La Eurocámara examinará las puertas giratorias y el desembarco de Delgado en la Fiscalía
La comisiones de Libertades y de Asuntos Jurídicos trabajan en un informe sobre el Estado de derecho en la UE
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado junto con el magistrado Cándido Conde-Pumpido. | Europa Press
El Parlamento Europeo deberá pronunciarse sobre las puertas giratorias judiciales y la reforma del delito de malversación en España. Lo hará a partir del trabajo de las comisiones de Libertades y Asuntos Jurídicos, que trabajan en un texto que mostrará la posición de la Eurocámara respecto el informe del Ejecutivo comunitario sobre la salud de Estado de Derecho en los países miembros. En ese documento, dado a conocer en julio, España no salió bien parada.
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ya ha hecho balance del informe de la Comisión Europea –ver texto-. Muestra su preocupación porque «algunos sistemas judiciales parecen sólidos en teoría, pero en algunos casos no son inmunes a la captura del Estado, la injerencia política o el nepotismo».
En apenas 16 páginas, de las que siete son introductorias, España aparece mencionada en tres ocasiones. Hungría y Polonia, con vulneraciones constantes del Estado de derecho, protagonizan buena parte del texto. En el caso de nuestro país, el borrador del informe alerta que todavía faltan por abordar temas preocupantes en el Consejo del Poder Judicial. Además, advierte de los retrasos en los nombramientos en organismos independientes. También señala que la sociedad civil española se enfrenta a «retos singulares».
Estado de derecho e independencia judicial
Este texto incorporará la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, cuyo presidente es el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez. THE OBJECTIVE ha tenido acceso al primer borrador, que ahora deberá ser discutido, enmendado y votado por los grupos políticos de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Según destaca Vázquez, el texto aborda numerosas cuestiones, «pero destacan, en particular, tres elementos que, de acabar incluidos en el texto final, pondrían de manifiesto la preocupación de la Eurocámara por algunas de las actuaciones del Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos«.
El informe de este órgano político del Parlamento Europeo, que no es vinculante, destaca la importancia de los consejos judiciales independientes. Estos, asegura, deben estar compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por sus pares. Además, deben contar autoridad sustancial sobre los procedimientos de selección, promoción y disciplina de jueces.
Puertas giratorias y Dolores Delgado
En cuanto a las puertas giratorias judiciales, Vázquez, que será ponente del informe, señala el caso de Dolores Delgado, nombrada fiscal general inmediatamente después de dejar el cargo de ministra de Justicia. «El problema de las puertas giratorias no se limita únicamente a preocupaciones sobre exministros que pasan al sector privado», señala. Este conflicto «se extiende a situaciones en las que individuos pueden asumir roles críticos dentro del poder judicial o la Fiscalía inmediatamente después de su servicio como ministros o afiliación a un partido político».
Se insta a la Comisión a tener en cuenta este tipo de casos en sus próximos informes sobre el Estado de derecho dentro de la Unión Europea. Además, reclama que se exija firmemente a los Estados miembros que se abstengan de estas prácticas. El método: la implementación de disposiciones legales que impidan de manera proactiva que exministros y altos funcionarios políticos asuman posiciones de liderazgo en los altos tribunales de justicia o la fiscalía. «Esto salvaguardaría la independencia y la integridad de estas instituciones clave», concluye.
Reforma de la malversación
Con respecto al delito de malversación, que tras la reforma fruto del acuerdo entre PSOE e independentistas ha reducido las penas, se reclama al Ejecutivo comunitario que incluya «una evaluación de la evolución de la legislación de los Estados miembros en los últimos años en relación con la supervisión de la utilización adecuada de fondos públicos, así como los mecanismos legales existentes para abordar cualquier uso indebido de fondos públicos».
Además, urge a la Comisión, que en los casos en que se encuentre que se han reducido los niveles de protección de los fondos públicos, se advierta al Estado miembro. «Se deberá solicitar la implementación inmediata de las medidas necesarias para rectificar esta situación», señala.
Vázquez indica que el texto parlamentario deberá ahora ser discutido, enmendado y votado. Destaca que cabe la posibilidad de que unos eurodiputados de ciertas nacionalidades pretendan excluir del texto alguno de los elementos anteriores. «Ya lo han hecho en el pasado diputados húngaros o polacos», destaca. Sin embargo, «no cabría esperar una actitud parecida de ningún diputado socialista español, aunque este temor no está descartado y no hablaría bien, frente a la UE, de nuestro país ni del Gobierno que ostenta el poder».
La ley de amnistía en la Eurocámara
El Parlamento Europeo celebrará la próxima semana un debate sobre el polémico acuerdo de amnistía alcanzado entre los socialistas españoles y los independentistas catalanes para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.
El Partido Popular Europeo, el grupo más numeroso del Parlamento, ha sido quien ha pedido el debate en medio de la preocupación por lo que describe como «el principio del fin del Estado de derecho» en España.
En una declaración conjunta, el presidente del PPE, Manfred Weber, y la jefa de su delegación española, Dolors Montserrat, han afirmado que el «pacto de amnistía corre el riesgo de vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial», haciéndose eco de las preocupaciones expresadas en los últimos días por el Consejo General del Poder Judicial.
Es probable que el PPE consiga el apoyo de otros grupos de centro y derecha antes de que el debate pueda incluirse formalmente en el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana.
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