¿Es necesario o conveniente recuperar el servicio militar obligatorio en España?

Bellum quam otium malunt. Si extraneus deest, domi hostem quaerunt ([Los hispanos] prefieren la guerra al descanso; si no encuentran enemigo extranjero, lo buscan en casa). Marcus Junianus Justinus, ‘Epítome de la Historia Filípica de Pompeius Trogus’, Liber XIVL, II, 2.

El terrible precio humano que Ucrania se está viendo obligada a pagar por librarse de la opresión e invasión rusa, y el enorme desgaste de la propia Rusia en el altar de las demenciales obsesiones de Putin, han reavivado en Europa el debate no resuelto sobre la conveniencia o no de volver al sistema del servicio militar obligatorio (SMO), o conscripción si se quiere, al observar que los esfuerzos de ambos contendientes con reclutamientos esporádicos y forzados apenas alcanzan a mantener los esfuerzos de guerra, además de que los reclutas carecen de formación militar y es preciso un largo adiestramiento antes de mandarlos al combate.

En España, pero no solo como veremos, otro factor ajeno a la guerra se añade a esta discusión: las renacidas fuerzas centrífugas que, tal vez paradójicamente, se manifiestan en forma de pequeños centralismos tipo reinos de Taifas, cuyos atractivos parecen ser la lengua local, con la que quieren expulsar la de todos y a sus hablantes, y lo folclórico. Esto suscita a los numerosos preocupados por la unidad nacional la reflexión de si un período pasado en compañía de otros jóvenes en parecidas circunstancias, pero procedentes de una Taifa distinta, sometidos a una disciplina, y viviendo en otro lugar de España, diferente del de origen, podría contribuir a despejar las telarañas mentales que les mantiene atados al terruño y a las entrañables (pero insignificantes si se miran con ojos cosmopolitas) peculiaridades de su región.

Ello se podría fácilmente hacer al amparo de la Constitución española –aunque no exactamente el documento más respetado hoy- que dice en su Art. 30.2: «La Ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria». La supresión del SMO, por lo tanto, podría ser revocada legalmente por Ley, si el Gobierno y las Cortes lo considerasen necesario, anulando la vigente Ley Orgánica que regula la defensa nacional. Desde el punto de vista formal, en consecuencia, la pregunta es legítima y las posibles respuestas serían posibles y legales, aunque como dirían los habitantes de una de esas modernas Taifas: depende.

Breve historia del SMO

La conscripción universal es un desarrollo relativamente moderno. Antes de la Revolución Francesa no había un sistema uniforme para formar los ejércitos que tan frecuentemente combatían en Europa unos con otros, pero la Edad Moderna prácticamente consolidó un modelo de recluta, adiestramiento y remuneración no muy diferente del que regía en el mercado general del trabajo. Los ejércitos eran una profesión que para atraer candidatos competía con la agricultura, la artesanía, la construcción, o los otros cientos de actividades diferentes en las que un joven podía ganarse la vida. Al menos en las fuerzas terrestres, porque en las navales, de peor consideración social, el sistema que predominó en ese período fue el de recluta forzosa, a base de piquetes que se llevaban sin miramientos a cualquiera que pareciese ocioso.

En todo caso, ya durante el siglo XVIII se apreciaba una tendencia hacia la obligación de servir al Rey con las armas, aunque muy desvirtuada por las numerosas exenciones, compradas o de oficio, pero ello no se solidificó hasta que la Revolución Francesa consagró el principio del «pueblo en armas» (en otras versiones «el ejército como columna vertebral de la nación», con parecidos resultados). Ello trajo varios efectos: el Estado pudo aliviar el gasto de personal en las fuerzas armadas, se «democratizó» la recluta, limitándose las exenciones, y las fuerzas se ideologizaron en el sentido de que su antigua fidelidad personal al Rey se transmutó en fidelidad a la patria y sus valores.

