El TC evita que la Fiscalía se posicione sobre los 'ERE' en plena investidura de Sánchez

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado ampliar el plazo para presentar los informes sobre los recursos del caso ERE después de que la Fiscalía instase a esta prórroga aludiendo al enorme volumen material del procedimiento y de las sentencias relativas al mismo, según ha adelantado la Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Por su parte, fuentes fiscales han señalado a esta agencia de noticias que el Ministerio Público solicitó una prórroga de 30 días hábiles a contar desde el 8 de noviembre, la fecha en la que vencía el plazo para presentar los citados informes, que son necesarios para que el TC pueda decidir sobre el fondo del asunto. Se da la circunstancia de que ese día está previsto que se celebre el debate de investidura de Pedro Sánchez, por lo que el Constitucional evita así que la Fiscalía tenga que pronunciarse sobre un asunto capital en un contexto de gran turbulencia política.

Las mismas fuentes hacen hincapié en la relevancia social y política del objeto de los citados procedimientos, que, por su previsible trascendencia y proyección general en el ámbito jurídico y extrajurídico, impone un esfuerzo de responsabilidad adicional a la hora de fijar con claridad y fundamentar con solidez las conclusiones y las consiguientes pretensiones procesales de este órgano.

En esta línea, desde la Fiscalía señalan que, si bien actúan en la posición formal de parte en el procedimiento, deben ajustar de modo estricto su actuación material a los principios de imparcialidad y legalidad que igualmente confirman la identidad constitucional del propio Ministerio Público. Fue el pasado mes de junio cuando el tribunal de garantías admitió a trámite los recursos presentados por los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el caso ERE.

En septiembre, el Constitucional rechazó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por siete condenados por los ERE para suspender sus penas de prisión, al tiempo que aprobó la renuncia de Griñán a dicha medida cautelar después de que la Audiencia de Sevilla ya paralizara su entrada en la cárcel.

Aunque un total de doce condenados por los ERE pidieron amparo al Constitucional, solo ocho solicitaron la medida cautelar: Griñán, Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez.

De estos ocho, Griñán desistió de la medida cautelar después de que la Audiencia de Sevilla suspendiera durante cinco años su entrada en la cárcel al considerar que el tratamiento contra el cáncer de próstata que padece es incompatible con su estancia en un centro penitenciario.

La Sala Segunda dio entrada a los recursos de amparo por cuatro votos contra dos al considerar que en esta fase «no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes» Griñán, Chaves, la ex ministra socialista Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrias, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera.

Según detalló entonces la corte de garantías, los magistrados también tuvieron en cuenta que «los recursos de amparo plantean problemas jurídicos que afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional». Además, valoraron que «el asunto trasciende del caso concreto, debido a que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales».