Ábalos medió para que el escolta detenido fuese premiado con un puesto en Moscú
Interior designó a los dos agentes en el puesto, dotado con 12.000 euros al mes, antes de que Ábalos dejase Transportes
El exministro Ábalos. | TO
Rubén de Aldama, el policía nacional detenido en el marco de la operación Delorme de la UCO de la Guardia Civil, hermano de uno de los principales investigados del presunto caso de corrupción y quien fuese escolta del exministro Jose Luis Ábalos, se ganó la confianza del diputado socialista durante los dos años en los que estuvo en su equipo de seguridad. Lo hizo hasta tal extremo que el titular de Transportes llegó a mediar con el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska y, en concreto, con la Dirección General de la Policía, para que fuese en comisión de servicios a la Embajada de España en Rusia a principios de 2021, pocos meses antes de que Ábalos dejase el Gobierno y la Secretaría de Organización del PSOE.
Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de la Policía Nacional, el entonces ministro decidió premiar no solo al oficial de policía y hermano de uno de los principales implicados en el caso de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional, Víctor de Aldama, sino también a otro de los escoltas que llevaba largo tiempo con él el Ministerio. Este puesto de libre de designación, con una duración de dos años para labores de seguridad en la delegación diplomática, es de los más disputados entre las fuerzas de seguridad por su alta remuneración: unos 12.000 euros al mes.
Cabe destacar que los dos agentes, ambos funcionarios policiales de la Brigada Central de Escoltas, órgano dependiente de la Unidad Central de Protección de la Policía y encargada de la seguridad de altas personalidades del Estado, fueron los que, revelan las fuentes, acompañaron al ministro en distintos episodios polémicos. Entre ellos, destacan el que ocurrió en un bar de copas de Mérida (Badajoz) en febrero de 2019, cuando un policía nacional retirado le increpó a Ábalos al grito de «rojo», y en el que los escoltas tuvieron que intervenir ante la disputa que provocó poco después Koldo García, el ayudante de Ábalos sobre la que pivota toda la trama en las mordidas de los contratos por las mascarillas.
La primera comida con Ábalos
En el caso del primer policía, ese premio en forma de puesto en Moscú vino precedido también por la buena relación que su hermano, el empresario y presidente del Zamora C.F., investigado en la supuesta trama de corrupción, Víctor Gonzalo de Almada, entabló con el entonces ministro y previamente con su asesor y hombre de confianza de Ábalos. La amistad que mantenían los tres era estrecha y, tal y como reveló THE OBJECTIVE, se fraguó gracias a una comida, organizada por el escolta de Ábalos y el familiar imputado, en un restaurante de la capital madrileña.
El encuentro, que tuvo lugar a finales de 2018, tuvo lugar en un establecimiento hostelero, el Welow Restaurant, situado en la zona financiera de Madrid, en concreto en una de las cinco torres, y cuyo propietario era, precisamente, Víctor de Aldama. A partir de este punto, los cuatro forjaron una relación de confianza y negocios. Tanto es así que el titular de Transportes celebró su 60 cumpleaños en el citado restaurante, en diciembre de 2019, en compañía de Koldo y del empresario madrileño.
Y no solo eso, sino que que los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas por parte de distintos organismos del Ministerio de Transportes, todos ellos investigados por Anticorrupción, se negociaron entre ellos tres desde el piso oficial en el que Ábalos residía en Madrid antes de ser destituido por Pedro Sánchez como ministro, según publicó este periódico.
53 millones
La investigación de la Fiscalía ha revelado que la trama a la que se vincula Koldo García se hizo con ocho contratos públicos por un valor de 53 millones. Además de Transportes e Interior, habría conseguido adjudicaciones de los gobiernos regionales de Baleares y Canarias. Anticorrupción calcula que Soluciones de Gestión pudo obtener unos beneficios cercanos al 32%, en torno a unos 10 millones de euros, tras descontar el pago que hizo a dos suministradores de mascarillas y a las compañías que hicieron su traslado a España.
Una rentabilidad que fue repartida entre el asesor de Ábalos, su mujer y su hermano, Patricia Uriz y Joseba García; los empresarios Victor de Aldama, Iñigo Rotaetxe y Juan Carlos Cueto, vinculados a la empresa adjudicataria de las mascarillas, y Jose Luis Rodríguez, un mando de la Guardia Civil en Transportes, en segunda actividad, que la trama empleó para blanquear una parte las mordidas a través de una empresa de minería, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL.
En libertad
En cualquier caso, la organización criminal que integraban estos últimos también hizo lo mismo con una empresa en Brasil, Suro Capital Brasil Participacoes Ltda, y con la compra de bienes inmobiliarios y suelo rústico en la provincia de Alicante, según refleja la querella del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso este diario.
Los investigados fueron citados este jueves para declarar en la Audiencia Nacional. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Quedaron en libertad después de que la Fiscalía rehusara solicitar prisión provisional al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva. A la mayoría se les impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.
