La odisea de la Policía para alquilar en Baleares: «Nos piden 36.000 euros por adelantado»
La turistificación, la poca oferta y el alto precio que exige el mercado han hecho que alquilar un piso sea prácticamente imposible, denuncian los agentes
Imagen de una protesta policial en Mallorca. | EP
Ibiza. Piso de 90 metros cuadrados. Tres habitaciones, baño, salón, cocina y baño. Precio: 36.000 euros. No por su venta, sino por su alquiler durante un año, y por adelantado. Este es el escenario al que se enfrentan cientos de policías y guardias civiles que buscan vivienda en Baleares, tras ser destinados, en la mayoría de casos forzosamente, a la comunidad autónoma. La turistificación, la poca oferta de pisos y su alto precio han convertido a las islas en una región española en la que resulta prácticamente imposible vivir.
En el caso de los guardias civiles, según han denunciado distintas asociaciones profesionales, los agentes se han visto obligados incluso a vivir en caravanas o furgonetas por no poder afrontar el paso del alquiler. Desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, cuentan a este diario que, por ahora, no se ha dado este escenario entre los agentes, pero lo auguran en los próximos meses cuando se refuercen las plantillas para la época estival y no haya alojamientos.
El principal problema al que se enfrentan no solo los policías y guardias, sino también otros funcionarios como profesores, enfermeros, médicos, según denuncian fuentes policiales, es que las opciones del alquiler son limitadas. Esto es, que las viviendas son limitadas y que la mayoría de contratos que se ofrecen son de octubre a mayo, eliminando el verano, cuando las islas se llenan de turistas.
1.000 euros por compartir piso
«Existen verdaderos problemas para encontrar piso. El caso más flagrante es el de tres policías que buscaban piso en Ibiza. El propietario les pedía un pago por adelantado de 36.000 euros al mes. Es decir, el alquiler eran 3.000 euros al mes, pero cada uno debía soltar 12.000 de golpe. No lo cogieron, pero si la situación sigue así, a muchos nos les quedará otro remedio… Todo ello sin contar que los agentes tienen que destinar más del 50% de su salario a la vivienda», denuncia el secretario general de Jupol Baleares, Chechu Enrique.
Los precios que exige el alquiler en Baleares, al mismo tiempo, desencadenan que los agentes no tengan arraigo en la zona, y el problema se perpetúe. «La mayoría vienen aquí obligados, nadie quiere este destino. Pero ha habido casos de policías, con sus familias, que no han podido venir. Viene uno y se mete con otros dos compañeros, generalmente, para compartir piso y pagando 1.000 euros», prosigue.
Ibiza, más conocida internacionalmente, es la isla que concentra los precios más altos de vivienda. No obstante, advierten fuentes policiales, en Mallorca y Menorca la situación es cada vez peor. Tanto es así que Enrique y otros funcionarios crearon una organización hace dos años para denunciar el problema que padecen: la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos en Baleares (Unisep).
Indemnización por residencia
«Llevamos meses haciendo manifestaciones y denunciando que el caso de Ibiza solo es la punta del iceberg, el comienzo de un problema mucho más grande. Nadie nos ha recibido y esto ya ha explotado. Lo que reclamamos es que la Administración ponga a disposición de los funcionarios una indemnización por residencia», señalan desde Jupol.
Se trata de un complemento económico, conocido también como plus de insularidad, que ya se da en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. No obstante, existen diferencias entre los mismos. «En Melilla, un agente cobra 700 euros más, en Mallorca, son 70 y en Ibiza, 90. Si se igualase, esta herramienta ayudaría bastante a todos los trabajadores que vienen a la comunidad autónoma», reclaman.
La visita de Marlaska
Este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó las instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Mallorca y Ibiza para tomar conocimiento en primera persona de las dificultades que padecen los agentes. Había gran expectación, pues desde sindicatos y asociaciones se esperaba que se anunciase alguna medida para paliar los problemas de vivienda.
No fue así. El titular del departamento visitó jefaturas y comandancias, se reunió con responsables policiales y posteriormente se limitó a anunciar que en «15 o 20 días» se conocerían algunas medidas «estructurales» que se pondrán en marcha desde el Gobierno. «Lo estudios ya están realizados y materializados, lo que queda ahora es comprobar qué infraestructuras de la administración pueden servir para la construcción de viviendas», apuntó.
