La Guardia Civil estalla contra Marlaska por privilegiar a la Policía con 6.000 agentes más
Las asociaciones más importantes de la Guardia Civil denuncian que la última oferta de empleo público «discrimina y abandona» al Cuerpo
«Abandono y discriminación». Es el sentir que reina entre la mayoría de los guardias civiles tras la última oferta de empleo público (OPE) que aprobará en los próximos días el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio del Interior, para acceder al Instituto Armado. En total, según confirman fuentes de la Benemérita a THE OBJECTIVE, se convocarán 2.100 plazas, entre las que también se incluyen las de promoción interna. Una cifra que ha provocando un hondo malestar en todas las asociaciones profesionales del Cuerpo por el agravio comparativo con la Policía Nacional, para la que se ofertarán 2.600 vacantes.
Tanto es así que por primera vez la siete organizaciones con representación en el Consejo de la Benemérita —Jucil, AUGC, Unión de Oficiales, ASES-GC, Asociación de Cabos, AEGC e IGC— han firmado de manera conjunta un comunicado en el que denuncian que la OPE contempla «más efectivos de Policía Nacional que de Guardia Civil sin que exista justificación para ello». Lo que, a su juicio, deja entre el personal «una extraña e incomprensible sensación de abandono y discriminación».
«Parece que exista una manifiesta voluntad política de debilitar al Cuerpo, no se puede entender de otra forma esta reiterada discriminación con la Guardia Civil», denuncian las asociaciones.
Deficit de personal
Pese a que la convocatoria de plazas para el Instituto Armado se ha incrementado un 0,5% respecto a 2022, cuando se convocaron 2.089 puestos, los guardias civiles denuncian que la oferta sigue siendo insuficiente para suplir la falta de personal que sufre desde hace años el Cuerpo. La prueba, sin ir más lejos, está en la tasa de reposición, según denuncian las asociaciones profesionales.
Aunque esta tasa es de un 125% en las fuerzas de seguridad del Estado, desde 2017 la Guardia Civil ha visto mermada la reposición de sus efectivos frente a la Policía Nacional, que solo tiene 10.000 integrantes más, lo que, en la práctica, ha supuesto que «haya mayor cantidad de bajas que cubrir en la Benemérita», censuran. Frente a este último, sin embargo, en los últimos cuatro años el Instituto Armado, critican, ha perdido 6.000 efectivos respecto a la Policía, en base a los datos del boletín estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas.
«A este ritmo, en cuatro años la Policía tendrá más efectivos que la Guardia Civil cuando ésta debe atender a los ciudadanos hasta el pueblo más pequeño en todo el territorio nacional y enfrentándose a una dispersión geográfica mucho más amplia que Policía Nacional, con más de 1.800 puestos de seguridad ciudadana que a duras penas pueden abrir sus puertas un par de días a la semana o disponer de una patrulla para atender a varios núcleos de población», advierten las siete organizaciones.
El problema afecta de lleno a la mayoría especialidades. Por ejemplo, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tiene «un déficit de 1.500 efectivos», un asunto que ha admitido, aunque sin dar cifras, la propia jefatura de este grupo. «Las unidades de investigación dejan de descansar para atender las investigaciones en curso; y el servicio marítimo no puede atender mínimamente la vigilancia del litoral… La falta de agentes es un problema de tal magnitud que si no se soluciona acabará con el Cuerpo en el corto/medio plazo, necesitamos medidas urgentes», reclaman al Ministerio del Interior.
El DAO de la Guardia Civil
Este desafío incluso está presente en el discurso de algunos mandos del Instituto Armado. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Pablo Salas, defendió en una entrevista que el cambio «más inmediato» que se requería en el Cuerpo era «revertir lo más rápidamente posible el déficit de efectivos» que aún se arrastra por las restricciones presupuestarias aplicadas durante la última crisis económica. «No podemos acostumbrarnos a estar siempre bajo mínimos, pues esto repercute directamente en la prestación del servicio», reconoció el teniente general, en una entrevista publicada en la revista que edita la asociación profesional Unión de Oficiales.