Los partidos políticos han recibido 297 millones de euros en subvenciones esta legislatura
El Tribunal de Cuentas ha puesto bajo la lupa la financiación de los partidos. Solo el Ministerio del Interior repartió 225 millones
El reparto de la suma ha beneficiado al Partido Socialista por sus resultados estatales. | Europa Press
Los partidos políticos han logrado un importante colchón económico, fundamental para realizar las constantes campañas vinculadas a los comicios, gracias a las subvenciones de ayuntamientos, comunidades y Estado para muy diferentes fines. Es su fórmula para subsistir y hacer propagandas visibles, y para los nuevos partidos y plataformas que surgen, el principal hándicap para dar un paso adelante.
Los datos recopilados por THE OBJECTIVE muestran que las formaciones políticas han sumado más de 297 millones en ayudas en tres años y medio. Entre el 1 de enero de 2020 -fecha que coincide con la segunda legislatura de Pedro Sánchez- hasta el 30 de mayo de 2023 se han embolsado más de 297 millones de euros. El Ministerio del Interior, a través de las subvenciones estatales ordinarias -financiación ordinaria- y de seguridad ha distribuido más de 225 millones de euros.
Al detalle, el reparto de la suma ha beneficiado al Partido Socialista por sus resultados estatales. En total, solo en ayudas de financiación ordinaria del Estado procedentes del Ministerio del Interior ha captado 59 millones, casi una cuarta parte del total. A estos se deben añadir otros 7,1 millones logrados por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).
Subvenciones a Vox, Bildu y Ciudadanos
El segundo receptor de subvenciones estatales es el PP, con 49 millones repartidos entre 2020, 2021, 2022 y 2023. Mientras, Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, ha captado más de 33,4 millones, del Estado a través de estos dos ministerios. Por su parte, Podemos ha logrado la mitad que Vox -17,2 millones- y Ciudadanos, que ha decidido no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio, obtuvo casi 12,3 millones.
Menores cantidades, aunque importantes y por encima de los tres millones de euros, captaron Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -7,2 millones- ; Izquierda Unida -5,8 millones-; Partido Demócrata Europeo Catalán -4,9-; Partido Nacionalista Vasco (PNV) -3,6-; y Catalunya en Comú -3,45 millones-. Mientras, Bildu se hizo de 2,6 millones del Estado.
Si las subvenciones estatales son la principal fuente de financiación de los partidos, además de la afiliación, la seguridad de los partidos supone en torno a 12 millones de euros, repartidos según la representación. Cerca de tres millones cada año.
El pasado mes de marzo, poco antes de los comicios municipales y autonómicos celebrados el 28 de mayo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, instó en el Congreso de los Diputados a una urgente reforma de la financiación de los partidos políticos para mejorar su auditoría y supervisión. Alertó de las deficiencias de la ley de 2015 y las lagunas que se encuentra el organismo fiscalizador a la hora de auditar a las formaciones políticas.
‘Crowdfunding’ y microcréditos
La responsable del Tribunal de Cuentas puso en el punto de mira las subvenciones que se conceden para gastos de seguridad, el poco rigor a la hora de presentar las cuentas anuales y otras fórmulas de financiación, como las donaciones, los microcréditos y el crowdfunding. También abogó por mayores sanciones en el caso de que no se presenten las cuentas anuales a tiempo.
La presidenta del Tribunal de Cuentas también instó a mejoras en el seguimiento de la financiación privada de las formaciones políticas. Abogó por limitar los ingresos en efectivo, justificando documentalmente el origen del dinero y exigiendo una declaración jurada a los donantes donde hagan constar que no tienen contratos con el sector público.
Otra recomendación que hizo Chicano iba dirigida a las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa, que tendrán que ajustar su actividad económica «con objeto de alcanzar el equilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento en relación con las fundaciones». En 2017 dos formaciones políticas, de los 25 fiscalizados ese año, tuvieron patrimonio negativo.
