Manuel Fontecha, el letrado que más sabe: «La amnistía es lo más grave que he visto»

Reasignado de nuevo a la Comisión Constitucional, Manuel Fernández Fontecha sigue sosteniendo su firme convicción de que la ley de amnistía no cabe en la Constitución y que todo lo que que se está viviendo en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la polémica ley es lo más grave que ha alcanzado a ver a lo largo de tantos años como lleva ocupando el puesto de letrado. Pese a considerarse represaliado por las opiniones jurídicas que ha vertido hasta el momento sobre la amnistía, Fernández Fontecha no se plantea hacer caso a quienes le advierten de que debería dejar de insistir en sus críticas a una ley que entiende se está parcheando para autodefenderse, mientras trata de coartar las acciones de los jueces continuamente, en lo que entiende es un claro ataque a la separación de poderes.

PREGUNTA.- Usted lleva décadas de carrera en el Congreso. ¿Podríamos decir que esto que está pasando en torno a la ley de amnistía es lo más grave que ha visto?

RESPUESTA.- Sin ninguna duda. Hay un hito en el Congreso que es la sentencia del caso de la expropiación de Rumasa, que dio lugar a un debate en pleno durísimo. Y eso es una cuestión jurídica de primer orden. Otra cuestión jurídica de primer orden es la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ahí se produjo un gran conflicto jurídico, porque las Cortes tuvieron que aceptar un texto que pudieron modificar solo en parte. Pero la de la amnistía excede a todos. Porque el problema de la amnistía es el efecto permanente que tiene en el ordenamiento jurídico. Me explico. La amnistía cambia nuestro ordenamiento jurídico. Y lo cambia a nivel constitucional. De entrada, porque la Constitución no prevé en ningún caso la amnistía. Primer problema que tiene la amnistía, en mi opinión, gravísimo. No hay una potestad. Amnistía hubo en la Segunda República y en alguna Constitución anterior. Nosotros no tenemos potestad de amnistiar. El poder público ejerce una competencia, que es de ejercicio obligado. Si no tiene habilitación, no puede ejercer ninguna competencia. Las Cortes estarían fuera de sus límites.

Esto es un argumento del Tribunal de Justicia Europea muy fuerte. Es que yo no puedo dejar el delito de malversación a cargo de los propios que han malversado, lo cual es de una lógica absoluta.

«Me cambiaron de puesto por mi pensamiento contrario a la amnistía»

P.- Usted manifestó su opinión, que la amnistía no tenía cabida en la Constitución, y poco después fue removido de su cargo. ¿Se considera represaliado?

R.-Bueno, considero que el cambio que hicieron en la Comisión Constitucional estaba provocado por mí, por mi pensamiento sobre ese punto. Yo era el letrado que estaba actuando realmente en la Comisión Constitucional. A mí me da la impresión, por lo que yo he ido viendo y sabiendo, que la ley de amnistía, inicialmente, iba a ir a la Comisión Constitucional, en lugar de ir a Justicia. La amnistía es una cuestión constitucional, como estamos viendo todos los días. Yo creo que el cambio se hizo para que yo no estuviera ahí cuando llegara la ley de amnistía. Estoy casi seguro.

P.- Pero finalmente ha sido reasignado a la Comisión Constitucional…

R.- A mí no me reponen a la Comisión Constitucional como letrado hasta que la Mesa no envía el texto de la ley de amnistía a la Comisión de Justicia.

P.- ¿Quién le comunicó la decisión?

R.- Fernando Galindo, el letrado mayor de las Cortes. Inicialmente no me dijo nada. Me enteré por los pasillos y entonces me dijeron: «No, es que no cambia nada de la lista de letrados, salvo que entra otro en la Comisión Constitucional». Ppero tampoco me dijeron: «Claramente sales tú». Fui yo quien lo pregunté. Fue entonces cuando inicié la batalla legal que está en el Tribunal Supremo. Sé que se puede quitar o poner a un letrado por una decisión de un superior jerárquico, porque claro, esto supone una cuestión muy importante, porque si estás en manos del jefe, por así decirlo, siempre cabe la posibilidad de que elijan a quién va a informar un proyecto de ley en función de lo que piensen jurídicamente, porque yo no tengo opinión política, yo tengo opinión jurídica. Me parece que es importante que se deje sentado que no puede afectar tu opinión jurídica a la comisión que ocupas. Yo había desarrollado la función durante dos años desde el accidente de mi compañero y sin ningún problema.

