La UCO registra la RFEF por los contratos de Piqué y Rubiales para la Supercopa en Arabia
Hay siete detenidos, entre ellos el abogado Tomás González Cueto, mano derecha del expresidente de la federación
El expresidente de la RFEF Luis Rubiales y Gerard Piqué. | Ilustración de Alejandra Svriz
Golpe a la corrupción en el deporte. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está registrando este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el domicilio de su expresidente Luis Rubiales en Granada. La investigación está relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años. Concretamente aquellos suscritos con la empresa Kosmos, del exfutbolista Gerard Piqué, para celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Los agentes han practicado por el momento siete detenciones, confirman a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación. Entre ellas, las del director jurídico de la RFEF Pedro González Segura y el asesor externo jurídico de la RFEF Tomás González Cueto, una de las personas de máxima confianza de Rubiales. El exdirigente granadino no está entre los arrestados porque se encuentra de viaje en República Dominicana.
La operación se enmarca en una intervención vinculada a presuntos hechos delictivos relacionados con la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Se están desarrollando actuaciones en distintas provincias de España. En total se van a registrar 11 domicilios, además de la ejecución de requerimientos judiciales a entidades públicas y privadas.
Sorpresa en la RFEF
La operación ha causado sorpresa en la RFEF, ya que se producía al mismo tiempo que los jugadores saltaban a los campos de entrenamiento situados en Las Rozas. Está dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, aunque las diligencias permanecen secretas. El origen de la investigación es una querella interpuesta el 30 de mayo de 2022 por Transparencia y Democracia en el Deporte, una asociación presidida por Miguel Ángel Galán, presidente de Cenafe.
Trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí, un país en el que se vulneran los derechos humanos y existe pena de muerte, fue una de las primeras decisiones de Rubiales al frente de la RFEF tras convertirse en su presidente en mayo de 2018. El acuerdo alcanzado a finales de ese curso se cerró para seis años, a razón de 40 millones de euros por temporada.
La adjudicación del torneo tuvo otro actor importante, Gerard Piqué. El entonces jugador del FC Barcelona fue el intermediario de la operación y pactó con Rubiales llevarse una comisión millonaria de cuatro millones de euros por edición, lo que supone 24 millones en total. La querella interpuesta por Galán, a la que ha tenido acceso este diario, advierte de «un concierto previo» con el objetivo de hacer «algún» negocio. Además, señala al expresidente de la RFEF por «abusar» de su cargo para presionar a las autoridades de Riad.
«Realizaron todo tipo de maniobras y artimañas usando sus cargos para provocar reacciones en otras personas que les condujeran a sus objetivos, incluso en el caso de Rubiales, en perjuicio de su administrada; colaboraron de tal forma que en ocasiones no resultaba sencillo dirimir cuál de ellos era el presidente y cuál era el aparente comisionista, ocultaron la comisión de 24 millones; crearon una apariencia de que Piqué trabajaba y cobraba de la contraparte, para lo que tuvieron que vestir y negociar este aspecto con los representantes de la sociedad Saudita», insiste la querella.
Denuncia ante el CSD
Este escenario, subraya el texto, «debió repercutir negativamente en la negociación, perjudicando aún más los intereses de la RFEF». La querella asegura que en el contrato se introdujeron cláusulas que ocultaron, por las que si la Supercopa de España dejara de celebrarse en Arabia Saudí la federación tendría «el derecho de dar por concluido este acuerdo sin castigo y manteniendo las cantidades ya cobradas».
Galán también denunció al expresidente de la RFEF el pasado septiembre ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por organizar competiciones oficiales fuera de nuestro país «sin la reglamentaria autorización». El líder de Cenafe sostenía que el artículo 76.2F de la Ley del Deporte de 1990 establecía que para hacerlo era necesario la autorización del Gobierno, lo que podía suponer una infracción muy grave. La intención de esa denuncia era conseguir la suspensión de Rubiales, en el punto de mira por el polémico beso a la futbolista Jenni Hermoso.