Esto a su vez dificultó el reclutamiento de extranjeros, hasta entonces moneda común en todos los ejércitos, desde la tropa (los Tercios que sirvieron a los Austrias españoles en sus múltiples guerras en Europa tenían lansquenetes alemanes, valones, italianos o suizos, encuadrados en regimientos, compañías u otras unidades de nacionalidad homogénea; más permanentes fueron los casos de los regimientos irlandeses Irlanda, Ultonia e Hibernia, así como los suizos que venían sirviendo a España desde los Austrias y que duraron hasta finales del XVIII) hasta los oficiales de los más altos empleos, como Ambrosio Spínola, Alejandro Farnesio o el Duque de Saboya, a menudo porque en la Italia del siglo XVIII era frecuente entre las familias nobles enviar a sus segundones a hacer carrera militar bajo otra bandera para traer nuevos honores a la familia, y la de los Reyes de España solía ser la preferida para este fin.

La históricamente baja consideración social de la marinería y su adscripción indiferente a barcos, donde simplemente se mezclaban con otras nacionalidades sin constituir unidades afines como en el Ejército, no ha dejado nombres para la historia por los que pudiéramos juzgar la incidencia de la nacionalidad en la composición de las dotaciones, pero entre los oficiales muchos nombres que la historia naval española nos ha legado dan cuenta de que el servicio al Rey en el mar tampoco atendía a razones de origen nacional: Bocanegra, Fitz-James Stuart, Gravina, Andrea Doria, Macdonell, son algunos famosos nombres extranjeros que sirvieron al Rey de España en el mar. En contraste, pero como confirmación de la escasa importancia de la nacionalidad de origen, nuestro héroe naval favorito, el almirante Blas de Lezo comenzó su carrera naval en la marina francesa.

El SMO, por su identificación con el Estado en lugar de con el Rey, supuso efectivamente un freno a la recluta internacional, aunque algo de ello sobrevivió en varios países europeos, como Francia (spahis, tirailleurs sénégalaises y por supuesto la prototípica Légion Étrangère, 1831) o el Reino Unido (British Indian Army y los legendarios Gurjas nepalíes, 1827, aún hoy activos). O en España con los Regulares (hoy españolizados, pero conservando sus banderas, uniforme y parafernalia) y la Legión. En general, el objetivo fundacional de todos ellos fue el de actuar como fuerzas coloniales, no obstante los que de ellos han sobrevivido a la época colonial están integrados en los respectivos ejércitos como un tributo a la tradición.

Hoy, en una Europa finalmente reconciliada consigo misma gracias al horror producido para las grandes tragedias de la primera mitad del siglo XX y resuelta, desde el final de la Guerra Fría, a recuperar los «dividendos de la paz», ha ido poco a poco reduciendo el tamaño de sus Fuerzas Armadas, lo que ha llevado inevitablemente consigo su profesionalización de una manera no muy diferente a la que reinaba antes del siglo XIX, es decir como un componente más del mercado del trabajo. Así, y no exhaustivamente, Países Bajos suprimió el SMO en 1991, Bélgica en 1992, Francia en 1996, Italia en 2000, Alemania en 2011.

La transición no ha sido, sin embargo, sencilla. Aunque el fin de la Guerra Fría ha sido el principal motor, el movimiento comenzó antes con el repudio popular cristalizado en la cada vez más frecuente «objeción de conciencia» de los años 1980, cuando ya se vislumbraba el retroceso del riesgo de guerra, lo que movió a muchos gobiernos a facilitar la conscripción reduciendo la duración del servicio militar y permitiendo que se prestara cerca del domicilio familiar (y de paso ahorrando en la manutención del soldado, reconozcamos un cierto cinismo en ello). Otros factores contribuyeron a esta extendida decisión: la injusticia de los excedentes de cupo, problema de casi todos los países, y un material cada vez más sofisticado cuyo manejo requería más adiestramiento que el que permitía el tiempo del servicio militar, cada vez más reducido por mor de atenuar la oposición. 

La percepción de que los vecinos de Europa occidental ya no son amenaza mutua, convicción que solo se abrió paso en Europa en la segunda mitad del siglo XX fue probablemente el factor decisivo. Las fronteras cargadas de desconfianza y hostilidad – casi todas las europeas – dieron paso a la creciente integración política al observar el enorme peso de los intereses políticos y económicos comunes, la identidad de los valores profesados, y la evidencia de que las coincidencias culturales, enmascaradas por la multiplicidad de lenguas, son mucho mayores de lo que se venía apreciando.

