Los funcionarios de prisiones exigen a Marlaska ser incluidos en el plan del Campo de Gibraltar
Interior estudia dar pluses a los agentes que luchan contra el narcotráfico. Los trabajadores penitenciarios denuncian que el peligro continua después en prisión
Operación contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, Cádiz. | EP
Los funcionarios de prisiones también quieren ser incluidos en la Zona de Especial Singularidad (ZES) en la que trabaja el Ministerio del Interior para el Campo de Gibraltar. Su titular, Fernando Grande-Marlaska estudia «de forma detenida» la implantación de esta figura en la comarca gaditana, que conllevaría una serie de medidas, sobre todo económicas, para incentivar la cobertura de plazas en esta región para las fuerzas de seguridad, expuestas a un gran peligro por la criminalidad existente. Desde las prisiones, sin embargo, advierten: «La inseguridad continua después en prisión, con ellos y sus familias».
En el País Vasco, por ejemplo, existe una medida similar, implantada desde 1980 por el Gobierno de Adolfo Suárez, por la que policías y guardias civiles cobran un complemento de peligrosidad de 681,98 euros mensuales. Conocido como ‘plus antiETA’, se instauró para premiar a los agentes que luchaban en esa época contra la extinta banda terrorista.
Los funcionarios piden desde hace años este incentivo en el Campo de Gibraltar habida cuenta de que sus características geográficas —frontera con Reino Unido; conexión marítima con Ceuta y Marruecos; y su cercanía a África a través del Estrecho de Gibraltar— lo convierten en «un punto caliente de inmigración irregular, narcotráfico, tráfico de seres vivos, terrorismo yihadista…», según denuncian.
4.698 operaciones
Sin ir más lejos, el III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar llevó a las fuerzas de seguridad del Estado a realizar 4.698 operaciones policiales contra el narcotráfico y el contrabando en 2022. No obstante, sólo 858 se desarrollaron en la comarca gaditana. Un programa que el Ministerio del Interior implantó en 2018 para introducir medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y de mercancías y que, a juicio de este departamento, ha supuesto un éxito en la lucha contra estos delitos.
Desde las fuerzas de seguridad, las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, no obstante, difieren. Insisten en que la inseguridad es cada vez mayor, y que las operaciones se han ejecutado satisfactoriamente gracias al esfuerzo de los agentes, que «se multiplican para suplir la falta de personal» que se denuncia desde las asociaciones y sindicatos policiales desde hace años.
La prisión de Botafuegos
El peligro al que están expuestos los funcionarios policiales, sin embargo, no termina cuando los criminales son detenidos o puestos a disposición judicial, continua en prisión, en concreto en el centro penitenciario de Botafuegos, en Cádiz. Este el principal motivo por el que los funcionarios penitenciarios piden ser incluidos en el plan de Interior para el Campo de Gibraltar.
Según denuncian fuentes penitenciarias, en conversación con este diario, el trabajo en esta cárcel gaditana supone un «esfuerzo extra» en relación a otros centros, no solo por el perfil de presos —penados en su mayoría por narcotráfico, terrorismo yihadista o blanqueo de capitales—, sino también por la sobreocupación: han llegado a contar con una población reclusa de 1.800 internos sobre una capacidad de 1.000. Sin contar, además, las miles de salidas que se realizan desde la prisión para trasladar a los presos a los juzgados.
Unión de trabajadores
Un escenario, sumado al temor que en muchos casos padecen en su trabajo estos profesionales, que lleva a la mayoría de funcionarios de prisiones a pedir otro destino en Instituciones Penitenciarias. «Este extra que se exige a los funcionarios en la zona produce una desmotivación para seguir desarrollando su labor en la Comarca, lo que generalmente conlleva que los trabajadores no se planteen crear arraigo en la zona y pidan un traslado casi de manera anual», señalan las mismas fuentes.
Ocurre en Policía Nacional, Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias, pero también en los Servicios de Vigilancia Aduanera, donde, según denuncian, «los compañeros lo están pasando realmente mal». Así las cosas, este grupo de funcionarios se ha unido para luchar por la Zona de Especial de Singularidad en el Campo de Gibraltar y exigir al Gobierno distintas medidas. Entre ellas, el aumento de la plantilla, complementos económicos o el aumento de puntos de baremo por tiempo transcurrido en la zona.
