El TC suspende parcialmente la ley gallega que concede competencias a la Xunta en costas
Los magistrados también han acordado cancelar la aplicación de los preceptos recurridos
Tribunal Constitucional de España. | Carlos Luján / Europa Press
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite en su Pleno de este martes el recurso del Gobierno contra la ley gallega que concede a la Xunta competencias en la gestión de las costas, acordando al mismo tiempo la suspensión de los artículos impugnados, según ha informado la corte de garantías.
El recurso se dirige en concreto contra los artículos 10 y 11 y la disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
En dichos preceptos se recoge el «ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia para la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre» y la «prescripción de la obligación de restitución o reposición de la legalidad por infracciones reguladas en la normativa en materia de costas cometidas» en dicha zona.
Los magistrados también han acordado, a petición del Ejecutivo, suspender la aplicación de los preceptos recurridos, desde la fecha de interposición del recurso (28 de septiembre de 2023) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.
El Gobierno alega que los citados artículos podrían vulnerar las competencias del Estado para la determinación del régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral.
Presupuestos navarros
El TC también ha admitido a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra los apartados 1, 6 y 7 de la disposición final segunda de la Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023.
En este caso, el Ejecutivo alega que los preceptos impugnados vulneran la competencia estatal en materia de «legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas».