Todo ello implica el reconocimiento de que la defensa de los intereses nacionales no es ya contra los vecinos europeos inmediatos, sino que se lleva a cabo mucho mejor fuera del territorio nacional y sus inmediaciones (la defensa del suelo patrio era un componente fundamental de la mística del SMO), lo que incluye la exigencia de tomar parte en operaciones expedicionarias en los ámbitos de la OTAN y de la UE, poco aptas para no profesionales. En definitiva, la antigua «columna vertebral de la nación» se ha transmutado hoy, menos poética pero más funcionalmente, en el brazo armado de la acción exterior del Estado.

La transición al SMO en España

En el caso de España, ambas medidas facilitadoras de la conscripción se mostraron decididamente perjudiciales para la eficacia militar. La gradual reducción del servicio militar desde los 24 meses que imperaron en los 1960, reducidos diez años después a 18 meses, más tarde a 15 y 12 meses, quedó finalmente en nueve, primero para la Armada y Ejército del Aire, luego generalizada en 1995. Ello se tradujo en una enorme deficiencia de adiestramiento. Los ya escasos nueve meses quedaban aún más reducidos, desde el punto de vista de las unidades, por el inevitable período inicial de instrucción, usualmente de tres meses, con lo que su presencia en donde hacían falta se convertía en un visto y no visto.

La libre elección de la localidad donde prestarlo resultó particularmente dañina para la Armada, ya que, habiendo desaparecido la antigua Matrícula de Mar que obligaba a hacer el servicio militar en la Armada a aquellos jóvenes que se ganaban la vida navegando o en conexión con el medio marítimo, como pescadores, marineros mercantes, etc., permitía ahora una gran discreción para hacerlo fuera de la Armada, en la que había pocos sitios para elegir y eran previsibles largas ausencias, eligiendo, en cambio, un acuartelamiento próximo del Ejército de los que hay más abundancia. De esta manera, a los barcos iban demasiado frecuentemente gente de tierra adentro que jamás había navegado, y que simplemente no habían sabido elegir o no tenían un cuartel cerca de su casa. Y ya lo había dicho en 1270 Alfonso X el Sabio: «La guerra del mar es como cosa desesperada e de mayor peligro que la de tierra por las grandes desventuras que pueden en ella acaecer […] E los que de esta guerra se quisieren ocupar deben tener en sí cuatro cosas: la primera que aquellos que la ovieren de facer sean sabidores de conocer el mar e los vientos […]

La transición, pues, en España de SMO a personal voluntario fue una bendición, particularmente en la Armada. El personal era vocacional, y se disponía de mucho más tiempo para adiestrarlos y para desempeñar su trabajo en la unidad. Esa transición fue gradual, comenzando en los 1980, alcanzando un primer hito en 1996 (Pujol en los pactos del Majestic exigió al presidente Aznar la supresión a cambio de su apoyo) y finalizando a efectos prácticos en el 2001, cuando Aznar decretó la suspensión, no la supresión que tuvo que esperar hasta el 2011.

Este extendido y complicado calendario fue, aparentemente, el resultado de una extraordinaria prudencia, pues nadie parecía estar muy seguro de lo que se estaba haciendo. Hay un hecho anecdótico que parece avalar esa sospecha: cuando España en el 2003 contribuyó con tres buques de escolta (ya con dotaciones profesionales) a la coalición que invadió Irak, el Ministerio de Defensa ordenó insólitamente el embarque de un cierto número de Oficiales del Cuerpo Jurídico, confesadamente en prevención de las causas que se pudieran instruir por deserciones u otros motivos similares. Nunca había ocurrido nada semejante, desde que este viejo Oficial de la Armada tiene memoria. Ni después, porque sorprendentemente no tuvieron que poner en juego sus particulares capacitaciones.

Es preciso señalar que la incorporación de la mujer, más o menos en paralelo a lo dicho, fue otro factor contribuyente, pues era difícil de compatibilizar la presencia de mujeres profesionales junto con reclutas forzosos. Hoy, con aproximadamente un 14%, parece haberse alcanzado un nivel estable y razonable, pues las mujeres no tienen limitación alguna para su pertenencia a cualquier tipo de unidad que prefieran, luego ese nivel parece haberse establecido por razones exclusivamente vocacionales.

