Marlaska, cercado por Pérez de los Cobos, María Gámez y el 'caso Mediador'
El Tribunal Supremo ha fallado que el cese del mando fue contrario a derecho, tres años después de que el ministro lo destituyese por «pérdida de confianza»
El ministro, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. | EP
El duro revés del Tribunal Supremo contra el Ministerio del Interior, que este miércoles anuló el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no estar ajustado al derecho, ha puesto la puntilla a la gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente de su departamento. Un varapalo judicial precedido por la dimisión de la directora del Instituto Armado, María Gámez, tras la imputación de su marido en el caso ERE; y los dos casos de corrupción que han salpicado al Cuerpo, y por los que el titular de Interior compareció en una comisión de investigación parlamentaria este lunes para dar explicaciones.
El fallo del Alto Tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional, órgano que revocó —indebidamente— en septiembre de 2021 la resolución por la que otro juez había declarado ilegal el cese del mando de la Benemérita. Pérez de los Cobos, en cuyo curriculum destaca haber coordinado el dispositivo policial contra el referéndum ilegal en Cataluña, fue destituido de manera fulminante el 24 de mayo de 2020 por «pérdida de confianza». Un extremo que recoge la ley del Régimen del Instituto Armado para los cargos de libre designación, pero que siempre debe fundamentarse, según la jurisprudencia del TS.
La destitución se tornó polémica por producirse poco después de que agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe requerido por la juez que investigaba al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco —finalmente exonerado—, por permitir a principios de marzo, hasta que la declaración del estado de alarma por el coronavirus, la celebración de manifestaciones y distintos actos, entre ellos el 8-M.
Poco después, trascendió, según la versión del coronel, que había sido cesado por no acceder a la petición de sus superiores políticos para facilitarles informaciones sobre la causa judicial, entonces bajo secreto judicial, y que, se creía desde Interior, podía afectar al director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En un primer momento, el ministro del Interior negó esa razón y desvinculó el cese de ese informe. Después, matizó que respondía a la filtración del mismo a los medios de comunicación.
¿Volverá a su puesto en la Comandancia?
El mando recurrió su destitución ante los tribunales y ahora, casi tres años después, el TS ha estimado su pretensión y le ha dado razón. Uno de los magistrados, según pública El Español, llegó a la conclusión de que «la motivación de la propuesta de cese no era real o al menos no se ajustaba a la realidad». En cualquier caso, por ahora, solo se ha conocido la decisión del Alto Tribunal, no la sentencia, por lo que el futuro laboral de Pérez de los Cobos todavía es incierto. Pese a ello, fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que es «más que probable» que Interior deba reponer en su puesto al mando cesado.
Por su parte, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha indicado que «está a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución para poder proceder en consecuencia con los motivos técnicos que se indiquen por el Alto Tribunal». En un escueto comunicado, Interior ha querido reiterar «que las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad». Tras ser destituido, Pérez de los Cobos fue destinado a la unidad de Intervención de Armas de la Dirección General de la Guardia Civil, donde trabaja actualmente, indican fuentes policiales.
Piden la dimisión de Marlaska
Tras la noticia del TS, las reacciones de las asociaciones de la Guardia Civil no han tardado en llegar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha señalado que el «ministro se ha vuelto a equivocar», esta vez llegando al punto de ser «desautorizado por el Tribunal Supremo». «No está a la altura de las necesidades y retos que demandan los profesionales de la seguridad pública. No ha demostrado la capacidad suficiente para implantar los cambios de modernización y democratización que necesitan los hombres y mujeres que componen la institución.
El ministro del Interior, critican, «no tiene la confianza de los guardias civiles», por lo que reafirman su reclamación: «el ministro debe dimitir». La AUGC también justifica en esta petición la comparecencia de Grande-Marlaska en el Congreso, en el marco de la comisión de investigación por las causas de corrupción en el Cuerpo. A su juicio, el titular «vuelve a obviar la realidad y elude dar explicaciones sobre la dimisión de María Gámez y las causas judiciales que azotan a la institución».
En su intervención, en la que el ministro dio cuenta solo sobre el ‘caso Cuarteles’ —que investiga irregularidades en licitaciones de obras de mantenimiento en 13 cuarteles del Instituto Armado—, Marlaska esquivó cualquier responsabilidad y culpó directamente al Partido Popular, que, según su versión, evitó llevar la investigación a la Fiscalía en 2018, en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy. Los de Feijóo, tras el dictamen judicial, también han pedido la destitución del ministro del Interior. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha indicado que «ante esta ilegalidad, solo cabe una decisión: destituir al responsable».
«Prefirió pagar un alto precio»
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, único representante de todos los mandos en el Consejo de la Benemérita, ha defendido a ultranza el trabajo de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid: «Mantuvo la independencia de los investigadores al no revelar información de una investigación judicializada, máxime cuando se la podían estar demandando desde el nivel político», señalan a este periódico. «Hoy el TS nos da la razón, su destitución no fue ajustada a derecho. El coronel es un ejemplo de guardia civil frente a la corrupción, que prefirió pagar un alto precio profesional antes que ceder en el cumplimiento de sus obligaciones de reserva y sigilo», finalizan.
