Conde-Pumpido encarga un plan de choque para agilizar los recursos pendientes en el TC
La intención es poner al día a la institución en un plazo de seis meses, para lo que se contratará a ocho nuevos letrados
Conde-Pumpido en una audiencia con el Rey. | Ballesteros (EFE)
El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no quiere perder el tiempo. Ha encargado este miércoles la confección de un plan de choque para poner al día en un plazo de seis meses la tramitación de los recursos de amparo, que actualmente se encuentra seriamente retrasada. Para hacerlo posible se contratará a ocho nuevos letrados. No obstante, la corte de garantías no ha detallado cuántos procesos están en marcha.
El plan de choque se confeccionará por un equipo de trabajo integrado por el secretario general del Constitucional, Andrés Gutiérrez, el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, y el letrado adscrito al presidente Ignacio Sánchez Yllera. El procedimiento se ha acordado en una reunión de trabajo celebrada en el despacho de Conde-Pumpido y a la que acudieron letrados que coordinan las especialidades del tribunal (civil, penal, social, contencioso-administrativo y parlamentario).
Para colaborar en esta puesta al día, el pleno gubernativo celebrado el pasado martes acordó la contratación de ocho nuevos letrados colaboradores, cuya convocatoria ya ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado. El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución a la corte de garantías.
El compromiso de Conde-Pumpido
Este proceso se utiliza para proteger a los ciudadanos frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos fundamentales, los recogidos en los que van del 14 al 29 y en el 30.2 de la Carta Magna. Estas vulneraciones pueden estar originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado. Su única pretensión es restablecer o preservar los derechos o libertades que promueven el recurso.
Conde-Pumpido no quiere perder el tiempo. El presidente del Constitucional quiere dilucidar cuanto antes los principales recursos de inconstitucionalidad que continúan varados en la institución. Así lo confirmó el pleno gubernativo del pasado martes, que elaboró un calendario para deliberar los temas más candentes. De esa manera, en el cónclave del 7 de febrero se abordará el debate sobre la ley del aborto promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que recurrió el PP.
La intención es llevar al siguiente pleno, el del 21 de febrero, el recurso contra la ley de eutanasia aprobada en marzo de 2021. PP y Vox presentaron sendas quejas ante la corte de garantías al entender que la norma atenta contra el derecho fundamental a la vida. No obstante, los magistrados rehusaron suspenderla de forma cautelar como pedía la formación que preside Santiago Abascal.
El pleno del 7 de marzo deliberará sobre la reforma de la ley Celáa, que generó gran controversia por eliminar la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular e impedir que los colegios concertados exijan cuotas a las familias por ofrecer enseñanzas gratuitas. El PP impugnó 16 artículos y dos disposiciones adicionales de la octava ley educativa de la democracia al entender que vulnera varios derechos fundamentales.
Conde-Pumpido ha adoptado ante sus colegas el compromiso de acelerar las resoluciones pendientes en el tribunal, «tanto las que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política». Así se lo ha hecho saber el presidente al resto de magistrados en el pleno gubernativo celebrado este martes, que también sirvió para elegir la nueva composición de las salas y de las secciones del Constitucional y repartir las ponencias entre sus cuatro nuevos miembros.