Los extranjeros

Además, y tal vez de nuevo por falta de fe en el sistema, en España se instituyó una original medida, que es la admisión a filas de voluntarios procedentes de la comunidad hispano-americana (excepto Cuba y Puerto Rico, y con ciertas limitaciones para Perú) o Guinea Ecuatorial, sin duda por razones de una presunta afinidad histórica y cultural (¡ciertamente no por afinidad política!) manifestada por el uso de la lengua común. Por cierto, en competencia con los EEUU, que también pescan voluntarios en los caladeros hispano-americanos, poniendo en el anzuelo el mismo tipo de cebo que España, que es la obtención de una rápida pasarela a la nacionalidad. Y en cierta similitud con el Reino Unido, que los acepta de los países de la Commonwealth. La limitación principal en España es que la duración del servicio manteniendo la nacionalidad de origen es como máximo de seis años, y que el porcentaje de extranjeros está limitado actualmente por ley al 7% del total de las fuerzas armadas.

Parece, pues, que la facilidad proporcionada por la lengua común se ha sobrepuesto a otras consideraciones. Sorprende que, dada la importancia que la afinidad política del país de origen de las tropas extranjeras pudiera tener a la hora de emplearlas en un conflicto, no se hayan intentado los mercados de trabajo europeos, como sí han hecho otros países de la UE, como Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Chipre, este último con la restricción de que sean de ascendencia chipriota. España, visto que la posibilidad legal de contratar extranjeros existe, como demuestra el caso de los hispanoamericanos, debería abrir también su reclutamiento de voluntarios a Europa, donde no habría ningún problema político. El potencial de reclutamiento sería con toda probabilidad muy pequeño, pero la señal de compromiso político importante.

Conviene añadir para mejor describir el paisaje europeo del SMO que hoy lo tienen solo unas pocas naciones en nuestro continente: Austria, Chipre, Estonia y Grecia (tradicional, solo varones); Noruega (lo mismo, pero las mujeres pueden ser admitidas como voluntarias); Suiza (hay alternativas civiles al SMO); Finlandia (obligatorio para hombres y mujeres); Suecia (parcial, el servicio militar es obligatorio, pero el número de los reclutados es mucho menor que el de los disponibles, unos 4.000 frente a 13.000). Todas las demás han llevado a cabo la transición básicamente entre la última década del siglo XX y primera de este, con la notable excepción del Reino Unido, que nunca ha tenido SMO en tiempo de paz, quizá ilustrando el hecho de que ha sido la nación europea menos influida por la Revolución Francesa. Hay que añadir que en Alemania, una de las últimas en la transición al voluntariado, se está discutiendo el posible regreso, pero movidos exclusivamente por las dificultades de reclutamiento, no sorprendentes en una nación aún traumatizada por su deletéreo papel en la última gran guerra.

La pregunta

Sea como fuere, el reclutamiento de voluntarios en España, con sus oscilaciones como todo en el mercado del trabajo, parece razonablemente saludable, y los contingentes necesarios se cubren sin problemas. Así que ha llegado el momento de contestar la pregunta inserta en el título de este trabajo: ¿es necesario, o al menos conveniente, hoy en España el SMO? Para ello conviene desdoblarla en dos: ¿es necesario o conveniente hoy en España el SMO atendiendo a razones militares?; y ¿es necesario o conveniente hoy en España el SMO por motivos ajenos a lo militar?

La primera parece más fácil de contestar. No es una casualidad que las naciones europeas que conservan el SMO estén entre las de menor población de Europa, lo que dificulta llenar los cupos de profesionales. España, por el contrario, es la cuarta nación de la UE por población, y la recluta de voluntarios, incluidas mujeres y extranjeros, parece razonablemente saludable. Añádase que la exigencia de personal es muy superior en caso de guerra en el propio territorio que en lugares alejados, pero España, cuyo territorio metropolitano está en una península sudoccidental de Europa, a su vez una península hacia el suroeste del continente indoeuropeo, puede sensatamente esperar que las guerras en que se vea obligada a participar sean de tipo expedicionario, en las que prima la calidad del combatiente, justamente lo que proporciona un sistema de voluntariado profesional.

Naturalmente, una reserva es indispensable, incluso en esos casos, y España cuenta con una voluntaria, aunque un tanto escasa, alrededor de un 3% del contingente activo. Indudablemente es preciso robustecerla por medio de incentivos económicos y laborales, pero no parece preciso llegar a las cifras mucho mayores que proporcionaría el SMO. La segunda pregunta, si hay motivos ajenos a lo militar que aconsejen el SMO, es algo más peliaguda de dilucidar.

