El 'fiasco' de la macro cárcel de Soria: módulos vacíos, poco personal y 100 millones invertidos

Cuando se van a cumplir casi tres años desde la puesta en marcha del nuevo centro penitenciario de Soria, la prisión, cuya construcción concluyó en 2014, todavía sigue lejos de alcanzar su máximo potencial. Actualmente, la ocupación es del 20,8% con unos 285 presos, cuando está preparada para albergar a 1.300, según advierten fuentes penitenciarias y señaló el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el día de su inauguración, en junio de 2021. El principal problema, no obstante, es que la cárcel sufre un gran déficit de personal, lo que ha desencadenado que prácticamente la mitad de los módulos y departamentos del centro estén en desuso o, simplemente, nunca hayan llegado a utilizarse, señalan las mismas fuentes.

Pensada para ser una macro prisión «enfocada a la reinserción», tal como se explicó desde el Gobierno tras una inversión de 100 millones de euros, hoy, más bien, es una suerte de edificio fantasma teniendo en cuenta la plantilla, el número de reclusos y la decadencia que afrontan muchas de las zonas que alberga al no haber estado nunca en funcionamiento. El centro cuenta con ocho módulos, conocidos como de «vida ordinaria», otros tres polivalentes, zona de aislamiento, ingresos y enfermería. De todos ellos (15), solo están operativos seis, menos de la mitad. En cuanto a la plantilla, sólo en los módulos abiertos hay un déficit de más de 50 funcionarios, según datos de la dirección de la cárcel soriana.

En los departamentos que no requieren vigilancia la situación es similar. En las oficinas, el área mixta, mantenimiento y la zona de alimentación los puestos vacantes se están cubriendo con funcionarios en segunda actividad. No hay técnicos jurídicos ni psicólogos, tampoco médicos, por lo que los traslados de la Guardia Civil, que en realidad debe ocuparse de la vigilancia exterior de la prisión, al hospital soriano son continuos. «Por tener, no tenemos ni mandaderos, las figuras que se encargan de hacer las compras a los presos en las tiendas concertadas. Parece una tontería, pero son esenciales para que no haya problemas con los presos. Ahora, lo hace un funcionario voluntariamente», critican fuentes sindicales. 

Informe del Defensor del Pueblo

«Actualmente, somos unos 200 trabajadores, cuando deberíamos ser casi 400. El problema es que ya estamos justos para cubrir lo que hay. Nos están apretando en las vacaciones para que no se acumulen demasiadas entre los compañeros. Aun así, no podemos hablar mal de la dirección del centro. Ellos hacen lo que pueden, el problema viene de arriba…», cuenta un funcionario. Las dificultades que atraviesa el recién estrenado centro penitenciario de Soria, en cualquier caso, no han sido inadvertidas. En su último informe anual, el Defensor del Pueblo pone de relieve todas las deficiencias de la prisión y lanza varios avisos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Según reza el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, «la mayoría de las instalaciones se encontraban prácticamente inoperativas en el momento de la visita —en marzo de 2023—, debido a la falta de personal en todas las áreas». A pesar de que cuenta, prosigue el departamento dirigido por Ángel Gabilondo, «con ocho módulos residenciales y tres polivalentes, únicamente estaban abiertos dos de carácter residencial (M.7 y M.8), el departamento de ingreso y la enfermería». Además, critica que «el hecho de que las instalaciones lleven tiempo construidas pero sin uso obliga a hacer obras de acondicionamiento».

Como prueba de ello, en la fecha en que distintos funcionarios acudieron a inspeccionar los servicios de la prisión «se estaban realizando en los módulos 5 y 6, al estar prevista su apertura con la llegada de más personal y, en consecuencia, un aumento de la población penitenciaria, que en el momento de la visita era de 179 internos». Cabe destacar que la prisión está construida desde el año 2014, pero hasta siete años después no se pudo poner en funcionamiento, por lo que la necesidad de reformar muchas instalaciones crece cada día, advierten fuentes penitenciarias. Lo que impide que vengan también mas presos. «Es la pescadilla que se muerde la cola», insisten.  

Falta de personal

Con todo, señala el Defensor del Pueblo, el «principal inconveniente» del centro y «del que se derivan el resto de problemas es la audiencia de personal suficiente en la mayoría de las áreas» es la falta de personal en todas las áreas. El déficit en la cobertura de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «limita la apertura de sus instalaciones y, por ende, que las personas internas se beneficien de instalaciones más modernas, seguras y respetuosas con los derechos humanos».

El déficit, además, explica este organismo, «incide directamente en la sobrecarga y malestar del personal, que puede desencadenar un ejercicio indebido de los deberes de custodia en detrimento de los derechos de las personas privadas de libertad y, desde luego, dificulta alcanzar el principal fin de reeducación y reinserción social». Por otro lado, también repercute negativamente en la correcta gestión y funcionamiento de un centro penitenciario. Prueba de ello es que «la falta de personal también ha derivado un déficit en los registros regimentales del centro penitenciario», según acredita el área de Gabilondo en el informe. 

Opositores en prácticas

A este escenario se suma «que las necesidades de personal se están cubriendo a través de personal no estable —es decir, que cambia de destino cada poco tiempo—». «Si bien parece que soluciona el problema a corto plazo, no se trata de una solución eficaz puesto que la práctica de otros CP como Albolote o las Palmas evidencia que la inestabilidad del personal de un centro conlleva un cambio continuo en la dinámica del centro que repercute negativamente en el resto del personal y en las personas internas, generando mayores situaciones de tensión y las posibilidades de que se produzcan incidentes regimentales». 

Ante esta denuncia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias respondió al organismo de Ángel Gabilondo que se había realizado un proceso para cubrir plazas en la prisión de Soria en octubre de 2023, en el que se había conseguido cubrir un 58% de lo ofertado. De este modo, señalaban desde Prisiones, en el área de tratamiento, el incremento de personal «ha permitido aumentar el número y la variedad de actividades». «La cobertura de plazas es en general del 80%, a excepción del área sanitaria», apuntan. Un extremo que el Defensor del Pueblo está en trámites de verificar en su evaluación.

Distintos funcionarios de la prisión con los que ha hablado este periódico, sin embargo, difieren de la versión de Instituciones Penitenciarias. Si bien hubo un concurso de vacantes, explican, «más de 30 no se cubrieron» y las que están ocupadas ahora «son de funcionarios en prácticas, es decir, que no cuentan en la RRT». Y es más, todavía no están en el centro penitenciario: «No llegarán hasta julio a trabajar porque antes tienen que pasar por el centro de formación en Cuenca. En cualquier caso, tampoco se pueden contar como trabajadores experimentados, porque necesitan que estemos con ellos. Así que el problema sigue siendo el mismo», denuncian.