El segundo día de protesta del campo eleva a cinco los detenidos y suben los identificados
Se ha podido ver a agentes tratando de convencer a los manifestantes de que no podían mantener las carreteras cortadas
Protesta de los agricultores. | Europa Press
El segundo día de protesta del sector agrícola en España ha dejado un balance provisional de cinco detenidos en Granada por enfrentamientos con la Guardia Civil en una jornada con cortes intermitentes en las principales vías de circulación y con un incremento notable de identificados para posible sanción.
El Ministerio del Interior informó anoche de que el primer día de tractoradas dejó un saldo de dos detenidos en La Rioja y Valladolid por delitos de desobediencia, además de un centenar de identificados por posibles infracciones de las leyes de Seguridad Ciudadana –la conocida como ‘ley mordaza’- o de Seguridad Vial. Es decir, tanto los detenidos como los identificados han aumentado en la segunda jornada.
Una de las imágenes de este miércoles ha sido la circulación de los tractores por el centro de Barcelona, con la intención por parte de los agricultores de reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y trasladarse su petición para simplificar la burocracia e imponer «reciprocidad» en las importaciones desde fuera de Europa, poniendo fin a la competencia desleal y estableciendo precios adecuados a los costes.
Por diferentes puntos se ha podido ver a agentes de las Fuerzas de Seguridad tratando de convencer a los manifestantes de que no podían mantener las carreteras cortadas por tiempo indefinido.
Granada ha sido en la segunda jornada de protestas uno de los puntos de más tensión por el arresto de cinco personas en la concentración junto a la A-92 en el término municipal de Santa Fe, en el área metropolitana de la ciudad andaluza. La intención de agricultores y ganaderos era llevar la tractorada a la circunvalación de la capital granadina durante la mañana.
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha explicado que las detenciones se han llevado a cabo por un supuesto intento de agresión a agentes de la Guardia Civil, después de enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos de este cuerpo de seguridad.
Sólo en la provincia de Málaga han sido identificadas 400 personas ante posibles infracciones de la ley orgánica de seguridad ciudadana desde que se iniciaron las protestas el martes, consiguiendo bloquear puntualmente el acceso al puerto, aunque este miércoles la situación estaba normalizada.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que «a partir de ahora» empezarán a tramitar todas las sanciones que se pongan debido a los cortes de vías y protestas no comunicadas. Los expedientes pueden derivar en multas económicas e incluso una investigación penal.
En la vecina provincia de Cádiz la principal afectación se ha registrado en Jerez de la Frontera, donde los manifestantes han ocupado los dos sentidos de la autovía A-4 en la entrada a Guadalcacín, afectando puntualmente también al acceso al aeropuerto por esa carretera. Por este motivo, Aena ha recomendado optar por itinerarios alternativos.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también se ha referido este miércoles a las consecuencias de los cortes para asegurar que «lógicamente ya se está multando» a aquellos agricultores y ganaderos que participen en manifestaciones que «no están comunicadas y, por lo tanto, no están autorizadas».
«Cuando no están comunicadas ni autorizadas hay una responsabilidad del que participa en esa manifestación», ha añadido el representante del Ejecutivo en Extremadura, advirtiendo que «va a haber sanciones a las personas que se identifiquen oportunamente».
El Ministerio del Interior monitoriza la situación con la creación de un Centro de Coordinación (CECOR) con participación de policías autonómicas y representantes de la DGT y de los ministerios de Agricultura, Política Territorial y Transportes.
El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles desde el Senado que el propósito del Gobierno es atender a las demandas del campo y garantizar el derecho a la manifestación, pero sin que esto afecte a los servicios esenciales ni a la movilidad de los ciudadanos.
