Amnistía Internacional acusa al Gobierno de ocultar 80 muertes más en la valla de Melilla

Un informe de Amnistía Internacional eleva a más de un centenar los fallecimientos en la valla de Melilla el pasado 24 de junio y acusa al Ministerio del Interior de ocultar 80 de ellos, puesto que, según defiende esta oenegé, todos estos hechos ocurrieron «bajo jurisdicción española», y hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna investigación judicial al respecto para dilucidar lo que ocurrió. Ni por parte de España ni de Marruecos. Estos datos contrastan con la versión que ha mantenido el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska desde que se produjo la tragedia: hubo 23 muertos pero ninguno pereció en territorio nacional. 

Amnistía defiende que hace un año alrededor de 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera por el puesto fronterizo de Barrio Chico y que, tras la intervención de las fuerzas policiales a ambos lados de la frontera 37 personas fallecieron y el número de desaparecidos sería al menos 76. Con lo que, según la investigación de este organismo, un total de 103 ciudadanos africanos habrían perdido la vida en el asalto a la valla. Una parte, tras haber sido víctimas del «embudo humano» que se originó en la entrada de la aduana española; y la otra, en los autobuses marroquíes, tras no ser atendidos por los servicios médicos. 

Esta oenegé denuncia que durante horas cientos de personas heridas permanecieron en el puesto fronterizo sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria. A pesar de que al menos una ambulancia de Cruz Roja estaba en la zona, señalan, no se requirió que interviniese. Interior defendió siempre la imposibilidad de hacerlo debido a la brutalidad con la que los inmigrantes intentaban cruzar la frontera. 

El traslado ‘mortal’ en autobús

«En el lado marroquí, las ambulancias no llegaron hasta dos horas después de todo lo sucedido. Algunas de las personas heridas permanecieron allí hasta 10 horas sin recibir ningún tipo de atención médica», relatan en el informe. Posteriormente, unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas de Marruecos, algunas de ellas, indica Amnistía Internacional, «fueron trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la valla». 

«Las autoridades españolas no han querido pronunciarse nunca por la actuación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes —el Gobierno siempre aplaudió la intervención de la gendarmería—, pero la información disponible indica que las vallas construidas por España y los puestos fronterizos, incluyendo el de Barrio Chino  están en territorio español, por lo que claramente los hechos ocurrieron bajo jurisdicción española, por lo que hay una obligación de investigar todas las actuaciones que allí ocurrieron», denuncia la oenegé.

Esta institución basa su acusación en distintos testimonios de testigos que acreditan que muchos de los inmigrantes que fueron trasladadas en autobús lo hicieron «sin recibir ningún tipo de asistencia médica a pesar de la gravedad de las lesiones». Por lo que algunos «murieron en dicho traslado» y otros, también heridos, tras ser abandonados a su suerte al sur de Marruecos. 

Sin investigación

Pese a lo ocurrido, las autoridades marroquíes «han obstaculizado las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas». En este sentido, tampoco «se ha abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos de la frontera», denuncia Amnistía Internacional. La única autoridad, dejando a un lado al Defensor del Pueblo, que se ha pronunciado sobre la actuación de la policía española ha sido la Fiscalía, quien archivó la causa al no advertir indicios de delito en el trabajo de los agentes. 

Circunstancias que han desencadenado, según otro informe de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que 87 inmigrantes de los que protagonizaron el asalto a la valla de Melilla aún se encuentren detenidos en Nador y otras cárceles del país. Del mismo modo, no hay información pública sobre los juicio a estas personas ni sobre el paradero del resto que fueron trasladas y que, en muchos casos, jamás volvieron a su casa. 

Respecto a los fallecidos, indica esta oenegé, la mayoría de los cuerpos permanecen aún en la morgue de Nador. Las autoridades del país alauí han declarado que no enterrarán los cadáveres sin identificación, pero tampoco facilitan esta gestión a las familias de las víctimas. Estas últimas no han podido todavía viajar a Marruecos, bien porqué les han denegado el visado o, directamente no han podido pagarse el billete de avión.  

Cabe destacar que trabajos periodísticos internacionales, como el caso de Lighthouse Resorts o la BBC, también han acreditado que se produjeron muertos en el lado español a partir de distintas pruebas: grabaciones inéditas del helicóptero de la Guardia Civil, reconstrucciones digitales a partir e imágenes reales, y testimonios de funcionarios y testigos. La investigación muestra como los agentes del país alauí actuaron violentamente contra los inmigrantes y los policías españoles no atendieron a ninguna víctima del amontonamiento.