Los traductores del Congreso trabajarán en remoto para ahorrar costes
Esa fórmula permitirá a la Cámara baja no pagar dietas y no realizar un desembolso en cabinas
Desde su casa o desde la playa. Los intérpretes de las lenguas cooficiales en el Congreso trabajarán en remoto, como ya hicieron este martes, durante el primer pleno que lo permitió. Una fórmula que contrasta con lo que sucede en el Senado o en las instituciones europeas, donde los traductores acuden físicamente y cuentan con espacios habilitados para desarrollar su trabajo. Los profesionales afirman que esa fórmula permitirá a la Cámara baja ahorrar en dietas y en cabinas, pero reconocen que la calidad técnica se resiente.
El Congreso dedicará 280.000 euros hasta final de año para costear los gastos derivados del uso de las lenguas cooficiales en los plenos. Esa cantidad incluye los 46.000 euros que cuesta alquilar los transmisores, los 7.600 euros invertidos en auriculares y unos 218.000 euros para pagar a los traductores. Cada uno recibirá un máximo de 15.000 euros más IVA (contrato menor) por sus servicios. Su remuneración varía entre los 300 y 550 euros por sesión.
La cifra excluye una partida económica para dietas, desplazamientos y alojamiento, por lo que los traductores trabajarán a distancia, en muchos casos sin las condiciones que requiere este tipo de servicios, recalcan los profesionales consultados por THE OBJECTIVE. Los intérpretes sospechan que el Congreso ha optado por esa fórmula para ahorrarse los gastos derivados, que podría rondar el medio millón de euros según sus cálculos.
La opción más económica
«Trabajar en remoto no es habitual. En esta ocasión es una cuestión de coste», sostiene Pelayo Zulueta, de la Asociación de Traductores e Intérpretes (ASTI). El director de esta empresa, que ofrece el soporte técnico para la traducción de las lenguas cooficiales en el Congreso, afirma que ofreció diferentes posibilidades, pero que sus interlocutores optaron por la opción más económica. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión oficial.
La fórmula elegida no incluía intérpretes. El Congreso decidió contratarlos por su cuenta, así que echaron mano de los que prestan servicio en el Senado. La Cámara alta convocó un proceso para seleccionar especialistas en 2005, cuando se decidió usar las lenguas cooficiales en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Fueron elegidos un total de 25 intérpretes y traductores que son reclamados para los plenos desde que entró en vigor la reforma de su reglamento, en enero de 2011.
El Congreso dispondrá a partir de ahora de 12 de esos intérpretes, aunque no se descarta que en los próximos meses se dispongan nuevas condiciones. Todos trabajarán en remoto porque la Cámara baja no ha dispuesto cabinas en sus instalaciones. «El hemiciclo no es el lugar más adecuado. No hay espacio físico para habilitar tres cabinas (una para el vasco, otra para el gallego y una tercera para el catalán)», reconoce Zulueta. En su lugar, los traductores reciben una señal de televisión.
Es la misma que les llegaría a los intérpretes si colocasen las cabinas en salas aledañas al hemiciclo. «Ya que de todas maneras tienen que enviarles unas imágenes, me parece lógico que hayan optado por la opción de trabajar en remoto», insiste el director de ASTI. En muchos casos habilitando en su casa un espacio que no cumple la normativa de una cabina ISO 2603, que requiere equipos avanzados, conexión estable a Internet y un entorno silencioso.
Un hub de interpretación
ASTI ofreció al Congreso utilizar el hub de interpretación que tienen en San Sebastián de los Reyes (Madrid). En ese estudio, desarrollado durante la pandemia, cuando estos servicios comenzaron a realizarse a distancia, estarían juntos todos los intérpretes. Esos sí, cada uno trabajaría en una cabina profesional, con un equipo de última generación y con atención técnica por si surge algún problema inesperado.
«Trabajar en remoto supone un ahorro enorme desde el punto de vista económico. Así no es necesario pagar dietas durante tres días, alojamiento y desplazamientos», indica Pelayo. Como son 12 intérpretes, los expertos consideran que el ahorro alcanzaría los 10.000 euros por sesión, lo que a final de año podría superar los 400.000 euros.
Los traductores reciben un primer plano de los intervinientes. El inconveniente es que pierden la visión global de la sala, por lo que dejan de observar el lenguaje corporal, algo que consideran «muy importante». La fórmula que utilizará el Congreso difiere de la que se utiliza en otros organismos, como el Parlamento Europeo o el Senado, donde los intérpretes acuden de forma presencial.
La Cámara alta cuenta con cabinas habilitadas en la Sala Europa. Las fuentes consultadas indican que la infraestructura existía antes de que se permitiera el uso de las lenguas cooficiales en 2011. El espacio se utilizaba para las recepciones internacionales. La sala recibía entonces ese nombre. Explican, eso sí, que el volumen de trabajo en el Senado es menor, ya que solo se traducen mociones en pleno y las intervenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.