Una fiscal afín a Oltra pide cárcel para la mujer que logró imputar a la líder de Compromís
Solicita cuatro años y medio para Cristina Seguí por difundir vídeos de una menor, presunta víctima de violación
Mónica Oltra. | Europa Press
Una fiscal especializada en violencia de género, a la que Mónica Oltra amadrinó como escritora cuando era vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y que llegó a ser propuesta para el Tribunal Constitucional por Podemos, pide cuatro años y seis meses de cárcel para la fundadora de Vox Cristina Seguí por un delito contra la integridad moral y otro de descubrimiento y revelación de secretos. Se trata de la expolítica y ahora influencer que preside la asociación Gobierna-Te, que se querelló contra Oltra en la causa por la que esta última se vio forzada a dimitir tras ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra Seguí por la difusión en Twitter (ahora X) de dos vídeos de Instagram compartidos en esa red social por una de las dos menores que denunciaron ser víctimas de una presunta violación grupal en el municipio de Burjassot en mayo de 2022. Las imágenes habían sido difundidas por una de las niñas en su Instagram después de sufrir la agresión sexual. En el primero de esos vídeos, esa chica hablaba en tono burlesco con otras dos amigas sobre el procedimiento judicial contra los hombres a los que acusaban de violación y el revuelo mediático que estaba produciendo.
Según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Seguí compartió ese vídeo en X (donde tenía 201.000 seguidores) junto al siguiente mensaje: «Está todo mal, no es una niña de 12, sino de 15 o 16, el sexo fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en TV gracias a medios de difusión como vosotros».
Conclusiones de la fiscal
La fiscal Susana Gisbert entiende que «dicho texto fue redactado y difundido con la intención de menospreciar a las víctimas de una agresión sexual por su condición de tales, por tratarse de adolescentes de sexo femenino con el conocimiento de que podría provocar reacciones encendidas tanto dirigidas a ellas como a otras víctimas de delitos sexuales, tal como, efectivamente, se produciría llegando a ser trending topic».
Fuentes del entorno de Seguí aseguran a este diario que la exfundadora de Vox va a presentar un escrito de oposición a la apertura de juicio oral. El vídeo era veraz, añaden, y los rostros de las menores aparecían pixelados. Además, las mismas fuentes aluden al carácter público de ese y de un segundo vídeo publicado el 20 de mayo de 2020 también en el canal de Youtube Estado de Alarma TV bajo el título: «Desmontando la falsa manada de Burjassot, con Cristina Seguí». El programa de ese canal de Youtube, que según indica la Fiscalía fue visto por 6.307 espectadores, fue retirado por una denuncia de FACUA ante la Agencia Española de Protección de Datos.
«Como consecuencia de estos hechos, la menor padeció estrés postraumático agravado por la difusión de la publicación y las críticas recibidas, que hicieron necesario el cambio de centro escolar, así como tratamiento psicológico, que sigue recibiendo, llegando a ofrecer un perfil psicológico totalmente desajustado que podría abocar en un futuro en un deterioro de su salud mental», añade en su escrito de conclusiones la fiscal Gisbert.
Acusación dispar
Por su parte, la acusación particular, ejercida por la madre de la menor, considera que los vídeos difundidos por Seguí -pese a ser publicados en Instagram, según la fiscal- habían permanecido «en el ámbito privado» y «no había sido publicado» hasta su difusión por parte de Seguí, «persona conocida en ámbito de las redes sociales y que tenía 201.000 seguidores en su cuenta de Twitter».
A diferencia de la Fiscalía, la familia de la menor pide juzgar a Seguí solo por un delito de revelación de secretos (no por el delito contra la integridad moral que añade el Ministerio Público) y solicita una pena de dos años y seis meses de cárcel. Es decir, la víctima solicita dos años menos de cárcel de los que pide la fiscal Susana Gisbert contra Seguí.
Seguí, Oltra y la fiscal
Fuentes del entorno de Cristina Seguí afirman que la elevada pena de prisión solicitada por el Ministerio Público contra la influencer (un año y seis meses por un delito contra la integridad moral y otros tres años de prisión por revelación de secretos) podría ser una suerte de vendetta judicial por la posición ideológica de Seguí respecto al feminismo y la violencia de género, y la denuncia que provocó la caída política de Oltra. La causa por la presunta violación grupal en Brujassot sigue abierta. Ninguno de los denunciados por los hechos se encuentra en prisión provisional y la investigación sobre cinco de ellos ha sido archivada.
