La Fiscalía de Canarias lanza un mensaje de socorro ante la avalancha de inmigrantes
El fiscal jefe de Tenerife admite una «situación de desborde» que impide verificar la edad de quienes dicen ser menores
Una patera procedente de Senegal llega a la playa de Los Cristianos, Tenerife, con sus 12 pasajeros en buen estado de salud tras siete días en el mar. Marzo de 2022. | Europa Press
El jefe de la Fiscalía Provincial de Tenerife lanza un mensaje de socorro por la actual «crisis migratoria» en Canarias. Admite que las «constantes llegadas de cayucos y pateras», tanto en esa isla como en El Hierro, han desbordado al Ministerio Público en Tenerife. Y añade, en una nota interna a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que está siendo «imposible acometer el trabajo» para, entre otras tareas, verificar la edad real de los inmigrantes que ingresan en Canarias diciendo ser menores no acompañados.
En el documento, el fiscal jefe de Tenerife revela un «desproporcionado e insoportable aumento de trabajo para los fiscales adscritos a la Sección de Trata y Extranjería de la Audiencia Provincial». Una sección que se encuentra huérfana desde hace semanas. La última fiscal delegada de Extranjería del Ministerio Público en Tenerife, Carolina Barrio, cesó el pasado 7 de septiembre para irse a Eurojust, un organismo europeo con sede en La Haya, según consta en el BOE. Nadie quiere ocupar su plaza. Ha quedado desierta.
La Fiscalía General del Estado (FGE) había aprobado a mediados de junio la salida a Europa de la fiscal delegada de Extranjería en Tenerife. Sin embargo, cuatro meses después, su plaza solo ha podido ser cubierta de forma interina y temporal en plena oleada de inmigrantes que arriban en cayucos y pateras a las costas del sur de Tenerife, y de los que han sido trasladados desde El Hierro. Tan solo en la última semana han llegado al menos 2.500 migrantes a Canarias, según datos de Salvamento Marítimo.
Descontrol con los ‘menas’
En la nota interna que revela THE OBJECTIVE, el fiscal jefe provincial de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, admite que todas medidas adoptadas para intentar capear la situación actual migratoria «se han demostrado insuficientes, en especial en cuanto a los expedientes de determinación de edad de los menores no acompañados (menas) que arriban en dichas embarcaciones».
Tras la salida de la exfiscal delegada de Extranjería Carolina Barrio a La Haya, ningún miembro de la plantilla de la carrera fiscal ha pedido el traslado para ocupar su plaza. Una situación que está empezando a evidenciar un panorama de descoordinación entre los ministerios de Justicia e Interior para afrontar la actual crisis migratoria que se vive en Tenerife y devolver a sus países de origen a los inmigrantes indocumentados.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan a Madrid y lamentan la falta de ayuda e interés por parte de la Fiscalía de Sala de Extranjería y la Fiscalía General del Estado (FGE) para atajar la situación y establecer protocolos de actuación coordinada. Tras el cese de la delegada provincial de Extranjería, una fiscal de Arona (sur de Tenerife) recibió el encargo de asumir temporalmente sus tareas de coordinación. Además, otro fiscal de Granadilla de Abona se había quedado a cargo provisionalmente de realizar las tareas de verificar las edades de los menores no acompañados que llegan en cayucos y pateras al sur de Tenerife, y también de los que son trasladados desde El Hierro.
Fuentes policiales aseguran que, ante la actual situación de colapso de la Fiscalía y sus dificultades para comprobar las edades reales de los menas, muchos recién llegados a Canarias se hacen pasar por menores de edad sin serlo. La ley prohíbe retornar a los menas a sus países, por lo que automáticamente quedan registrados como solicitantes de asilo como menores de edad, a la espera de que se tramiten sus expedientes en los juzgados para verificar sus edades reales.
«Están admitiendo como menas a tíos de 30 años», afirman fuentes policiales a este diario. Lamentan que la ausencia de un fiscal delegado provincial de Extranjería está dificultando la actuación de la Policía Nacional y denuncian la falta de coordinación entre los ministerios de Justicia e Interior para devolver a sus países de origen a los inmigrantes que llegan de forma irregular.
