Interior cede y se compromete a subir el sueldo de los agentes tras el revés de la Audiencia

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha cedido y «se ha comprometido a trabajar para seguir mejorando las condiciones laborales de policías y guardias civiles», tras el revés de la Audiencia Nacional. En una sentencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 falló que Interior debía renegociar la equiparación salarial con asociaciones y sindicatos después de no cumplir con la tercera y octava cláusula del acuerdo. 

Desde el área de Grande-Marlaska, las fuentes consultadas por este periódico destilan optimismo, aunque no dicen cuándo ni cómo. «Tras completar en esta legislatura una subida de sueldo del 38 por ciento de media para los agentes de los dos cuerpos, el Ministerio seguirá trabajando en la mejora de sus condiciones», trasladan. 

Tras decenas de movilizaciones, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmó la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los cuerpos autónomicos en 2018. Un compromiso de 800 millones de euros por el que los agentes han visto incrementado su salario progresivamente hasta 2021. Los sindicatos, sin embargo, siempre han denunciado que el convenio firmado no supuso una igualdad salarial real, sobre todo, en relación con las pensiones. 

600 euros menos de pensión

De hecho, han sido numerosas las protestas de los últimos años en que policías y guardias han pedido la equiparación de sus pensiones con las de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral, quienes perciben hasta 600 euros más tras jubilarse. Policía Nacional y Guardia Civil, según explican los sindicatos, son los únicos funcionarios policiales que no tienen reconocida la necesidad de anticipar la jubilación y cuando acceden a ella lo hacen con un menoscabo económico del 30%.

Las dos organizaciones decanas de ambos cuerpos, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acudieron a los tribunales en octubre de 2021 ante la inactividad de la Administración, pues en una resolución en enero de 2022, la Secretaría de Seguridad de Estado se negó a trasladar al Consejo de Ministros el cumplimiento de las dos cláusulas, tras la petición de la AUGC.

De este modo, hasta ahora, Interior ha eludido destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios económicos para el reingreso de los agentes en segunda actividad al servicio activo, tal como recoge el tercer punto del acuerdo; y el compromiso de promover la aprobación de una ley que evite disfunciones salariales entre los cuerpos policiales españoles en el futuro, que recoge el octavo.

«Cuanto antes»

La resolución judicial, sin embargo, da pocas opciones de maniobra al área de Fernando Grande-Marlaska. El fallo dice que «habrá de procurar, con todos los medios a su alcance cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos». Aunque, señalan los magistrados «no le es jurídicamente exigible que consiga la tramitación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que incluya entre sus partidas las necesarias para cumplir con el incremento retributivo», estos compromisos pueden «ser asumidos por el Gobierno de España». 

«La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y los guardias civiles cuanto antes», insiste la Audiencia Nacional de lo Contencioso Administrativo. No obstante, matizan, al precisarse de una ley presupuestaria, es el Ejecutivo quien debe presentar un proyecto de ley, a instancias de Interior, que recoja el cumplimiento total del acuerdo.  De no incorporarse a esta norma lo acordado, los magistrados indican que el Ministerio deberá iniciar una «renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes», es decir, con quienes se firmó hace 4 años el acuerdo salarial..