Una mujer de 62 años, pluriempleada para mantener a sus 'okupas': "Estoy desesperada"
Anabel, que es enfermera, está en tratamiento porque una pareja de africanos lleva cinco años ocupando su vivienda
Anabel, de 62 años, lleva cuatro años manteniendo a dos inquiokupas en su vivienda de Pamplona. | Cedida
El fenómeno de la okupación e inquiokupación en España sigue creciendo ante la pasividad del Gobierno de España y para la preocupación de la Comisión Europea, que se encuentra examinando la petición de la Plataforma de Afectados. Detrás de las cifras, cada vez más preocupantes, hay historias y vidas truncadas como la de Anabel, de 62 años, que compró una vivienda en Pamplona en 2018 con la esperanza de prejubilarse y disfrutar con su marido (que ronda los 80 años), pero ahora trabaja como enfermera en dos lugares a la vez para llegar a fin de mes por culpa de dos inquiokupas africanos.
«Mi pareja y yo estamos al límite, en tratamiento psiquiátrico. Él malhumorado, no ve la luz. Dice que se va a morir antes de que se vaya esa cucaracha. No merecemos este final a nuestras vidas», solloza Anabel, una de las múltiples propietarias desesperadas que ha contactado con la Plataforma de Afectados por la Ocupación en busca de ayuda ante el desamparo del Gobierno de España.
Pese a una sentencia judicial que les obligaba a abandonar el inmueble, y que data del año pasado, los inquiokupas siguen atrincherados con un informe de vulnerabilidad tras cuatro años sin pagar. Se han negado a aceptar las ofertas de la dueña para trabajar cuidando a ancianos y hasta de perdonarles la deuda si se iban.
Cinco años de agonía
La historia nos remonta a 2018, y así la relata su protagonista: «Yo pensaba jubilarme antes de mi tiempo cotizado, así que, consciente de que me iban a quitar un porcentaje, hicimos una inversión para comprar el piso, alquilarlo, y poder jubilarme a los 60. Teníamos poco dinero y tuvimos que hipotecarnos. Lo pusimos en alquiler y tuvimos muchísima demanda». Una pareja joven de pamploneses estuvo a punto de hacerse con él, pero finalmente optaron por un africano. «Me arrepentiré toda la vida», lamenta Anabel en conversación con THE OBJECTIVE.
Y es que en 2019 su inquilino se instaló con su pareja y dejó repentinamente de pagar. No sólo el piso. Tampoco la calefacción ni el agua. Se excusaba en que no encontraba trabajo, así que Anabel lo buscó por él y se lo ofreció, pero fue en balde. También les ofrecieron perdonarles la deuda con tal de que se fueran, y hasta buscarles otra vivienda pagando de su bolsillo la fianza de 4.000 euros. «Méteme a juicio», fue la última respuesta que recibió del magrebí en agradecimiento.
El inquiokupa, asesorado por el Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, conocido por su defensa de la okupación de inmuebles, prefirió ir a juicio. Este se prolongó durante un año en el que Anabel y su pareja no recibieron un solo euro, pese a que se les debían 17.000. «Tal y como está redactada la ley de vivienda, mi abogado me recomendó que, ya que el dinero no lo íbamos a recuperar, llegásemos a un acuerdo». Y así fue: 6.000 euros a devolver en plazos mensuales de 50 euros.
Eso es lo que perciben los dueños actualmente, pero su piso permanece ocupado. En enero de 2023 se celebró el juicio y en mayo tendría que haberse producido el desahucio, pero los inquiokupas alegaron vulnerabilidad, por tener dos hijos, para frenar el desalojo. Sucedió lo mismo el pasado mes de octubre, y en diciembre.
«Esto está siendo una agonía», confiesa Anabel, que está desesperada: «Mi pareja y yo estamos al límite, en tratamiento psiquiátrico. Él está malhumorado, no ve la luz. Dice que se va a morir antes de que se vaya esa cucaracha. No merecemos este final a nuestras vidas». Quería jubilarse a los 60 años y ahora, con 62, trabaja a la vez como enfermera en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y en una residencia de ancianos.
Desamparados
Anabel se ha recorrido todas las autoridades y administraciones habidas. La Policía Municipal, el Defensor del Pueblo del País Vasco, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Alcaldía de Pamplona… Pero ha encontrado finalmente apoyo en la Plataforma de Afectados por la Ocupación, con la que contactó a finales de 2023. «El problema es que los okupados no estamos unidos, no somos un colectivo», lamenta Anabel, que se siente «desamparada» por la ley y por las administraciones.
