El Tribunal Constitucional solo admite el 1,8% de los recursos de amparo que recibe
La corte presentará en unas semanas el plan de choque que encargó Conde-Pumpido para aligerar los procedimientos
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. | EFE
Los números, como el algodón, no engañan. El Tribunal Constitucional recibe cada año miles de recursos de amparo, pero solo admite a trámite una exigua minoría. El año pasado el porcentaje aumentó hasta el 1,8%, pero aún así los casos que pasan el filtro son pocos. Las sentencias se retrasan durante meses para desesperación de aquellos ciudadanos e instituciones que piden protección. Una situación que puede cambiar con el plan de choque que encargó Cándido Conde-Pumpido nada más llegar a la presidencia de la corte de garantías. Se presentará en las próximas semanas.
En la Memoria de 2022, publicada el pasado jueves, el Constitucional revela que recibió 8.528 recursos de amparo, 158 más que el año anterior, aunque solo admitió a trámite 159 (12 en pleno y 147 repartidas entre las dos salas que componen la corte de garantías). Supone apenas un 1,8%. Una cifra superior a la del ejercicio precedente, cuando apenas se admitieron 133, esto es, un 1,6%.
El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Carta Magna al Constitucional. Estos procedimientos buscan proteger contra las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidas entre los artículos 14 al 29 y el 30.2 de la Constitución. Ciudadanos e instituciones acuden a la corte de garantías cuando están en desacuerdo con sentencias originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos.
Cambios en el Constitucional
El Constitucional vende cara la admisión a trámite de los recursos de amparo. En 2022 aceptó 159, un 1,8% del total, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, cuando apenas alcanzó el 1,6%. Ese porcentaje cayó más de un punto respecto a 2020, cuando la admisión de estos procedimientos superó el 2,7%, la cifra más alta en la última década y algo por encima del año anterior, cuando se dio entrada al 2,3%.
En 2018 la corte de garantías recibió 6.918 recursos de amparo, pero solo admitió 116, lo que supone el 1,7%. Algo más de medio punto por encima que el año anterior, cuando los recursos admitidos apenas supusieron el 1,1% del total. Mucho peor fue en 2016, cuando el porcentaje superó por poco el 1%, dos décimas por debajo que los procedimientos que el Constitucional admitió en 2015.
La peor cifra de la década se registró en 2014. Ese año se solicitaron 7.663 recursos de amparo, pero solo se admitieron 73 (ninguno de ellos en pleno), lo que supuso apenas el 0,9%. El año anterior el porcentaje fue casi el doble: el 1,7%. Unas cifras que se han disparado con la llegada de Conde-Pumpido a la presidencia del Constitucional.
Desde que el jurista gallego tomó las riendas de la corte de garantías el pasado enero, el número de recursos de amparo estimados ha experimentado un notable aumento. En el primer cuatrimestre de este año, según un avance estadístico publicado por el Constitucional, se han registrado 4.525 recursos, de los que se han admitido a trámite 210. La cifra constituye el 4,6% del total, casi el triple que el curso anterior.
En lo que va de año se han fallado 55 sentencias de estos procedimientos. La cifra no es baladí, ya que la demora en responder a los recursos de amparo es una de las demandas de justicia constitucional que más retraso conllevan. El año pasado el número de asuntos pendientes creció un 11%. La mayoría son recursos de amparo. Para combatir esa dinámica, Conde-Pumpido encargó a mediados de enero un plan de choque para poner al día el tribunal.
La propuesta fue aprobada por el Pleno el 15 de marzo. Las conclusiones se darán a conocer en las próximas semanas, precisan fuentes de la corte de garantías. El plan de choque está siendo confeccionado por un equipo de trabajo integrado por el secretario general del Constitucional, Andrés Gutiérrez; el secretario adjunto, Juan Carlos Duque; y el letrado adscrito al presidente, Ignacio Sánchez Yllera.
Uno de los elementos centrales de la iniciativa pasa por contratar al menos a ocho nuevos letrados, aunque podrían ser más. Desde su llegada a la presidencia, Conde-Pumpido se ha marcado la necesidad de acelerar las cuestiones que se eternizan en la corte de garantías. Una de sus primeras medidas fue agilizar los temas más candentes, entre ellos el debate sobre la ley del aborto, que llevaba varado más de una década.
