El general del ‘caso Mediador’ daba medallas pensionadas a embajadores para blindarse
La Guardia Civil condecoró en 2022 a los embajadores de Níger, Malí y Burkina Faso, de quienes dependía el futuro del proyecto que dirigía el mando encarcelado
Los dos embajadores condecorados por la Guardia Civil. | GC
El general retirado Francisco Javier Espinosa, en prisión preventiva por su implicación en el ‘caso Mediador’, no daba puntada sin hilo. En la época en la que dirigía en distintos países africanos el proyecto antiterrorista GAR-SI Sahel, financiado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), el mando maniobró para que la Dirección General de la Guardia Civil otorgase medallas de plata a los embajadores de España en Níger, y en Malí y Burkina Faso, Nuria Reigosa y José Hornero, respectivamente, de quienes dependía en gran medida la continuidad de la misión.
El pasado 22 de julio de 2022, en un acto protocolario, la directora del Instituto Armado, María Gámez, condecoró a los dos embajadores, actualmente en el cargo, con la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, un distintivo que lleva aparejada una compensación económica, pues refuerza el baremo y el curriculum del distinguido de cara a su carrera profesional, según fuentes de la Benemérita. En su discurso, los dos condecorados «destacaron el trabajo del Cuerpo en esos países en el marco del Proyecto GAR-SI Sahel».
Espinosa, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por THE OBJECTIVE, perseguía dos objetivos con ese movimiento. Por un lado, extender en el tiempo la misión antiterrorista en África, cuya dirección puede recaer en un comisario de la Policía Nacional o en un general de la Guardia Civil hasta los 70 años de edad, prolongando de este modo el límite de su jubilación. En definitiva, indican las mismas fuentes, son los embajadores españoles de los países implicados quienes «a través de un informe recomiendan seguir o no con el proyecto».
La trayectoria del general en África
Por otro, el general, al borde de jubilarse por esa fecha y, por tanto, de abandonar la dirección del GAR-SI Sahel aunque continuó colaborando posteriormente, también buscaba mantener una buena relación con las mencionadas autoridades de cara al futuro. Y, de este modo, señalan las fuentes, blindar los contactos en África que el mando había cosechado tiempo atrás en el continente, posiblemente desde que se ocupó de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, entre 2008 y 2012.
Entre 2012 y 2013, Espinosa estuvo al mando de la misión de la Unión Europea Eucap para el Sahel y Níger. Después, fue jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional entre 2016 y 2017, y finalmente director del proyecto GAR-SI Sahel, hasta 2022.
Rastreo de cuentas
De hecho, esta última época es la que está precisamente investigando ahora el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, encargado del ‘caso Mediador’. La juez ha ordenado que se rastree el patrimonio del general retirado en diversos países africanos, entre ellos Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde.
Diversos audios incluidos en el sumario judicial han revelado conversaciones en las que Espinosa, conocido entre la trama criminal como ‘papá’, alardea de que «en Cabo Verde se vive como un marajá, pero no puedes sacar el dinero». Además, también habría intercedido en negocios en Mozambique por los que habría cobrado cuatro millones de euros en concepto de comisión, según publicó Canarias 7.
En el proyecto del Fiiapp, Espinosa se encargaba de la formación de gendarmes en estas regiones de África occidental. Las fuentes consultadas por este periódico recalcan, no obstante, que el mando solo hacía viajes puntuales a estos países, mientras la mayor parte del trabajo la realizaba desde Madrid. De hecho, según publicó este diario, el mando seguía manteniendo en la capital española una vivienda oficial, propiedad de la Dirección General de la Guardia Civil.
Silencio en las misiones de la Fiiapp
La trama, por la que están siendo investigadas otras 11 personas, entre ellas el presunto cabecilla, exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ofrecía beneficios en adjudicaciones públicas a empresarios de Canarias a cambio de pagar «un peaje» de 5.000 euros en concepto de comisión, según la investigación. Si se negaban a dicho pago, el mando del Instituto Armado, aprovechándose de su posición, les amenazaba con posibles inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
La organización criminal en torno a las explotaciones de ganadería canarias, no obstante, es solo una de la media docena de piezas separadas bajo investigación judicial, sobre las que, según fuentes conocedoras del caso, no ha trascendido prácticamente nada.
En cualquier caso, 2020 y 2021 son los dos años en la juez circunscribe los delitos al general de división, fechas en las que dirigía dirigía el GAR-SI Sahel. Un punto que ha desatado la alarma en la Fiiapp, dirigida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. El jueves pasado, según informó este periódico, la institución española dio orden de no hablar con la prensa sobre el caso ‘Mediador’ a las misiones que tiene desplegadas por todo el mundo.