En los años 60 y 70 del pasado siglo las Fuerzas Armadas se enorgullecían de su contribución a la erradicación del analfabetismo en España, loable tarea pero ciertamente impropia de la defensa, que tiene otras prioridades mucho más perentorias. La educación universal y el progreso general acabaron con ello, pero no parece que completar la educación general del joven que la ha recibido de manera precaria o incompleta debiera ser una consideración. Ese uso espurio de las Fuerzas Armadas en cuestiones ajenas a la defensa, más allá del apoyo a las fuerzas de la Ley y protección civil cuando se ven superadas, ha dejado herencia bien reciente con la formación de la Unidad Militar de Emergencias, desviando así medios materiales y humanos de su genuina función a la de bomberos, para resolver el problema de las autonomías que, por un criminal sentido del particularismo rechazaban la colaboración en la extinción de incendios forestales de los bomberos de la autonomía vecina.

Y es que las Fuerzas Armadas son siempre eficaces y eficientes en todas las tareas que se les encomiende, porque tienen la organización y la disciplina para ello. Están preparadas para operar en la mayor catástrofe posible, que es la guerra, así que todo lo demás es más fácil. La falta de comunicaciones locales a causa de incendios, la desaparición de carreteras por erupciones volcánicas, la evacuación de bajas en todo caso, son obstáculos menores en comparación con la destrucción que causa la guerra. Pero ello no es razón para asignarles tareas civiles de manera estable, en perjuicio de su misión, más que primaria exclusiva, de ser el brazo armado de la acción exterior del Estado.

Otro aspecto es el del conocimiento de otros rincones de la patria lejos del amado terruño, factor muy citado en los debates en Francia sobre este mismo asunto por los que preconizan (el presidente Macron entre ellos) la instauración de un servicio a la nación cívico-militar de muy corta duración, tal vez un mes. En España, durante los años del SMO, este objetivo se acometió de manera deliberada, incrementando lo que el SMO ya de por sí proporcionaba, con el Turismo Educativo del Marinero (presumo que habría también un Turismo Educativo del Soldado, pero mi memoria no llega a tanto), con una organización no muy diferente al Imserso de hoy: autobuses, lugares turísticos fuera de temporada, etc.

Es innegable que el mayor conocimiento mutuo de los jóvenes de distintas regiones españolas sería beneficioso en muchos sentidos, la unidad de España el primero de ellos. Pero esto hay que sopesarlo frente al indudable perjuicio que causaría a la eficacia de la defensa, que es la razón primaria de la existencia de las Fuerzas Armadas. Recordemos además que la generalización de la objeción de conciencia –mucho más abundante en Cataluña y el País Vasco que en el resto de España- fue uno de los principales factores que pesaron en la decisión de abolir el SMO, y que es seguro que ello no ha mejorado, más bien al contrario.

Tal vez un servicio cívico-militar obligatorio, pero muy reducido, al estilo del proyecto francés, y limitado en su parte militar a unidades poco exigentes en términos de adiestramiento, podría cumplir esos objetivos de generalizar el conocimiento de España y alzar la mirada del joven a un horizonte más lejano que el terruño. Pero, eso sí, siempre que no interfiera con la eficacia militar.

Finalmente, pero no menos importante

He dejado para el final señalar, en estos tiempos dramáticamente centrífugos que padecemos, que hasta mediados del siglo XIX, ya bien establecido en España el SMO, el reclutamiento en Cataluña y País Vasco se hacía fundamentalmente para engrosar las filas de las milicias locales, no del Ejército español. Tal regulación, u otra parecida que no dudo que los políticos independentistas reinventarían e impondrían hoy (cosas más difíciles han hecho y están haciendo) anularía por completo las ventajas buscadas de conocimiento mutuo, además de generar otros perjuicios que el lector puede fácilmente imaginar.

Creo que podemos concluir que el sistema actual cubre razonablemente nuestras necesidades, y que el regreso al SMO no proporcionaría ninguna ventaja que compensara la conmoción social y política que ello produciría, mientras que podría generar graves inconvenientes.

Hay dos derivadas del prodigioso acervo de la Ley de Murphy que ilustran mi aserto:

• No se debe arreglar lo que no está estropeado; y

• La principal causa de problemas son las soluciones.

Fernando del Pozo, analista de seguridad del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria.