La directora de la Guardia Civil le arruina al PSOE su 'momento de gloria' tras la moción
El motivo oficial de la renuncia es la reciente citación de su marido como investigado por corrupción, pero en la Guardia Civil hay dudas
La dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se ha producido en un momento totalmente contraproducente para los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles llevaba marcado en rojo en el calendario del Ejecutivo desde hace semanas: era el día que había que votar la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames, tras dos jornadas de intenso debate que muchos analistas habían situado como una ocasión perfecta para apuntalar el Gobierno tras semanas de polémicas. De hecho, la estrategia de Moncloa pasaba por intentar aprovechar al máximo la situación, dejando incluso que Yolanda Díaz tuviera su momento de gloria.
El protagonista del día iba a ser, en cualquier caso, Pedro Sánchez, exultante tras tumbar la segunda moción de censura en su contra en una sola legislatura, la sexta en toda la historia de nuestra democracia. Los principales medios del país no tendrían más remedio que resaltar este hecho. Pero algo se torció: casi al mismo tiempo que se anunciaba que la moción no juntaba ni de lejos los suficientes votos para tumbar al presidente, María Gámez anunciaba su dimisión al frente del Instituto Armado, un cargo que asumió en enero de 2020.
El motivo oficial de la renuncia es la reciente citación de su marido, Juan Carlos Martínez, como investigado por corrupción. En concreto, se le investiga por unos presuntos delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos a partir del presunto desvío irregular de cantidades millonarias de dinero público de la Junta de Andalucía a empresas, en una ramificación del caso ERE de la que supuestamente se habría lucrado Martínez.
Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil relatan a THE OBJECTIVE lo peculiar de esta dimisión e incluso sospechan que pueden haber existido «otros motivos» para su renuncia. Si la dimisión se hubiese pactado con el Gobierno o al menos con el Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, se hubiera optado por otro día que no opacase el triunfo parlamentario de Sánchez. De hecho, las dimisiones de este tipo se suelen hacer coincidir con un Consejo de Ministros, para así poder firmar el cese y el nombramiento a la vez, y que no haya discontinuidad en los cargos.
La justificación dada por Gámez para la fecha y hora elegidas es que la dimisión se ha producido «tras haber tenido conocimiento» de que su marido ha sido citado «en el marco de un procedimiento judicial». La ya exdirectora de la Guardia Civil afirmó que su renuncia se produjo en la misma mañana en la que se enteró de la investigación a su marido, con el objetivo de que nadie «pueda utilizar una circunstancia personal para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes ni al Gobierno de España».
Sin embargo, el auto del juez lleva fecha del pasado día 16, jueves, por lo que estamos hablando de una notificación que habría tardado cuatro días laborables en ser enviada y recibida dentro de una misma ciudad, Sevilla. Además, Gámez apareció en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión escoltada por el Director Adjunto Operativo, Pablo Salas, y otros tres tenientes generales, es decir, los principales mandos de la Guardia Civil. Una fotografía que según fuentes del Instituto Armado «sorprende» porque en teoría la dimisión se ha debido a un motivo «personal» y no estaba relacionada con el ejercicio de su cargo.
Cabe destacar que, dejando a un lado los motivos que esgrimió para presentar su dimisión, María Gámez se ha enfrentado recientemente a dos de los mayores escándalos que han sacudido al Cuerpo. Por un lado está el caso Cuarteles, en el que un juzgado de Madrid investiga una serie de posibles irregularidades en reformas y reparaciones en hasta 13 cuarteles de la Guardia Civil. Y por el que están investigados dos mandos del Instituto Armado: Pedro Vázquez Jarava, ex subdirector general jefe del Mando de Apoyo, y Carlos Alonso, exjefe de la Comandancia de Ávila.
Por otro lado está el caso Mediador, que no solo sacude los cimientos del PSOE, sino que también afecta a la Guardia Civil. La trama, que habría organizado un sistema para extorsionar a empresarios para empujarles a pagar sumas de dinero con el objetivo de poder acceder a contratos públicos, fondos europeos u oportunidades en la Administración, ya copa las portadas de los medios y pone en la picota a varios cargos públicos. Y el único investigado en prisión no es otro que un general de división retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa.