Interior tramitó la expulsión de 1.400 inmigrantes en 2023 por actos graves
Según los datos facilitados por la Policía, participaron en actividades contrarias a la seguridad nacional 63 personas
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. | Europa Press
El Ministerio del Interior incoó 1.410 expedientes de expulsión de inmigrantes durante 2023. La cifra ha sido facilitada por la Dirección General de Policía a través del Portal de Transparencia, previa solicitud de THE OBJECTIVE. Los datos aportados detallan los actos sancionados y la gravedad de los hechos.
Así, la principal causa que genera la expulsión es que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa. Esa circunstancia tiene que suponer pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. En esta situación se encontraban 1.276 inmigrantes.
Mientras, hasta 63 inmigrantes, según los datos facilitados por la Policía, participaron en actividades contrarias a la seguridad nacional. También el artículo 54.1.a de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social afecta a los inmigrantes que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países.
Delitos muy graves
La respuesta de Interior también muestra que solo 12 personas estuvieron relacionadas con el delito, muy grave, de promover la entrada de inmigrantes con ánimo de lucro. La ley penaliza con una falta muy grave inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha justificado, precisamente, el aumento en los flujos migratorios, principalmente en Canarias, donde las entradas irregulares aumentaron un 154,5% con respecto a 2022, en el auge de las mafias que operan en las costas de Marruecos, en el Sáhara Occidental y en Mauritania, y que llegan a cobrar hasta 3.000 euros a cada inmigrante a cambio de facilitar su periplo por el Atlántico hasta las costas canarias.
Solo se ejecutan un 5% de expulsiones
Frente a los datos sobre los expedientes de expulsión que se tramitan en España, destaca que solo alrededor del 5% se ejecutan, según rezan distintas respuestas parlamentarias del Gobierno a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Es decir que, son muy pocos los casos de personas en situación irregularmente que finalmente son deportados a su país de origen. Ocurrió, por ejemplo, con Yasin Kanza, proceso por un delito de terrorismo tras matar con un machete a un sacristán y herir gravemente a un sacerdote en Algeciras en enero de 2023. El presunto terrorista tenía desde junio del año anterior una orden expulsión de España.
La cuestión es: ¿por qué el Gobierno no ejecuta inmediatamente esos expedientes? Puede deberse a dos opciones, según explican fuentes expertas en la materia. Por un lado, apuntan a la falta de colaboración por parte del país de origen. Para llevar a cabo la devolución es necesario que una delegación diplomática del Estado del que procede facilite al inmigrante una copia de su pasaporte y lo reconozca como ciudadano. Un trámite que, en todos los casos, depende del interés del país al que el ciudadano en situación irregular debe volver.
En el caso de Marruecos, de donde procede el presunto terrorista Yasin Kanza, el Partido Popular insiste en la «falta de colaboración» por parte del país alauí y «en el poco peso del Gobierno en el norte de África» para ejecutar las devoluciones. «El expediente de expulsión es igual para todos, pero si el país en cuestión no los acepta, ahí está el problema», explicaba a este periódico la diputada del Partido Popular Ana Vázquez.