P.- ¿Cree que el Tribunal Supremo le va a amparar?

R.- Pues no lo sé. Yo he puesto una demanda por vulneración de derechos fundamentales. Se ha alegado que se vulnera mi derecho a la igualdad porque solo me cambió a mí. Eso es un elemento muy importante que yo le dije al letrado mayor cuando me recibió.

P:- ¿Considera reparado en parte el posible daño ahora que lo han vuelto a reasignar a la Comisión Constitucional?

R.-Ahora estoy en la Comisión Constitucional, en la posición tercera. Me han vuelto a reasignar, junto con dos letrados más y antes éramos dos, con carácter solidario. En términos políticos, estamos numerados y yo estoy el tres. No sé por qué, porque el más antiguo soy yo. De hecho, dentro de tres meses seré el letrado más antiguo del cuerpo. Es una cosa un poco extraña. Vamos, digo yo…

P.- ¿Qué le dijeron cuando pidió explicaciones?

R.- Me dijo Fernando Galindo que no tenía nada contra mí, pero que había que darle paso al secretario general saliente que se llamaba Carlos Gutiérrez, para que tuviera una Comisión importante. Eso supone que el trabajo que hacemos aquí no tiene ningún efecto, porque viene un señor que ha ocupado un puesto relevante y te pasa por encima… Y bueno, me dijo que eso estaba así y nada más, que no tenía nada contra mí.

«La amnistía se está parcheando para defenderse a sí misma. Es una anomalía que infringe la separación de poderes»

P.- ¿Cree que la ley de amnistía se va a aprobar en un plazo breve?

R.- Yo creo que sí, porque hay un enfoque de casi grupos y de interacción entre grupos. Yo creo que es cierto que depende mucho de uno del otro, pero eso es bilateral, Es decir, la ventaja que tiene para Puigdemont la ley de amnistía es demasiado fuerte como para que quede fuera la ley. Yo creo que eso ya es un enfoque puramente de correlación de fuerzas, no jurídico. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué va a pasar? Creo que la van a aprobar, con unas exigencias mayores y la van a aprobar, sobre todo con una cosa que es característica de esta ley, que es una ley de autodefensa. La ley de amnistía se está parcheando, para defenderse a sí misma. Esto es una anomalía total y las leyes no están para defenderse a sí mismas, sino para regular. El Código Civil regula la relación. La ley no puede dedicarse a decir y además no podrá ser aplicado en este sentido. Lo que ocurre con la ley de amnistía es que tratan de blindar hasta el extremo que «el juez no podrá, el juez no podrá, el juez no podrá…». Esto es una anomalía que infringe por completo la separación de poderes.

P.- Pero ¿usted cree que el juez está viendo lo que se está aprobando, enmienda a enmienda, para contrarrestarlas a través de sus autos?

R.- Yo creo que los jueces están siguiendo su trabajo normal. Y cualquiera que conozca bien la justicia, saber que con la tesis que están siguiendo, el juez tiene la percepción, de que se le están poniendo límites. Esos límites son más o menos razonables en función de que los delitos que se traten de incluir sean más o menos razonables. Si se incluye el terrorismo hay que justificarlo mucho más, porque hay una trama de convenios muy importantes en la UE. Es mi opinión. El juez lo que está viendo es un proceso legislativo que va mutando, pero que no hay una sola disposición que diga será facultad del juez o será criterio del juez. Es todo lo contrario, es decir, «no podrá…»,»no podrá impedirse el alzamiento de medidas…», «no podrá ejecutarse una orden de detención». Está todo supeditado a la finalidad y pretenden reducir mucho el ámbito de actuación del Poder Judicial. Es una ley anómala porque es una ley de autodefensa.

«Si se aplica la ley de amnistía creo que la UE sancionará a España»

P.- ¿Cree que, en caso de aplicarse esta ley la UE puede abrirnos expediente y sancionarnos?

