Una mujer de 62 años, pluriempleada para mantener a sus 'okupas': "Estoy desesperada"
Anabel, que es enfermera, está en tratamiento porque una pareja de africanos lleva cinco años ocupando su vivienda
Anabel, de 62 años, lleva cuatro años manteniendo a dos inquiokupas en su vivienda de Pamplona. | Cedida
El fenómeno de la okupación e inquiokupación en España sigue creciendo ante la pasividad del Gobierno de España y para la preocupación de la Comisión Europea, que se encuentra examinando la petición de la Plataforma de Afectados. Detrás de las cifras, cada vez más preocupantes, hay historias y vidas truncadas como la de Anabel, de 62 años, que compró una vivienda en Pamplona en 2018 con la esperanza de prejubilarse y disfrutar con su marido (que ronda los 80 años), pero ahora trabaja como enfermera en dos lugares a la vez para llegar a fin de mes por culpa de dos inquiokupas africanos.
«Mi pareja y yo estamos al límite, en tratamiento psiquiátrico. Él malhumorado, no ve la luz. Dice que se va a morir antes de que se vaya esa cucaracha. No merecemos este final a nuestras vidas», solloza Anabel, una de las múltiples propietarias desesperadas que ha contactado con la Plataforma de Afectados por la Ocupación en busca de ayuda ante el desamparo del Gobierno de España.
Pese a una sentencia judicial que les obligaba a abandonar el inmueble, y que data del año pasado, los inquiokupas siguen atrincherados con un informe de vulnerabilidad tras cuatro años sin pagar. Se han negado a aceptar las ofertas de la dueña para trabajar cuidando a ancianos y hasta de perdonarles la deuda si se iban.
Cinco años de agonía
La historia nos remonta a 2018, y así la relata su protagonista: «Yo pensaba jubilarme antes de mi tiempo cotizado, así que, consciente de que me iban a quitar un porcentaje, hicimos una inversión para comprar el piso, alquilarlo, y poder jubilarme a los 60. Teníamos poco dinero y tuvimos que hipotecarnos. Lo pusimos en alquiler y tuvimos muchísima demanda». Una pareja joven de pamploneses estuvo a punto de hacerse con él, pero finalmente optaron por un africano. «Me arrepentiré toda la vida», lamenta Anabel en conversación con THE OBJECTIVE.
Y es que en 2019 su inquilino se instaló con su pareja y dejó repentinamente de pagar. No sólo el piso. Tampoco la calefacción ni el agua. Se excusaba en que no encontraba trabajo, así que Anabel lo buscó por él y se lo ofreció, pero fue en balde. También les ofrecieron perdonarles la deuda con tal de que se fueran, y hasta buscarles otra vivienda pagando de su bolsillo la fianza de 4.000 euros. «Méteme a juicio», fue la última respuesta que recibió del magrebí en agradecimiento.
El inquiokupa, asesorado por el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, conocido por su defensa de la okupación de inmuebles, prefirió ir a juicio. Este se prolongó durante un año en el que Anabel y su pareja no recibieron un solo euro, pese a que se les debían 17.000. «Tal y como está redactada la ley de vivienda, mi abogado me recomendó que, ya que el dinero no lo íbamos a recuperar, llegásemos a un acuerdo». Y así fue: 6.000 euros a devolver en plazos mensuales de 50 euros.
Eso es lo que perciben los dueños actualmente, pero su piso permanece ocupado. En enero de 2023 se celebró el juicio y en mayo tendría que haberse producido el desahucio, pero los inquiokupas alegaron vulnerabilidad, por tener dos hijos, para frenar el desalojo. Sucedió lo mismo el pasado mes de octubre, y en diciembre.
«Esto está siendo una agonía», confiesa Anabel, que está desesperada: «Mi pareja y yo estamos al límite, en tratamiento psiquiátrico. Él está malhumorado, no ve la luz. Dice que se va a morir antes de que se vaya esa cucaracha. No merecemos este final a nuestras vidas». Quería jubilarse a los 60 años y ahora, con 62, trabaja a la vez como enfermera en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y en una residencia de ancianos.
Desamparados
Anabel se ha recorrido todas las autoridades y administraciones habidas. La Policía Municipal, el Defensor del Pueblo del País Vasco, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Alcaldía de Pamplona… Pero ha encontrado finalmente apoyo en la Plataforma de Afectados por la Ocupación, con la que contactó a finales de 2023. «El problema es que los okupados no estamos unidos, no somos un colectivo», lamenta Anabel, que se siente «desamparada» por la ley y por las administraciones.
«La ley de vivienda tiene un vacío legal importante», denuncia: «Se hizo pensando en los votos, pero ni siquiera contempla si esa persona, la mía, trabaja o no. Tiene todas las ayudas y a mí no me dan ni el padrón de mi vivienda». La última vez que vio a su inquiokupa este vestía «elegante», con «unos zapatos más caros que toda la ropa que lleva mi marido», y con «el respaldo del Gobierno y de la ley».
No trabaja y vive de ayudas, pese a que la dueña de la casa le ofreció trabajar en una residencia cuidando de ancianos. Tras esta experiencia traumática, Anabel no quiere saber nada más de alquileres: «Si se queda libre, no creo que lo vuelva a vender, como mucho se lo alquilaría a unos estudiantes, que pagan los padres».
