Juristas de ERC redactaron en secreto con el Gobierno la reforma de la malversación

El Gobierno negó reiteradamente que se negociara con ERC la reforma de los tipos penales sobre la malversación. Hace apenas dos meses. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desmintieron la existencia de una negociación formal con ERC. Atribuyeron a los republicanos la autoría de la enmienda que posteriormente se pactó con el PSOE en la tramitación de la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la negociación secreta existió y se prolongó durante semanas en varios grupos distintos, «técnicos y políticos», en los que hasta seis juristas participaron en el proceso de redacción de la reforma penal. Fuentes de la negociación afirman que Gobierno y ERC prolongaron sus reuniones para pactar el contenido de la enmienda de los independentistas desde principios del mes de noviembre.

Apenas quince días después, y una semana antes de que ERC presentara su enmienda sobre malversación, el presidente Sánchez seguía negando la existencia de una negociación y manifestaba su desconocimiento sobre el contenido de lo que pactaba en privado. «No conocemos ni el contenido de las enmiendas. Que se sustancie el debate en Cortes; debatir sobre lo abstracto, no», decía entonces el jefe del Ejecutivo. 

Joan Queralt, el «penalista de cabecera» de ERC

La realidad es que el presidente sí conocía el contenido de las enmiendas porque él mismo había dado la orden de sentarse a negociar con ERC en varias mesas de trabajo, a nivel técnico y político. Según las citadas fuentes consultadas por este periódico, uno de los más reputados interlocutores y quien más contribuyó en la redacción de la enmienda transaccional con ERC es el catedrático de derecho penal, Joan Queralt.

Un extremo que confirman ambas partes, tanto el Ejecutivo como su socio republicano. «Se trata del penalista de cabecera del independentismo», explican en Moncloa, donde admiten su participación en la redacción del texto que finalmente aprobó el Congreso, aunque no se asumiera la totalidad de sus propuestas. Un punto en el que coinciden con ERC: «No hubo un autor unitario, sino que fue el trabajo de un amplio equipo de técnicos».

Hubo múltiples reuniones a varios niveles en las que «entró y salió mucha gente» desde el principio hasta el final, cuando hasta el propio presidente Sánchez cerró la negociación dándole el visto bueno a lo que se aprobaría en las Cortes. Insisten estas fuentes en que el Ejecutivo no actuó, por tanto, al dictado de sus socios republicanos. 

Gol al independentismo

De hecho, el Ejecutivo presume ahora de haberles metido «un gol» a los independentistas. ERC había supeditado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. Fuentes de Moncloa recuerdan que el Gobierno siempre defendió que la reforma del Código Penal no beneficiaría a los líderes del procés, como ha puesto en evidencia posteriormente el Tribunal Supremo y la Fiscalía.

El ejecutivo entiende que los tribunales «nos dan la razón» frente a la sospecha -compartida entre el PP y el independentismo- de que la reforma supondría una despenalización del procés. No obstante, desde Moncloa eluden las advertencias vertidas esta semana por el titular de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, sobre el «espacio de impunidad» derivado de la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación.

El Gobierno critica en privado que los jueces «emitan valoraciones políticas». Y presumen de que ni Oriol Junqueras, que permanecerá inhabilitado y no podrá presentarse a las próximas elecciones, ni Josep María Jové ni Lluís Salvadó, los dos hombres de confianza del exvicepresidente de la Generalitat, obtendrán beneficios por la reforma penal del Ejecutivo socialista.  

La idea inicial de los republicanos con la malversación y la sedición, plasmada en la negociación, era «evitar que se use este delito contra los independentistas» y sirva para «desjudicializar la vida política y social en Cataluña». Pero estas pretensiones han caído en saco roto. La Fiscalía, en su escrito de acusaciones, atribuye los procesados por los gastos del procés un delito de malversación agravada, en lugar del tipo atenuado que incluyó el Ejecutivo en el nuevo Código Penal.