Independentistas, CNI y Congreso: algo no encaja

Recuerdo a los diputados que en los años 80 peleaban en el Congreso de los Diputados para conseguir que la institución pudiera controlar las actividades del servicio de inteligencia, entonces llamado Cesid. Era una de las tareas más complicadas que he visto nunca: el PSOE y el PP mantenían una alternancia en el poder y había algunos temas que no querían tocar, como las actuaciones de los espías. Ya podían Antonio Romero –Izquierda Unida-, Iñaki Anasagasti –PNV- o Luis Mardones –grupo canario- pedir transparencia y preguntar sobre los temas de actualidad en los que aparecían mezclados agentes secretos, nadie los hacía caso. Recuerdo su desesperación: no entendían la razón por la que ellos, los representantes del pueblo, no podían controlar sus actividades. Todo era secreto y a los grandes partidos, que dominaban los trámites parlamentarios, les parecía bien.

Durante aquellos años de mayorías absolutas de Felpe González, el servicio secreto actuaba con total libertad y nadie los vigilaba. Los partidos de la oposición pedían la creación de una comisión que controlara sus actividades, pudiera preguntarles sobre los temas que afectaban a la sociedad y a la que pudiera acudir el director para facilitarles información reservada. No lo consiguieron, pero nunca cejaron en su empeño.

Ninguno de los dos primeros directores -José María Bourgon y Gerardo Mariñas- se acercó nunca al Congreso. Emilio Alonso Manglano llegó en 1981 y aguantó hasta 1995. En esos 14 años acudió solo cinco veces, principalmente a hablar en genérico de presupuestos y funcionamiento de La Casa. Dedicó ratos cortos a no decir nada sobre el caso Gal, el espionaje a un funcionario de Exteriores llamado Pastor Ridruejo y a negar el conocimiento sobre las actividades corruptas de Luis Roldán.

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Fernando Rueda

Tras la constatación de un espionaje indiscriminado a altas personalidades del Estado, tuvo que dimitir y su sustituto de corta vida en el puesto, Félix Miranda, acudió una vez en un año para hablar del presupuesto y de la crisis interior que habían sufrido. En los cinco años siguientes, el silencio del director del servicio fue absoluto ya con un gobierno de José María Aznar. Javier Calderón no acudió ni una vez a dar información a los diputados.

Se crea el CNI y una comisión en el Parlamento

Jorge Dezcallar fue el primer director civil y llevó a cabo un profundo cambio legal en la institución. Convirtió el Cesid en CNI y levantó el control judicial y el parlamentario. Se estableció que el director debía acudir al menos una vez al año a la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida popularmente como la comisión de secretos oficiales. Allí podría hablar con cierta libertad porque los diputados participantes no podrían desvelar el contenido de su intervención. Y, además, solo podrían estar presentes los elegidos previamente con el apoyo de tres quintas partes de la cámara. 

Dezcallar fue dos veces, excepcionalmente acompañado por el ministro de Defensa, Federico Trillo. El motivo es que en ambas comparecencias le incluyeron preguntas sobre la invasión de Irak y existían discrepancias entre el Gobierno y su servicio secreto.

El tema se reactivó con la llegada de Alberto Saiz. En cinco años que estuvo al mando acudió siete veces y respondió a muchas de las dudas que se planteaban en la sociedad: el 11-M, los vuelos de la CIA que pasaban por España para transportar presos yihadistas, la detención del agente que vendió información a los rusos y la campaña en su contra de agentes disgustados con él.

Tras el aterrizaje de Félix Sanz, la comisión parlamentaria siguió recibiendo su visita con cierta periodicidad para responder a los grandes temas denunciados por los medios de comunicación: secuestro del pesquero Alakrana, la presencia del CNI en Afganistán, la identificación por parte de la Generalitat de agentes del servicio, el espionaje político en Cataluña, el espionaje de la NSA estadounidense en España o el seguimiento y control de las actividades de Corinna Larsen, la amante del rey Juan Carlos.

En los últimos cuatro años la situación ha dado un vuelco. Los representantes del pueblo, que diría mi apreciado Antonio Romero, han dejado de recibir casi totalmente información. Esa intervención anual para informar de sus actividades y gastos reservados siguen sin llevarla a cabo, no por ellos y ellas, que son unos mandados, sino porque sus jefes políticos prefieren no sentarles en esa tribuna. Pero sus intervenciones para informar de temas concretos ya casi no se dan. Desde que ocupó el cargo Paz Esteban y hasta hoy con Esperanza Casteleiro, solo la primera ha acudido en una ocasión para informar del espionaje a los independentistas con Pegasus y fue una trampa  urdida por el Gobierno de Pedro Sánchez para exponerla públicamente y cesarla cinco días después.

Antes, para permitir esa comparecencia y que los afectados por Pegasus, los independentistas, pudieran enfrentarse en persona a ella, cambiaron las leyes del juego para que ERC, Junts y Bildu encontraran el acomodo en la comisión que las leyes del Congreso nunca les habían permitido. Consideraban que no eran de fiar en asuntos de Estado. 

Como conclusión, tras esa reforma, Casteleiro no ha ido ni una vez al Congreso. Y me temo que no irá. Servicio de inteligencia del Estado y grupos independentistas no encajan demasiado.

P.D.: las comisiones de investigación creadas en el Congreso sobre Pegasus y los atentados de las Ramblas no servirán para que los independentistas saquen los colores a los espías: ninguno puede acudir, la obligación de guardar el secreto los ampara.