R.- Yo creo que sí. Conociendo sobre todo la experiencia de Polonia, que es un caso muy importante porque en Polonia hay una serie de recursos de incumplimientos, que es la propia Comisión la que, previa apertura de expediente de infracción, lleva a Polonia al TDH, porque Polonia no responde a las iniciativas consensuadas. La UE dice que se estaba perjudicando el Tratado de la Unión. Y yo creo que estos cambios que se están introduciendo en la ley de amnistía van a provocar un incremento de la atención de la Comisión. Por un lado, está la cuestión de la Comisión, de la cuestión prejudicial, pero no olvidemos que la Comisión guardiana de los Tratados puede decir bueno, es que «yo esto no lo puedo aceptar». Si el Gobierno español no me hace caso tendrá que recurrir al Tribunal de Justicia. Y el Tribunal de Justicia tiene una jurisprudencia sobre amnistía más importante que la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también la tiene. Y en esa cuestión hay un elemento clave que es la impunidad. Ahí las sentencias más recientes hablan de que lo que la amnistía no puede suponer es la impunidad. La tendencia de que la impunidad es un límite a la amnistía se va imponiendo.

«Lo que ocurre desde 2017 es una subversión del orden constitucional»

P.- ¿Tiene usted claro que lo ocurrido en Cataluña en 2017 y posteriormente fueron actos terorristas?

R.- Yo creo que sí hay una violencia desatada por motivos políticos y con ánimo de atemorizar, que es la esencia del terrorismo. Lo veo claramente. Serán delitos de terrorismo. Es decir, el terrorismo no es más que la cualificación de un delito normal, ordinario por la circunstancia de que produce un impacto en la opinión pública. Y miedo. Eso es el terrorismo, ni más ni menos. Es un delito cualificado por el alcance que tiene a más personas que el dañado. La amnistía siempre salva la responsabilidad civil. Lo que ocurre desde 2017 es una subversión del orden constitucional, es lo que estamos viviendo. Es decir, hay una parte que dice que prescinde del esquema constitucional, que no es como el resto de los ciudadanos y que hace lo que quiere. Eso no puede ser, porque esa es la pretensión de crear un orden jurídico dentro de otro orden jurídico. Eso es incompatible con el orden constitucional.

«La amnistía puede ser una discriminación masiva de los españoles»

P.- ¿Ha tenido usted ocasión de hablarlo directamente con los diputados que tramitan la ley?

R.-Pues no, yo creo que he hablado con alguno, pero muy por encima, porque nosotros tenemos un cierto límite de conversación, porque sabes que cada cual piensa a su modo, de su forma, pero sí que he hablado con alguno. Y le he dicho que yo vi clarísima mi posición, desde que esto empezó. Y esto es una cuestión que afecta a los españoles. La ley de amnistía puede ser una discriminación masiva de los españoles y aparte de todo, la finalidad es la que veo muy clara, es decir, se está cuestionando completamente el orden constitucional, pero no he tenido ocasión de entrar nunca a fondo más que de forma muy ligera.

P.- ¿Y qué respuesta ha obtenido cuando les comenta su posición, con respecto a la ley de amnistía?

R.- Creo que los diputados del PP y de Vox lo tienen clarísimo. Con los diputados del PSOE y la izquierda hay una mayor resistencia a hablar de ello. Pero lo que está pasando es que estamos en una sociedad jurídica anómala.

P.- ¿Una situación jurídica que, según nos dice, puede acabar con sanciones a España de la UE. Aun así, Puigdemont se mantendría amnistiado, porque ya no hay vuelta atrás?

R.-Está claro que el juez tiene que ejecutar. El paso de negar al juez la ejecución no lo han dado de momento, pero es verdad que lo han condicionado. Lo que dice la ley no está sujeto a ningún tipo de medida cautelar. Entonces la tesis de que una vez amnistiado ya no hay vuelta atrás es una tesis en derecho llamamos plausible. Es posible, No es disparatada. Pero la interposición de un recurso el mismo día, ya crearía problemas a la tesis del automatismo, porque eso el juez lo va a tener en cuenta.