La crisis desborda a la Fiscalía
Los dos fiscales de Arona y Granadilla asignados temporalmente como refuerzo tras la salida de Carolina Barrio a La Haya, no dan abasto para poder compaginar sus tareas habituales con las derivadas de la actual crisis migratoria. Tampoco consiguen cubrir el vacío que vive la delegación provincial de Trata y Extranjería de la Fiscalía de Tenerife desde la salida de Barrio a Eurojust, según se desprende de la nota interna del fiscal jefe provincial.
En referencia al fiscal que temporalmente se encuentra a cargo de tramitar los expedientes con las pruebas radiológicas para determinar la edad de los inmigrantes, Sánchez-Jáuregui admite que ese funcionario «sigue estando sujeto al régimen ordinario de reparto y guardias del juzgado de Granadilla, lo que es imposible de compaginar con el volumen de trabajo generado en el Servicio de Trata y Extranjería».
«Idéntica situación de desborde que en la tramitación de los expedientes, especialmente en las determinaciones de edad de los Menores No Acompañados, se produce para los funcionarios de esta Fiscalía, pues aunque entró un funcionario de guardia en apoyo al funcionario de extranjería, dicha situación no puede solventar la acumulación de expedientes», explica Sánchez-Jáuregui en el documento interno.
El fiscal moviliza a todos sus efectivos
Por eso, el fiscal jefe de Tenerife acuerda una serie de medidas y anuncia una reestructuración temporal de la plantilla. Durante el próximo mes, moviliza a fiscales de prácticamente todos los rincones de la isla y les da atribuciones temporales en materia migratoria para poder atender la emergencia mientras se cubre la vacante dejada por la exfiscal delegada de Extranjería en la isla.
Como sustituto de esta última, con carácter interino, temporal y con plenos poderes, el fiscal jefe también nombra a un nuevo «fiscal encargado» durante el plazo de un mes a contar desde el pasado 13 de octubre. «Se acuerda que desde esta fecha TODOS (sic) los funcionarios que estén apuntados al turno de guardia de extranjería despacharán también de forma proporcional, se encuentren o no de guardia, los procedimientos que se determinen por el fiscal encargado, de tal forma que cuando entren de guardia contarán con la colaboración de todos sus compañeros», indica la orden del fiscal jefe de Tenerife.
En el documento, se abre la puerta a prorrogar la medida por otro periodo de dos meses esta situación de interinidad, «hasta que se regularice la situación y se pueda dar trámite a todos los expedientes ya ingresados y que previsiblemente ingresarán en el servicio». No obstante, el fiscal jefe provincial también pide con urgencia a la FGE que se proceda a cubrir la plaza vacante de fiscal delegado para Trata y Extranjería de la Audiencia Provincial de Tenerife.
Los abogados y el colapso
No solo la Fiscalía y fuentes policiales denuncian esta situación de colapso para absorber la oleada migratoria procedente de El Hierro y poder verificar las edades reales de quienes dicen ser menores no acompañados. «La situación desde el pasado fin de semana está completamente desbordada, el sistema está colapsado», asegura Mila Pacheco, vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, del que depende El Hierro.
En este mes de este octubre, la isla más occidental de todas las Canarias está registrando llegadas continuas de cayucos procedentes de las costas africanas. Ante la escasez de abogados, policías y fiscales en El Hierro, los migrantes han estado siendo trasladados a Tenerife, donde se les ha ofrecido asistencia jurídica en el momento de la notificación de la orden de devolución.
«Nos hemos organizado bien, de tal manera que cada letrado atiende a seis migrantes de cada patera, tenemos un listado suficiente de abogados para atenderles», explica Pacheco. Sin embargo, ese flujo lleva varios días interrumpido, según el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, debido a la avalancha de nuevas llegadas. «Tienen 1.600 migrantes pendientes de detectar si son menores. No se están notificando órdenes de devolución y por eso no estamos interviniendo», añade.