La fiscal Gisbert es especialista, precisamente, en violencia de género y delitos de odio. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y exportavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, la integrante del Ministerio Público también es escritora. De hecho, su primer libro de relatos fue presentado por la propia Mónica Oltra en el año 2016, según informó Valencia Plaza.
«La fiscal, especializada en la sección de Violencia de Género, ha obtenido en los últimos tiempos cierta repercusión mediática gracias fundamentalmente a su intensa actividad en redes sociales en defensa de la igualdad y en la concienciación del problema de la violencia machista. Además, colabora habitualmente en diversos medios de comunicación con artículos de opinión», señalaría en 2017 el diario Las Provincias.
Propuesta para el TC
En aquel momento, el grupo de Podemos en Les Cortes, que formaba parte del tripartito que gobernaba en la Comunidad Valenciana junto al PSOE y el partido que lideraba Oltra, había propuesto a Susana Gisbert como candidata a magistrada del Tribunal Constitucional. Su candidatura no salió adelante, pero su intensa actividad asociativa le llevó a ser miembro del Consejo Fiscal como representante de la asociación progresista UPF.
La asociación que preside Seguí, Gobierna-Te, presentó en 2021 la querella que un año después llevaría a la imputación de Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que su exmarido ha sido condenado en firme por el Tribunal Supremo. Sin embargo, se da la paradoja de que la fiscal a cargo de la causa por la que Oltra ha sido imputada es Teresa Gisbert, hermana de la fiscal que ahora pide cuatro años y seis meses de cárcel contra Seguí.
políticos de todo el arco parlamentario de CUP al PP, de Ciudadanos a ERC, de PSOE a VOX, Junts por ejemplo Eduard Pujol.
Han sufrido incluso desde el mismo partido que mujeres les denuncien, para ser readmitidos en el partido prefieren callar a pesar de haber sido absueltos, algunos absueltos. Y decir como denunciados que era un montaje.
O el caso de uno de Podemos el año pasado que el congreso voto a favor de la ley de su jefa, Irene, que va a ser eurodiputada y va a crear la misma legislación que ella creo como ministra en La UE. Ese el año pasado fue denunciado por su ex. violencia física y psicológica, el dijo que era por el divorcio que ahora le denuncia.
Es la sumisión, el arrodillamiento.
Periodistas en España como Daniel L Aguirre es victima de Infancia Libre pero los periodistas se someten a sus jefas de redacción, como Griso, Sandra Golpe, Ana Rosa, María Peral, María Jesús Cañizares POR PONER algunas que señalan a los «señoros» que no admiten y aceptan la ideología supremacista del sexo femenino.
Aquí hasta hace poco Lucia Etxebarria se creía la reina del mambo con sus conceptos, no la quieren ni en el PP a pesar de la publicidad que ella ha hecho de Feijoo y de las «hermanas borradas». Ahora para hacerse notar dice que ve muertos y le ha pedido a Iker Jiménez que la ayuden.
Encima ni se atreve a culpar a Griso y Nieto de dejarla sin «trabajo», en el caso de Griso hasta le exculpa de que no la deje volver al programa.
Ni esas «hermanas borradas» que ella ha elogiado y elevado a los altares como heroínas la quieren en sus asociaciones.
sigo con el escrito publicado en Polonia este año
A lo ya mencionado el profesor Solarz añade, «mucho más negativo» de la legislación española: «La legitimación del fenómeno de la sustracción de menores» que, tal y como subraya, ha provocado un «alarmante aumento de los secuestros parentales» en nuestro país.
«España, paraíso legal para secuestrar a un niño». En él, el letrado aseguraba que, desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género en 2004, «casi el 100% de los secuestros parentales los cometen las madres», ya que la propia legislación española «les ampara cuando deciden secuestrar a un hijo».
«Basta con que la mujer denuncie la violencia para que obtenga la custodia exclusiva, independientemente de que se archive la causa penal contra el hombre o que éste sea absuelto». A su juicio, esto no solo constituye un hecho gravísimo, sino «un mal precedente jurídico, desconocido en cualquier otro país democrático».
«Situando a la mujer por encima de la ley y desvirtuando por completo el sentido del Convenio de la Haya».