El Gobierno ficha como directores generales a 35 afines porque «no hay funcionarios idóneos»
La cobertura debe hacerse dentro de la Administración y de forma excepcional se deberá acudir al sector privado
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado una nueva vuelta de tuerca a los nombramientos a dedo designando a 35 políticos afines en puestos de direcciones generales que deberían ocupar funcionarios. Esta práctica, según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debería ser totalmente excepcional y justificada. La norma recoge que estos cargos deben ser nombrados entre funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1.
Excepcionalmente, «cuando en atención a las características específicas no sea posible nombrar a un funcionario», deberá ser motivada mediante una memoria razonada la cobertura. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a una pregunta formulada por Grupo Popular en el Congreso sobre este asunto. Los populares solicitan al Gobierno que detalle las especiales características que justifican acudir a esa circunstancia excepcional.
En su respuesta, el Ejecutivo cita la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Esta norma prevé la posibilidad, de forma excepcional, de prescindir de los funcionarios para ocupar los puestos de los titulares de las Direcciones Generales. Señala también el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que prevé que las excepciones a la condición de funcionario deben estar motivadas mediante justificación razonada de la concurrencia de las especiales características que permitan esa circunstancia excepcional.
Funcionarios y sector privado
El Gobierno recalca que el ordenamiento jurídico administrativo «responde básicamente a la necesidad de acudir al sector privado para reclutar al personal más idóneo» para ocupar la titularidad de una determinada dirección general. «No obstante, esto ha de entenderse como excepcional y debe justificarse caso por caso, como así ocurre en las nuevas estructuras ministeriales», señala. Su excusa es que no hay funcionarios idóneos en todas esas áreas y eso obliga a colocar afines.
La autora de la pregunta, Llanos de Luna, diputada de Partido Popular por Barcelona. Recalca a THE OBJECTIVE, que la opción de acudir al sector privado o al partido para cubrir estos puestos debe ser excepcional. Además, señala la idoneidad de que esos cargos sean ocupados por funcionarios por su profesionalidad. Igualmente destaca que estos efectivos han llegado a la Administración acreditando méritos y capacidad.
De Luna apunta que en ningún momento ha habido una cantidad tan elevada de directores general designados a dedo fuera de la Función Pública. «Esta opción debe ser excepcional», concluye. El sueldo de estos cargos, según el Portal de Transparencia, oscila entre los 80.000 y 100.000 euros.
En 2021 y 2022, el Tribunal Supremo anuló cuatro nombramientos a dedo del Ejecutivo de Pedro Sánchez que deberían haber sido cubiertos por funcionarios de carrera. Mientras, en diciembre de 2021 tumbó el nombramiento de la directora general de la Juventud y de un alto cargo en la Agenda 2020. En 2022, un nuevo falló contra el Gobierno obligó a designar nuevos responsables en Deportes y Derechos de las Personas con Discapacidad.
Cargos bajo lupa
La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) fue la organización que impugnó estos nombramientos. La consecuencia, a partir de la sentencia número 541/2022 del Tribunal Supremo, fue la anulación de los nombramientos en esas direcciones generales. Fedeca entendió que los puestos podían ser cubiertos por funcionarios A1 como el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, así como otros funcionarios A1 en el ámbito local como serían los Técnicos Superiores de Actividad Física y Deportes en las Diputaciones Provinciales.
Entre los recién nombrados en un listado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, están Luis Guillermo Tapia Martínez, nuevo director general de Relaciones con las Cortes, y Jesús García Perea, para el que se ha creado una nueva dirección general, la de Discurso y Mensaje. Tapia Martínez ha sido director de gabinete de asesoramiento del Grupo Parlamentario Socialista y asesor parlamentario en las Cortes Generales. Antes, fue asesor económico y jurídico en el Senado.
De menos a más
Por su parte García Perea, ha sido diputado del PSOE en el Congreso entre 2000 y 2004 y ya trabajaba en el gabinete de Sánchez en Moncloa elaborando algunos de sus discursos. Entre los cargos puestos en cuestión también están el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos y la directora general de la Oficina Española del Cambio Climático, Valvanera María Ulargui. Tampoco es funcionario de carrera Julio del Valle de Iscar, director General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+. Del Valle fue hasta junio diputado por Valladolid y también ha sido concejal y diputado autonómico.
Al final de la anterior legislatura, el número de directores generales o similares que no eran funcionarios alcanzó los 34, prácticamente uno de cada cuatro del total. Cuando comenzó, apenas suponían 26. Mientras, en la última etapa de Mariano Rajoy sumaron diez, uno más que en la primera legislatura de Pedro Sánchez.
