Igualdad incumple en el 75% de sus contratos menores la exigencia de tres ofertas
Estos tienen escasa cuantía y su adjudicación es rápida, pero son poco transparentes
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Ministerio de Igualdad, que dirige en funciones Irene Montero, protagoniza la concesión de contratos menores. Estos tienen escasa cuantía y su adjudicación es rápida, pero son también especialmente poco transparentes. Entre otras cosas, no constan pliegos y tampoco existe concurso.
Un análisis realizado por THE OBJECTIVE a los últimos 120 contratos menores de Igualdad, adjudicados a dedo, muestra hasta 26 se habían concedido sin tener las tres ofertas que contempla la ley. La exigencia normativa busca dar mayor transparencia y concurrencia. La instrucción 1/2019 de 28 de febrero de 2019, de la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación, establece la necesidad de solicitar tres presupuestos o, en caso contrario, la justificación de no haberlos solicitado.
Esta disposición es totalmente obligatoria para los organismos de la Administración General de Estado. Sin embargo, algunas comunidades autónomas han legislado en contra de la norma. Su interpretación es que la adjudicación de contratos menores no es necesaria la valoración de diferentes licitadores. Las concesiones de servicios no deben superar los 14.999 euros, mientras las de obras no deben rebasar los 39.999 euros. Para eludir estas cuantías, no resulta ni mucho menos excepcional, el troceado, algo que es ilegal.
Igualdad y contratos a dedo
Aunque existen algunas excepciones puntuales para tener menos de tres presupuestos, que menos del 25% cuenten con 1 o 2 ofertas en el caso de Igualdad resulta cuando menos sorprendente. Otra de las claves es que estos contratos a dedo no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse.
Igualdad adjudica tres de cada cuatro de sus contratos a dedo -son menores-. Esta fórmula evita la fiscalización y siempre han estado en el punto de mira, entre otras cosas por las posibilidades de favoritismo. Los contratos menores pueden adjudicarse a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Mientras, la supervisión es mínima y del asunto se ha encargado en más de una ocasión el Tribunal de Cuentas desvelando la partición de contratos para saltarse los filtros.
El ministerio de Montero ha licitado en lo que va de legislatura 869 contratos, de los que 697 llevan el epígrafe de menores. Más de la mitad rozan la cifra límite para el control y un porcentaje muy destacable contempla 14.999 euros. En concreto, 97. Esta cantidad es suficiente para saltarse múltiples controles de transparencia y la obligación de convocar un concurso público para licitar un servicio.
Menos burocracia y menos transparencia
Además, los contratos menores evitan meses de demora en la concesión, ya que no tienen que afrontar los plazos de presentación de ofertas. También eluden el estudio de éstas por una mesa de contratación y cualquier tipo de contratiempo, como los recursos de las empresas que aspiran a ellos.
La fórmula elegida por el ministerio de Montero evita los trámites del concurso, unas reglas claras para elegir ganadores e impide que muchas empresas acudan, aunque sea para suministrar tóner o cambiar los folios de las impresoras de los departamentos de Igualdad. En torno al 10% de los contratos menores de los organismos públicos rozan los 15.000 euros, el límite para que sean fiscalizados.
Estudios sobre género, homofobia y transfobia, actos del 8-M -que se repiten cada año-, renovaciones informáticas, una biografía de Dolores Ibárruri La Pasionaria o el mantenimiento eléctrico y de comunicaciones, podrían ser cuestionados en una auditoria del Tribunal de Cuentas, que en su fiscalización de los contratos menores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dejó claro que la adjudicaciones menores a 15.000 euros solo deben utilizarse para satisfacer necesidades concretas y perfectamente definidas.
El abuso del contrato menor
Desde enero de 2020 se han ejecutado nada menos de 1,3 millones de contratos menores de obras, servicios y suministros. Mayoritariamente tienen importes muy pequeños, pero si analizamos los de obras que están el franja de 13.333 a 39.999 euros, nos encontramos que el 11% -4.969- se sitúan entre 39.900 y 39.999. Esto implica que las administraciones exprimen este mecanismo para evitar trámites y eludir controles y publicidad.
En el caso de suministros y servicios sucede algo muy similar. En la franja de entre 5.000 y 14.999 se concedieron 243.000 contratos desde 2000. De estos, 29.548 se dieron por un importe de 14.900 y 14.999 euros. Esto representa el 12,1%. Dentro de los contratos menores también hay un buen número que pueden considerase ilegales. Son los que suman 15.000 euros o más en obras y servicios y 40.000 o más en obra. Normalmente se deben a errores y al desconocimiento del adjudicador.