«La ley de vivienda tiene un vacío legal importante», denuncia: «Se hizo pensando en los votos, pero ni siquiera contempla si esa persona, la mía, trabaja o no. Tiene todas las ayudas y a mí no me dan ni el padrón de mi vivienda». La última vez que vio a su inquiokupa este vestía «elegante», con «unos zapatos más caros que toda la ropa que lleva mi marido», y con «el respaldo del Gobierno y de la ley».
No trabaja y vive de ayudas, pese a que la dueña de la casa le ofreció trabajar en una residencia cuidando de ancianos. Tras esta experiencia traumática, Anabel no quiere saber nada más de alquileres: «Si se queda libre, no creo que lo vuelva a vender, como mucho se lo alquilaría a unos estudiantes, que pagan los padres».
Como se ha dado cuenta que no hay nadie a quien pueda acudir. No hay periodistas que enseñen la verdad de estas situaciones más allá de casos como el suyo, que hay cientos de miles en España. Me refiero, no a las organizaciones protegidas por los gobiernos locales, autonomías que tienen la competencia en vivienda, ORGANIZACIONES COMO LAS QUE CREO COLAU, son los mafiosos que han visto los agujeros creados desde que Colau e Irene Montero fueron vestidas en los programas de LA SEXTA, donde crearon a la nueva izquierda, que llamaron el 15 M, en la legalidad actual.
Un país lleno de mafias de la ocupación.
Como usted reconoce es lo que la gente vota, pero la gente en general no se entera, Por eso esta usted y los cientos de miles que están como usted ignoradas, por ese alto standing del periodismo que usted no se puede permitir el lujo de verles en su casa, porque tiene que malvivir por culpa de esa escoria humana.
Que es lo que son. Eso si de vez en cuando sacan casos como el suyo así purifican sus pecados, y culpan al gobierno.
Como parece que se ha dado cuenta, las asociaciones antiocupas no están para lo que se promociona en los medios digitales y audiovisuales. Buscan HACER creer a los afectados que se dedican a hablar con algunos partidos, y hacer creer que están «haciendo» en contra de la ley DELA OCUPACIÓN.
Todos los gobiernos locales, autonómicos legalizan la ocupación. Una culpa esta el en lobismo ultrafeminista, pero se tapa, hasta el punto que venden pisos ocupados donde hay una mujer con el certificado de victima de violencia machista, una vez que ha pasado la policía ya esta lista para ser ocupada por otros que pagan por esa ocupación.
Usted habla de su caso concreto, pero es que en España organizaciones ocupan viviendas amparadas por la legalidad de los ayuntamientos y autonomías, y no son plataformas a favor de la ocupación, no son partidos, sindicatos, son simplemente mafias que ocupan y venden el piso con una persona «vulnerable», puede ser mujer, extranjera.
Salió en el programa de Ana Rosa antes de cambiar de horario, el mafioso explicaba que pagaba a una «mujer o un vulnerable», y cuando la policía lo constata , el vende la ocupación.
Esto no lo saca Ferreras, Évole
Los ciudadanos que aspiramos a ganarnos la vida dignamente, trabajando, mejorando con el estudio y el esfuerzo, que es como realmente se progresa (porque progreso es todo lo contrario a progresismo) no nos dimos cuenta de que los partidos de izquierda, con el silencio cómplice de la derecha cuando no con su colaboración, estaba sembrando un orden social empobrecedor basado en la subvención (antes se llamaba limosna) de una importante capa de la población que vive de declararse vulnerable, lo que antes se denominaba vagos y maleantes, y de considerarse impune en la disposición del patrimonio de los demás. Y esto solo puede revertirse con parlamentos valientes que legislen con equidad y justicia. Eso no ocurrirá mientras haya mayorías combinadas de izquierdas y supremacistas. Mientras tanto ciudadanos honrados, trabajadores y confiados como Anabel son despojados de su patrimonio y de su salud. Quizás mientras no haya un vuelco político la única alternativa es acudir a servicios alternativos (desokupa o similares) que «convenzan» a los indeseables para que desalojen por las buenas porque la desesperación no se sabe a donde puede llevar a los propietarios.
Ojo con los perfiles de algunos inquilinos. Son de alto riesgo. Hay que evitarlos