El Gobierno disparó los contratos a dedo desde el 23-J: en 2023 hubo el triple que en 2022

El sector público estatal adjudicó en 2023 un total de 2.814 contratos a dedo. El valor de estos superó los 6.000 millones de euros, lo que supone tres veces más que el importe que se registró en todo 2022. Según los datos a los que ha accedido THE OBJECTIVE, procedentes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescom), solo en el último trimestre de 2023, los ministerios y organismos estatales repartieron 4.450 millones a través del procedimiento negociado sin publicidad.

Casi el 80% de estas adjudicaciones tuvo lugar tras las elecciones generales, autonómicas y locales del 23-J, durante los dos últimos trimestres del año. La mayoría de estas compras directas procedieron del Ministerio de Defensa. La adquisición de material militar por parte del departamento que dirige Margarita Robles es protagonista en el procedimiento negociado sin publicidad. Airbus, Navantia, Santa Bárbara, Escribano o Indra tienen un importante peso en este tipo de contratos.

La falta de competencia hace fácil el cuestionamiento de este método, muy criticado sobre todo desde las medianas y pequeñas empresas. Mientras, las adjudicaciones millonarias en pandemia, que presentaron numerosas irregularidades tras elegir a dedo a empresas sin experiencia, también han puesto bajo lupa el uso excesivo del procedimiento.

Contratos a dedo

El sector público estatal es, sin duda, el área que más abusa de este tipo de contratación. Los organismos dependientes de las comunidades autónomas adjudicaron hasta 3.668 millones a dedo durante el año pasado. Por su parte, los ayuntamientos y sus entidades vinculadas repartieron 918 millones.

El contrato negociado sin publicidad es un procedimiento en el que permite omitir el periodo de publicidad e invitar directamente a los futuros adjudicatarios para establecer las condiciones de contratación a realizar. Al tratarse de un procedimiento negociado, se realiza un proceso de diálogo entre las partes para concretar sus condiciones. La competencia abierta no es posible.

Junto a esto, el detalle de la estadística Oirescom muestra una caída de empresas aspirantes en el resto de los procedimientos contractuales. El número de compañías ha pasado de una media de cuatro empresas en 2021 a menos de tres en 2023. En el último trimestre del pasado año se sitúo en 2,98.

Menos transparencia

Las Administraciones públicas cada vez pagan más caro los contratos públicos que licitan para solventar sus necesidades, tanto de suministros como de servicios y de obras. La falta de competencia a la hora de optar a los pliegos hace que el precio final que se abone no se diferencie mucho del total previsto. Las grandes compañías, con más márgenes, son las beneficiadas.

Mientras, hasta un 10% de las licitaciones quedan desiertas ante el desinterés de las empresas. Los datos recogidos muestran que en los procedimientos sin publicidad, en el que se invitan directamente a los operadores económicos para establecer las condiciones de contratación, la concurrencia se reduce al 1,26. En este contexto de caída de los aspirantes a contratos el Precio de Adquisición (PA) es cada vez más parecido al Presupuesto Base de Licitación (PLB).

Se disparan las licitaciones

El importe de licitaciones registrado en las plataformas de contratación durante el cuarto trimestre de 2023 fue de 32.923 millones de euros. Esto supone un aumento del 13,22% en comparación con el mismo periodo de 2022 y un ligero repunte con respecto al cuarto trimestre de 2021. El nivel de licitación en los últimos tres meses del ejercicio pasado es el más alto de la serie.

Según destaca Oierescom, el aumento experimentado en el cuarto trimestre de 2023 frente al mismo período del año anterior, viene determinado principalmente por el importante incremento en las licitaciones registradas por el sector público estatal -23,68%- y por el sector público local -20,21%-. Mientras, el sector público autonómico disminuye ligeramente su volumen licitado -0,50%-. Pese a todo, este último sector público mantiene el mayor peso anual de licitaciones, como viene sucediendo desde 2020.

En los tres últimos meses de 2023, se registró un importe de 24.025 millones, lo que significó un alza del 6,78% respecto al mismo período de 2022. Este era, hasta ahora, el dato más alto de la serie en adjudicaciones.