de sobreseimiento libre.
A ese límite, según señalan fuentes de Interior, también se añaden otros. En concreto, una serie de circunstancias que deben haberse dato en la pareja. Que la víctima sufra «episodios de celos exagerados»; que «haya recibido amenazas de muerte de su pareja» o manifestado «que quiere dejar la relación». Por parte del agresor, también se actuaría con información si se tratase de un perfil adicto a sustancias tóxicas.
Víctimas anteriores
Con este protocolo, Interior quiere reforzar la vigilancia no solo sobre la víctima, sino también sobre el agresor reincidente, al que, de darse el caso, informarán de que será sometido a un control y seguimiento policial. Medidas que también podrían extenderse a víctimas anteriores del maltratador, pero solo en el caso de que hubiesen denunciado. Es decir, que su expediente esté registrado, aunque haya expirado, en el sistema del Ministerio del Interior.
También quieren profundizar desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska en el entorno de las víctimas. En el marco de una investigación previa, los agentes recogerán los testimonios en distintos momentos temporales de los allegados a la víctima y el agresor. Tanto físicos como virtuales, es decir, a través de redes sociales o apps de mensajería instantánea.
Faltan agentes
Estas últimas medidas se enmarcan dentro del plan integral para la protección de las víctimas que ha puesto en marcha el Gobierno. Una medida ambiciosa, pues toca todas las aristas del problema, pero que al mismo tiempo requiere del trabajo de una gran plantilla policial. En este caso, refieren fuentes de Interior, del trabajo de vigilancia y protección de la mujer como del seguimiento agresor se encargan las unidades de Seguridad Ciudadana de Policía y Guardia Civil.
Agentes que demandan desde hace tiempo un incremento de los efectivos especializados en violencia de género para hacer frente a esta labor. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) califican de positivo el protocolo, pero «lamentan que en la actualidad las fuerzas de seguridad necesitan más medios y más personal para llevar con la mayor efectividad posible este plan».
La AUGC esta en contra de que «se detraiga personal» de Seguridad Ciudadana para que realicen otros cometidos. «Estas plantillas están muy mermadas de por sí, no están para realizar más funciones de las encomendadas». «Hemos propuesto en más de una ocasión a Interior que active la cláusula tercera del acuerdo de equiparación salarial para que guardias que se encuentran en la reserva cuenten con incentivos y puedan incorporarse al Cuerpo para reforzar los equipos VioGén», señalan desde esta asociación a THE OBJECTIVE.