P.- ¿Alguien le ha dicho, le ha insinuado, le ha comentado que las cosas que está diciendo le pueden acarrear problemas?

R.-Sí, sí, sí, lo han dicho.

P.- ¿Le han amenazado desde que usted ha hecho pública su opinión contraria a la ley de amnistía? 

R.- Bueno,no son unas reflexiones directas, Más bien se traducen en situaciones que tú ves que la gente se calla o hay gente que te anima o que te dice: «Estás loco…», «Estás defendiendo una causa…». Hay gente que sí que te advierte pero…

P.- ¿Advertencias de algún superior?

R.- No, de superiores, no, porque nosotros tenemos un estatus funcionarial. Yo tengo el derecho a la libertad de expresión, sobre todo en mi profesión. El caso es que lo ejerzo y me cambian de comisión. Pues usted me dirá qué estamos haciendo…

P.- ¿Entonces de dónde le llegan las advertencias?

R.-Bueno, son más de algún compañero. Los compañeros sí que me han hecho alguna advertencia de «no te enfrentes», «no confrontes». Sí, pero porque hay una situación de muchísima precaución. Pero sí me ha llegado algún compañero en las Cortes.

P.- ¿Le va a hacer caso a partir de ahora?

R.- No, no, porque yo he hablado en términos jurídicos. Vamos a ver, yo he publicado en la prensa sobre la Casa del Rey, he publicado sobre el Rey, etc. Si se me quita la capacidad de publicar y dar mi opinión, incluso asuntos conflictivos como estos, la negación de mi derecho, casi diría que intelectual…

«Cualquier decisión sobre la tramitación de la ley de amnistía estará bajo el control de la mayoría en la Cámara»

P.- Tras la votación del martes y el rechazo del texto de la ley de amnistía con las enmiendas, ¿lo que se tramite y en qué formato dependerá del bloque que conforma la mayoría en el Congreso a partir de ahora?

R.- Cualquiera que sea la interpretación que se mantenga, efectivamente está bajo el control de lo que es actualmente la mayoría en la Cámara, se opte por la Mesa del Congreso, se opte por la mesa de la Comisión de Justicia, o se opte por las presidencias del Congreso o de la Comisión de Justicia. La solución es la misma, es decir, está en manos de la actual mayoría decidir qué es aquello que se puede modificar, es decir, esclarecer o aclarar el contenido del artículo del reglamento, que es totalmente lacónico y que no dice nada. El problema principal consiste en saber cuál es la capacidad de modificación de la ley inicial.

P.- ¿El texto sobre el que se va a trabajar en el próximo mes es el inicial que presentó el PSOE, sin las enmiendas? ¿Es volver a la casilla de salida?

R.-Se puede entender eso, pero tampoco está claro que solamente se pueda entender eso.

P.- Esto es para iniciados… no hay forma de entender el procedimiento…

R.- El problema que tiene la norma aplicada en el Pleno del martes es, con toda claridad, una falta de expresión, una falta de contenido… Por eso, la clave va a estar en la regulación que hagan para el caso o con carácter general del artículo que han aplicado.

P.- En cuanto a los contenidos, ¿cree que dentro de un mes veremos aprobado un texto con las enmiendas que exige Junts y que el Gobierno está diciendo que no es posible incluir? ¿Cambiará de posición el Grupo Socialista?

R.- El objetivo final de devolver la ley es volver a Comisión, para que se puedan modificar enmiendas que en el Pleno no se podían modificar. Eso supone que, de algún modo u otro, cuando se está pidiendo un nuevo dictamen, habría que abrir un nuevo plazo de enmiendas, más o menos corto, para permitir la presentación de nuevas enmiendas. Según esa interpretación, se pueden presentar enmiendas que podrían acabar modificando el dictamen de la Comisión.

«El objetivo de la amnistía ahora es sobrepasar el límite que tenían en el texto que votaron»

P.-¿Podemos encontrarnos con que, dentro de un mes, las peticiones de Junts convertidas en enmiendas, dejarían de algún modo «blindado» al señor Puigdemont en el tema de del terrorismo y en el tema de su supuesta o previsible imputación por el caso Vohlof, sus vínculos con Rusia?

