Sindicatos y patronal se ahorran 1,5 millones en IBI en 68 edificios cedidos por el Estado
Solidaridad, la unión de trabajadores afín a Vox, denuncia que «sus sedes están pagadas por españoles no afiliados»
Logo que se ubica sobre la sede del sindicato UGT en Madrid. | Europa Press
El Gobierno de España tiene actualmente cedidos a los principales sindicatos y a la CEOE 68 edificios, lo que supone un total de 173.149 metros cuadrados, por un importe total en concepto de Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) que asciende anualmente a 1.597.140 euros. Así lo ha destacado Solidaridad, la unión de trabajadores nacida al alero de Vox, con arreglo a datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Estos 68 edificios, repartidos entre UGT (32), CIG (1), Comisiones Obreras (20), CEOE (11), USO, (2), CGT (1), ELA (1), están «pagados por todos los españoles, lo que significa que los sindicatos representativos y la patronal no solo reciben subvenciones millonarias, sino que, además, muchas de sus sedes repartidas por todo el territorio nacional están pagadas por españoles que no se encuentran afiliados a dichos sindicatos», a juicio de Solidaridad.
Estas cesiones se realizan de acuerdo a la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, por la que existen una serie de edificios que integran el patrimonio de España y que pertenecen al Estado, quien puede cederlos en uso a sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales.
«Es una vergüenza»
El sindicato Solidaridad, que dice financiarse únicamente con el dinero de sus afiliados, sostiene que es «una vergüenza que millones de españoles no puedan permitirse acceder a una vivienda», recalcando, además, «ni en propiedad ni en alquiler, mientras sindicatos y patronal siguen percibiendo millones de euros en subvenciones y haciendo uso de edificios cedidos por el Estado».
Asimismo, recalcan desde el sindicato, que «continuarán luchando para desenmascarar a los sindicatos tradicionales», a los que definen como «estructuras mafiosas de corrupción». «Los españoles deben conocer a donde se destinan sus impuestos y como son utilizados por el Estado, ya que resulta inadmisible que, mientras que millones de trabajadores se encuentran en situación precaria y sin asistencia laboral, sindicatos y patronal reciban millones de euros de dinero público», sostiene Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad.
Asimismo, recalcan desde el sindicato, que «continuarán luchando para desenmascarar a los sindicatos tradicionales», a los que definen como «estructuras mafiosas de corrupción». «Los españoles deben conocer a donde se destinan sus impuestos y como son utilizados por el Estado, ya que resulta inadmisible que, mientras que millones de trabajadores se encuentran en situación precaria y sin asistencia laboral, sindicatos y patronal reciban millones de euros de dinero público», sostiene Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad.
Los edificios sindicales
Los datos, obtenidos por Vox a través de una pregunta parlamentaria, revelan un total de 68 edificios cedidos a sindicatos y patronal, lo que supone un total de 173.149 metros cuadrados. Además, no se trata tan solo de edificios o metros cuadrados, sino que estaríamos hablando de un patrimonio sindical acumulado -y cedido por el Gobierno- que repercute, directamente, en las arcas del Estado, y cuyo importe total, en concepto de IBI, asciende a 1.597.140,01 euros anuales.
Algunos de ellos tienen un deficiente estado de conservación, están vacíos u ocupados. En este sentido, el Gobierno destinó el pasado 2022 una cantidad importante de dinero en reformar la madrileña sede de UGT. En concreto, el Ministerio de Trabajo adjudicó 4.456.874 euros al sindicato para la reforma integral del edificio de Avenida de América con materiales «de primera calidad». Esta licitación fue polémica porque se realizó en medio del alza de los precios de la electricidad, carburantes y productos básicos.
«Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas de índole técnica previstas en la normativa vigente», desarrollaban los pliegos del contrato. El ministerio no quería así que no se cuele ningún material low cost que abarate la factura. «Todos los materiales de la presente obra se someterán a los controles previos, experimentación, sello de calidad… conforme a las disposiciones vigentes. Cualquier otro que sea necesario usar, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, que será rechazado si no reúne las condiciones exigidas», se zanjaba.
