La Policía condecora cuatro años después a un agente jubilado por las cargas del 'procés'
Álvaro González, antidisturbios, será condecorado con una placa emblema por su intervención en la Ciudad Condal
Cargas contra los agentes, en Barcelona. | TO
La Policía Nacional condecorará con una placa emblema a Álvaro González, el antidisturbios destinado en Barcelona que resultó herido en la cabeza tras ser alcanzado por un objeto de metal en las cargas por la sentencia del procés el 14 de octubre de 2019, y uno de los tres agentes a los que la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, jubiló anticipadamente a causa las secuelas físicas, consecuencia de las agresiones que sufrieron durante la intervención policial en la ciudad condal.
El Cuerpo Nacional de Policía ha decidido otorgar esta distinción en las próximas semanas al agente retirado, según ha podido saber THE OBJECTIVE. Lo hace, sin embargo, casi cuatro años después de que fuese agredido en las calles de Barcelona. Y mucho más tarde que sus otros dos compañeros, Iván A. y Angel H., dos agentes de la UIP que también sufrieron lesiones en la cabeza y en el brazo. En su caso, ambos recibieron la cruz al mérito policial de manos del jefe superior de Policía de Galicia, en enero de 2021.
La historia de Álvaro, pese a ser similar, ha sido ignorada hasta ahora. Una realidad que él mismo denunciaba en una entrevista reciente con el sindicato mayoritario de Policía, Jupol. En la misma, González criticaba «al abandono de la Administración» y la diferencia de criterios que ha existido dentro de la Policía Nacional para distinguir a unos y otros agentes. «Todos hicieron el mismo trabajo, y por ello, todos deben ser tratados igualmente», señalan desde Jupol.
«Decidí volver»
Según relata este antidisturbios, jubilado desde julio de 2021, aquel día, en las cercanías de Vía Laietana, en Barcelona, primero «le impactó una botella en la mano» y después, otro, por el que, directamente «cayó inconsciente». «Yo estaba en el grupo II de los antidisturbios, con el equipo de mando del jefe de la unidad. De repente, me cayó una botella en la mano, se me hinchó, pero al ver que no tenía nada grave, y no tenía ninguna rotura, decidí volver».
Una vez regresó, las cargas eran aún más violentas. «Nos lanzaban piedras, hachas, picos, objetivos muy contundentes… Incluso bolas de metal con tirachinas. A las 20.00 horas, sentí un impacto fuerte y caí inconsciente. Me sacaron entre cuatro o cinco compañeros, pensaba que había muerto. He estado mal. Estuve en el hospital ingresado varios días. Tuve un traumatismo craneoencefálico. Estuve luchando…», cuenta. Después, la Dirección General lo declaró como no apto para el servicio. Sus secuelas le impedían el ejercicio profesional, no podía siquiera hacer labores de oficina.
Abandonados por Interior
Este agente, no obstante, no es el único que se ha sentido «apartado y olvidado» por la Administración. Similar es el caso de otros 45 compañeros, también antidisturbios, a los que el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona de Barcelona acusa de un delito de lesiones y de otro de torturas por su intervención policial durante el 1-O en Cataluña.
De ser condenados por este último, supondría su expulsión inmediata del Cuerpo. «Esto es lo que quieren, es a lo que juegan, a condenarnos psicológicamente mientras avanza el proceso judicial, aunque seamos después absueltos. Ya han pasado cinco años, ahora quedan por delante al menos otros 15 imputados por esos delitos, entre instancias y recursos, hasta que todo llegue al Tribunal Supremo», denuncian a este periódico.
«Estamos machados psicológicamente. Nos sentimos derrotados. Esta batalla ya la han ganado ellos. Aquel día, el ministro —Juan Ignacio Zoido— nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Ni unidad, ni leches. Todo era humo y política. Lo que no pensábamos es que nos dejarían tirados. En todos estos años, no hemos recibido ni siquiera una llamada. No hubo apoyo del anterior ministro ni lo hay ahora de Marlaska. No hemos recibido ayuda psicológica ni jurídica».
El sentir de la mayoría, según revelan a THE OBJECTIVE, es el de una «total desesperanza». No solo a raíz del auto en el que el juez concluye que los responsables del operativo «no cumplieron sus obligaciones de supervisión», y sus subordinados actuaron de forma «desproporcionada«; sino desde hace años. «Nosotros actuamos respaldados por nuestros jefes, pero después, todos se limpiaron las manos. La prueba es no hay nadie con traje ni ningún alto mando imputado», denuncian.