R.- Creo que sí. Yo lo veo así, porque esa es la parte más sensible. Es una especie de línea roja de ellos, que dicen que no podemos dejar de garantizar estas situaciones que a medida que van dictando resoluciones, los jueces van complicando el mapa. Pero es un mapa de hechos delictivos al fin y al cabo. Veo claramente que la posibilidad de que se modifique el texto del antiguo dictamen es alta, porque forzosamente el trámite de abrir un nuevo plazo de enmiendas o de permitir un plazo breve de enmiendas va a ser obligatorio y así va a ser acordado. Lo que está claro es que el objetivo final es sobrepasar el límite que tenían en la votación que rechazó el texto. No podían modificar las enmiendas pactadas, porque se podían oponer el PP o Vox. Y eso bastaba para impedirlo.

P.- ¿Y a partir de ahora sí se pueden modificar esos textos?

R.- Yo entiendo que sí. Se permite modificar incluso lo que no se modificó en el dictamen de la Comisión. Me explico: el dictamen de la Comisión y sus votaciones es lo que queda como no vinculante, puede ser modificado, porque en cierto modo el voto en el Pleno lo ha sobrepasado. No lo ha derogado, porque no hay un concepto de derogación, pero sí que hay un concepto de eliminación o sustitución. Se abre una posibilidad: que sea modificado en más amplitud o en diferentes aspectos que el que se aprobó inicialmente.

«La amnistía puede publicarse en el BOE y ser suspendida después»

P.- Imaginemos que dentro de un mes se aprueba con nuevas enmiendas en ese proyecto de ley, para blindar a Puigdemont. ¿Cree que esa ley de amnistía puede llegar a entrar en vigor?

R.- Puede entrar en vigor si el procedimiento legislativo acaba normalmente y se envía al BOE. No hay ningún procedimiento vinculante actualmente que permita suspender la ejecución de la ley antes de que entre en vigor. Si se aprueba por el Congreso y se supera el trámite del Senado porque el Congreso se superponga sobre la voluntad del Senado, puede entrar en vigor. Cuestión distinta es la vigencia de la entrada en vigor. Es la publicación del BOE y la entrada en vigor. Eso depende de los recursos que se interpongan, de qué tipo de recursos, por qué causas, ante qué tribunal y, sobre todo, con qué efectos. Porque un recurso puede tener un efecto suspensivo, o no. La mayor parte de los recursos que se puedan interponer suspenden la ejecución de la ley. Esto es muy claro en el caso del Tribunal Constitucional, si se plantea por una cuestión de competencia y constitucionalidad, y es más abierto en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero solamente en un caso en que se prevea y se acuerde la suspensión, no podremos decir que no ha entrado en vigor o que no es efectiva. Son conceptos distintos. Puede acabar la tramitación en España, puede publicarse en el BOE y algún órgano con competencia puede suspenderla. Esto es lo que está por ver…

P.- ¿Y usted qué cree que va a pasar?

R.- Creo que van a tener muchos problemas en obtener la suspensión. Sobre todo hay una particularidad: la ley de amnistía es una especie de norma penal retroactiva y esto es muy importante. Lo que están diciendo los partidarios de la medida, en el sentido de que en el mismo momento en que se publique en el BOE puede volver el ex presidente, lo dicen porque al ser una norma penal retroactiva no hay quien la toque. Es el caso de la ley del sí es sí. Aunque es errónea, entra en vigor y no tiene remedio porque desde el mismo momento en que entra en vigor se aplica hacia atrás en el tiempo. Con la ley de amnistía están diciendo que será una especie de norma penal retroactiva más favorable, porque elimina la responsabilidad penal. Pero hay un problema muy curioso, muy técnico, entre el proceso de entrada en vigor, por un lado, y el proceso de suspensión, porque incluso la suspensión de la ley establece un aspecto muy importante Podría llegar tarde, que es un poco lo que está sosteniendo el equipo jurídico de Puigdemont: que la ley entra en vigor inmediatamente y que, como norma penal más favorable, los recursos no pueden influir o afectarla.