Presidente Sánchez: no triture los documentos secretos cuando se vaya
Los papeles confidenciales que generan los distintos Gobiernos deberían ser patrimonio de la historia de España, no patrimonio privado
Una trituradora de papel. | Unsplash
Hay una historia que desde hace años no para de levantar polémica en Estados Unidos y que en España apenas tiene repercusión. Trata de la costumbre de los mandatarios de la Casa Blanca de llevarse los documentos de trabajo a casa, aunque sean secretos, y «olvidárselos» allí.
Donald Trump fue presidente durante cuatro años y cuando regresó a su vida normal se descubrió que habían desaparecido cientos de papeles secretos. Tras una investigación del FBI, descubrieron que estaban escondidos en su casa. Un gran follón: parecía que había intención de sustraerlos, quizás para tener documentos en los que fundamentar sus futuras memorias.
Este comportamiento de Trump desviado de la legalidad recibió las críticas feroces de su mayor oponente político, el presidente Joe Biden, que le afeó el error, claro que con la intención de desprestigiarle de cara a un futuro combate electoral.
Hace poco, la historia ha vuelto a repetirse. Biden se llevó documentos a casa, oficialmente se desconoce la razón, y han sido encontrados por los guardianes públicos de esos ejemplares tan codiciados. Nuevo escándalo político y nueva sensación de felicidad en la oposición, que ve cómo Biden ha caído en la misma tentación que Trump.
La tradición española: llevarse libremente los papeles
En España, si ocurriera algo similar no pasaría absolutamente nada. Aún más, hay pruebas de que ha pasado y nadie ha dicho ni pío. Los presidentes de la democracia tienen la potestad de llevarse libremente casi todos los papeles de su mandato o de destruirlos. ¿Qué pasa con el derecho de los ciudadanos a conocer todos los asuntos que les afectan?
Este tema tiene bastante que ver con la reforma nunca conseguida de la Ley de Secretos Oficiales aprobada el 5 de abril de 1968, en pleno franquismo. Sufrió una leve modificación el 7 de octubre de 1978, pero podemos afirmar que es un producto que sigue vigente casi 50 años después de la muerte del dictador. Los presidentes de la democracia no han querido, ninguno, enfrentarse a ese Miura porque están más a gusto con una ley que nadie cumple que con otra que les apretaría el cinturón y les pondría exigencias.
Como consecuencia de ese pasotismo, ni siquiera tenemos acceso –por poner casos de más de 40 años- a muchos secretos de la Guerra Civil, a información confidencial de la dictadura de Franco, a saber las personas que fueron chantajeadas por el servicio secreto en las cortes franquistas para que se hicieran el hara kiri y pudiera llegar la democracia, a descubrir los datos confidenciales del golpe de Estado del 23-F o a conocer las investigaciones realizadas sobre el GAL o sobre las vinculaciones del PNV con ETA.
Hoy me gustaría poner énfasis en los papeles que circulan por el palacio de La Moncloa. Los presidentes piensan que les pertenecen, que pueden hacer con ellos lo que quieran. Lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos, donde piensan, yo también, que los papeles pertenecen al pueblo y deberían estar guardados en lugares públicos al alcance de cualquier investigador.
González, Aznar y los documentos secretos
Felipe González se los llevó a casa y muchos años después los ha puesto a disposición de la gente en su propia fundación. Es un paso, pero lo que debería pasar es que todos los documentos, sin excepción, sin tamizarlos, pasaran a un organismo público encargado de ponerlos al servicio de la sociedad.
José María Aznar anunció en una entrevista en el extranjero que se había llevado papeles del 11-M, para así poder defenderse de las críticas que le lanzaron sobre el ocultamiento de la autoría del atentado por parte de los yihadistas. Hubo un poco de revuelo y no pasó nada. Lo preocupante es que pensaba que esos papeles secretos eran suyos porque había sido presidente.
Este año tenemos elecciones legislativas y creo que el presidente Sánchez debería dar el ejemplo que no dieron sus antecesores, aunque no me hago ilusiones. En sus manos está anunciar públicamente que todos los papeles y documentos de ordenador creados durante su mandato serán guardados, archivados y puestos a disposición de algún organismo público, para garantizar que ahora, o en unos años, podamos conocer los intríngulis de su mandato. Y, si es posible, que lo haga por ley para que cualquiera que le suceda esté obligado a lo mismo. Debería ser su obligación y es el derecho de todos los españoles.
