Hacienda revela que el novio de Ayuso facturó 4,4 millones a Quirón entre 2021 y 2023
La Agencia Tributaria ha rastreado pagos de un millón de euros en 2021, cerca de dos en 2022 y 1,4 en 2023
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
Un informe de la Agencia Tributaria concluye que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de sus dos sociedades. Las operaciones fueron emitidas por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker en concepto de servicios de consultoría, sobre los que Hacienda ha detectado «indicios de simulación» al considerar que parte de los ingresos fueron canalizados por el empresario mediante la segunda mercantil, a la que el organismo ya había definido como una empresa «pantalla».
En total, fueron un millón de euros en 2021, cerca de dos millones en 2022 y 1,4 millones en 2023, correspondientes a los tres ejercicios examinados. En la primavera de 2021, salió a la luz la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque entonces no se concretó cuándo se había iniciado.
El documento de Hacienda también revela que el departamento de Grandes Contribuyentes mantiene una investigación abierta sobre Helios Healthcare, matriz del grupo sanitario Quirón, por actuar como representante fiscal del conjunto empresarial ante la Agencia Tributaria. Además, continúan las comprobaciones sobre Quirón Prevención relativas al Impuesto sobre Sociedades (2020-2023), el IVA (2021-2023) y las retenciones e ingresos a cuenta (2021-2023).
Aun así, la Agencia Tributaria ha solicitado al juez encargado del caso de González Amador que suspenda las actuaciones inspectoras respecto de ambas entidades. Considera que puede haber una posible conexión con el procedimiento penal en el que el empresario figura como investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda sostiene que el resultado de las inspecciones está condicionado por los hechos que finalmente se consideren acreditados en sede penal.
La Ley General Tributaria impide que la Inspección acuerde por iniciativa propia la paralización de estos procedimientos. La decisión debe proceder obligatoriamente del órgano judicial. Por ese motivo, Hacienda ha pedido formalmente al juzgado que decrete una suspensión parcial de la inspección tributaria y que se interrumpa «exclusivamente» la parte vinculada a la verificación de los servicios prestados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker.
Dos investigaciones abiertas
Actualmente, los tribunales mantienen abiertas dos causas penales diferenciadas relacionadas con González Amador, su actividad de facturación y sus vínculos con este grupo sanitario, cuyos hospitales recibieron casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024.
Por un lado, el comisionista está pendiente de juicio por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros cometido durante la pandemia mediante un entramado de facturas falsas. La Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda pública.
La segunda investigación, todavía en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo, en Plaza de Castilla (Madrid), se centra en la relación del empresario con Quirón Prevención y con uno de sus directivos, Fernando Camino. Tras varios meses sin avances, el juez ha encargado a la UCO un informe sobre las cuentas bancarias de González Amador. Esta línea de investigación analiza la adquisición por parte del empresario, por medio millón de euros, de una sociedad con escaso valor propiedad de la esposa de Camino, y trata de determinar si esa operación ocultaba realmente el pago de una comisión.